INTRUSISMO IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

CONTRATÓ PERSONAL NO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EN LA FERIA

 

La Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada “condena la decisión tomada por el Consistorio de Jerez con relación al tema de ‘acompañamiento’ a mujeres desde la Feria a sus casas o vehículos”.

 

El colectivo considera que este servicio “en sí es una gran iniciativa, y así lo ha vendido el Ayuntamiento”, pero su desarrollo “ha sido nefasto, ya que se han vulnerado leyes, como la Ley de Seguridad Privada 5/2014 y el reglamento de seguridad privada”.

 

“Se ha permitido al Ayuntamiento disponer de personal no cualificado, ni habilitado para este menester”, subraya la Asociación.

 

El colectivo desgrana que en la ley 5/2014 de Seguridad Privada, “en su artículo 2 apartado 8 se dice textualmente que el personal de seguridad privada son aquellas personas físicas que habiendo obtenido la correspondiente habilitación desarrollan funciones de seguridad privada”.

 

La asociación continua detallando otro de los artículos y añade que “una de las funciones será el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas”.

 

“Nuestras mujeres han estado acompañadas por personas que aún estando identificadas, no tenían habilitación ni preparación para este menester, siendo partícipe de esta irregularidad el propio Ayuntamiento”, subraya el colectivo en una nota de prensa.

 

“Esperamos que Seguridad Privada tome nota y no permita que se practique el intrusismo delante de sus narices. La diferencia es que un vigilante de seguridad posee los conocimientos, la aptitud y la habilitación que le otorga Interior para ejercer esas funciones y el Ayuntamiento ha pasado por encima de todo para vender seguridad”.

 

Fuente: Diario de Jerez

UGT Y CCOO INTENTAN EVITAR EL JUICIO CONTRA RENFE Y LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD POR EL ASUNTO DE LOS CHALECOS ANTICORTE

FIRMAN UN ACTA EN FAVOR DE RENFE Y EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES

El Juicio ha sido señalado con motivo de la demanda de Alternativa Sindical  por las reiteradas agresiones sufridas por el personal de seguridad en esas instalaciones, en la que se exige que se dote al personal de seguridad privada de chalecos y guantes  anticorte entre otras medidas de seguridad preventivas.

Pese a ello y como ya intentaron en Metro de Madrid, los "sindicatos de las patronales" han firmado un acta donde acuerdan que estos chalecos se doten “ cuando la Autoridad determine “, es decir, que quede a criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Se da la circunstancia de que Seguridad Privada ya se ha pronunciado al respecto emitiendo un informe  en el que se exime de esa potestad por no tener  competencia en materia preventiva, algo que estos sindicatos desconocen o parecen no tener  muy claro.

Como viene siendo habitual, UGT y CCOO vuelven a posicionarse en contra de los trabajadores, en este caso de RENFE, como ya lo hicieron contra los vigilantes de Metro de Madrid, intentando evitar, ellos sabrán a cambio de que, que las empresas y RENFE tengan que desembolsar dinero en la compra de dotación de seguridad.

El Juicio, pese a ello, se celebrará ante la Sala de La Audiencia Nacional el próximo día 28 de mayo, ya que el intento de evitarlo poco efecto tendrá a tenor de la resolución de la propia Unidad Central de Seguridad Privada.

Ver / Descargar acta UGT-CCOO

Fuente: Alternativa Sindical  

Fuente

RECONOCIDO COMO ACCIDENTE LABORAL LA ANSIEDAD POR ACOSO EN EL TRABAJO

Reconocen accidente laboral a un vigilante  tras la ansiedad sufrida por el acoso de su superior

 

El Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián ha reconocido que la ansiedad sufrida por un vigilante de seguridad y que llevó a que el trabajador tuviese que ser dado de baja entre mayo y julio de 2018, se debió a la conflictividad laboral y el acoso por parte de un superior y que, por tanto, se trata de un accidente laboral.

 

El fallo del juzgado "reconoce que el periodo de baja por

ansiedad que el vigilante de seguridad J.L.C.R. sufrió entre mayo y julio de 2018 se deriva de accidente de trabajo".

 

El denunciante desempeña sus tareas como vigilante de seguridad en la empresa Sureste Seguridad SL y según los agentes sociales el informe realizado por la propia empresa "concluye que había existido una actitud abusiva y hostil por parte del jefe de equipo hacia el trabajador, por lo que la sentencia considera este extremo como un hecho probado".

 

La sentencia tumbas las posturas,tanto de la propia Seguridad Social como de Mutua Universal, que habían optado por no reconocer el origen profesional de la dolencia del trabajador, intentando ocultar el accidente de trabajo".

 

La conflictividad laboral y el acoso, los desencadenantes

 

La sentencia, no obstante, reconoce este origen profesional argumentando que "el trastorno de ansiedad puede tener múltiples causas, pero que la inmediatez temporal entre el conflicto y la asistencia sanitaria, así como la inexistencia de antecedentes psiquiátricos, demuestran que la conflictividad laboral y la situación de acoso fue el único desencadenante".

 

Como  ya hemos apuntado,el fallo judicial "derriba los argumentos de Seguridad Social y Mutua Universal, y por tanto  se  incrementa la prestación que tendrá que pagarle esta mutua al trabajador".

 

Los agentes sociales califican de "deplorable la actuación de Mutua Universal, que derivó al trabajador al sistema público de salud para ocultar el origen profesional de la patología, aun habiendo referido el trabajador que había sufrido un empujón y una agresión verbal".

 

Finalmente, ha considerado "necesario" que las empresas de seguridad privada "tienen que incrementar los controles, el seguimiento y las evaluaciones de riesgos psicosociales debido a la propia especificidad del sector, que incluye factores de riesgo como trabajo a turnos, frecuente cambio de cuadrantes y posibilidad de sufrir agresiones".

 

Fuente: Telecinco.es

 

LAS AGRESIONES A LOS VIGILANTES DE RENFE, A JUICIO EL 28 DE MAYO

 Renfe y Garda Seguridad ante la Audiencia Nacional por las agresiones  a Vigilantes en las instalaciones ferroviarias

La Audiencia Nacional ha aceptado la demanda  del sindicato Alternativa Sindical y cita a las partes a comparecer el 28 de mayo.

 

Los episodios violentos se han multiplicado en el último año hasta hacerlos ya "innumerables".

 

Alternativa Sindical asegura que "los vigilantes de Renfe están hartos de sufrir agresiones" y critica que "se les ha despojado de las herramientas de defensa o intimidación, como ocurrió con el revólver hace tres años, para labores de control de acceso".

 

Alternativa Sindical exige, entre otras medidas, "la adopción de chalecos y guantes anticorte en las infraestructuras ferroviarias para el personal de seguridad en España" y reclama que las dotaciones de los equipos esté regulada por ley y no dependa de las empresas, y acusa directamente a "pasajeros, bandas latinas y grafiteros" de las agresiones.

 

Inicialmente, la fecha era el 7 de este mes, pero ha sido modificada por agenda de los letrados intervinientes.

 

 

Fuente: CatalunyaPress

 

MANIFIESTO DE APOYO Y DIGNIFICACION A LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

Protegidos Radio y Alternativa Sindical por la significación del Sector

 

Manifiesto por la dignificación de la Seguridad Privada en España como garante de la seguridad y protección de los ciudadanos y sus bienes, impulsado por  el programa Protegidos Radio de Radio Intereconomía y Alternativa Sindical.

 

Solicitamos:

Al Gobierno, a la Sociedad y a los responsables Institucionales:

1.- Que se considere a los miembros de la seguridad privada agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

2.- Que se aplique el Art 550 del Código Penal para los que cometan agresiones hacia cualquier miembro de la seguridad privada en el ejercicio de sus funciones Art 550 del código Penal.

• Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

3. Se dote a los miembros de la seguridad privada que ejerzan su trabajo en lugares de alto riesgo de atentado o agresión, de los equipos de protección laboral necesarios para salvaguardar su integridad física. (Chalecos, guantes anti-corte y anti-punzonamiento, etc.

4. Se dote de mayor formación a los miembros de la seguridad privada atendiendo a los criterios de riesgo en función del puesto que ocupen. Sobre todo en materia de prevención de agresiones y atentado. Promoviendo la formación profesional y los grados universitarios. 

5. Dotar a las Fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado de la capacitación de inspección y de sanción en materia Intrusismo en todo el territorio Nacional.

 

6. Impulsar en los medios de comunicación los servicios y prestaciones que la seguridad privada viene dando a la sociedad para alcanzar mayores niveles de bienestar y tranquilidad. 

 

7. Impulsar el reconocimiento y respeto en la sociedad para con los profesionales de la Seguridad Privada en España y sus empresas.

Ver / Descargar Manifiesto Integro 

Fuente: Alternativa Sindical

 

 

 

 

EMPRESA CONDENADA A PAGAR LAS COMISIONES BANCARIAS POR RETRASOS EN LAS NOMINAS

RELACION CAUSA-EFECTO ENTRE LOS RETRASOS EN NOMINA Y LAS COMISIONES BANCARIAS POR DESCUBIERTO

 

El Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha condenado a una empresa de seguridad privada a abonar las comisiones por descubiertos bancarios de un vigilante de seguridad que sufría retrasos continuados en el cobro de sus nóminas.

 

El caso, que ya cuenta con sentencia firme, fue promovido  a instancias de un trabajador contra una empresa de seguridad privada que reiteradamente incumplía los plazos establecidos en el convenio colectivo para el abono de la nómina.

 

Según el Convenio Colectivo estatal de empresas de seguridad, de aplicación en este caso, “el pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes. No obstante, los complementos variables establecidos en el convenio colectivo se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se haya devengado, y su promedio en vacaciones se abonará en la nómina del mes siguiente al que se disfrute”.

 

Al trabajador en cuestión no le pagaron en tiempo y forma las nóminas de agosto, octubre y noviembre de 2017 y el impago de estos tres salarios derivó en el abono de seis comisiones bancarias por descubiertos.

 

El juez ha estimado que hay una relación de causa-efecto entre el retraso en el abono de la nómina y el daño que le supone al trabajador el pago de las comisiones por descubierto, ya que de haberse abonado las nóminas en el plazo establecido en el convenio colectivo, tales descubiertos y comisiones no hubieran existido.

 

La empresa de seguridad privada condenada es la responsable de la vigilancia de diferentes centros e instituciones públicas de competencia estatal.

 

Fuente: El diario de Cantabria

 

 

GRAFITERA AGREDE A UN VIGILANTE ALEGANDO QUE DEBERIA HACER LA VISTA GORDA POR SER MUJER

"Eres un pedazo de mierda, Soy una mujer y podrías hacer la puta vista gorda"

 

Una mujer agredió e insultó a un vigilante del metro tras ser pillada infraganti pintando un grafiti en la estación de La Pau de la Línea 4 en Barcelona. 

 

En el vídeo colgado en las redes sociales, entre otros usuarios por @FuerzasDelOrden, se puede ver a la mujer gritando en todo momento al vigilante, que le repite que no le toque y le pide que le entregue la documentación.

 

El vigilante de seguridad,que mantiene la calma en todo momento, pide a la mujer que se siente y esta reacciona insultándole: "Eres un pedazo de mierda, Soy una mujer y podrías hacer la puta vista gorda".

Seguidamente, la mujer empuja al vigilante con fuerza, ante la presencia de varios usuarios y una trabajadora del metro.

 

 

El incidente coincidió con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

 

Fuente: Metrópoli abierta.com

 

LOS VIGILANTES PODRÍAN COBRAR UN 75% MÁS EN EL TRABAJO EXTRAORDINARIO

SENTENCIA HISTÓRICA DEL TS SOBRE LAS RETRIBUCIONES POR TRABAJO EXTRAORDINARIO 

 

Consecuencias de la reciente sentencia del Supremo que anula parte del convenio de seguridad privada. Sentencia que puede suponer muy buenas noticias para los 90.000 trabajadores del sector, incluso con efectos retroactivos.

 

En concreto, el Tribunal Supremo (TS) ha dejado sin validez varios artículos de convenio colectivo de la seguridad privada vigente durante 2015 y 2016. La consecuencia es que las empresas deben pagar el 75% de recargo por el trabajo extra, es decir, por las horas  en días festivos, de descanso o de vacaciones.

 

Así, si un vigilante cobra, por ejemplo, 10 euros la hora normalmente, cuando trabaje en esas circunstancias  debería cobrar 17,5 euros/hora. Así lo fija el Estatuto de los Trabajadores y, según la sentencia, el acuerdo que firmaron en su día algunos sindicatos con la patronal no es válido porque vulnera esa norma de rango superior.

EFECTOS PRÁCTICOS

 

¿Qué consecuencias tiene a efectos prácticos la sentencia? Actualmente, los vigilantes de seguridad pueden presentar ya ante sus empresas reclamaciones de cantidades, aunque puedan quedar en suspenso a la espera que se concrete la necesaria modificación del convenio vigente. 

Solo se pueden reclamar cantidades no cobradas de los anteriores 12 meses, por lo que cada día que pase algunos trabajadores que no reclamen y tengan derecho podrían estar renunciando a algo que legalmente les corresponde.

 

Dependiendo del caso, a otros vigilantes les podría convenir esperar a final de año para contar cuantas horas a mayores hicieron sobre las fijadas en el convenio -que estipula un descanso mínimo de 96 días- y a partir de ahí reclamar que se las paguen con un recargo del 75%.

Existe la posibilidad de que los vigilantes puedan tener derecho a cobrar ese 75% más durante las horas que hicieron a mayores durante la vigencia del convenio tumbado, que era de entre el verano de 2015 y el de 2016. Pero aun debe actuarse con prudencia sobre este supuesto hasta que se realice un estudio pormenorizado de la sentencia que permita determinar si efectivamente, los vigilantes pueden tener derecho a la subida en el período 2015-2016.

¿QUÉ PASARÁ CON EL ACTUAL CONVENIO?

 

El convenio vigente hoy en Seguridad Privada es más reciente. Sin embargo, el texto del 2015 anulado por la sentencia del TS ahora forma parte del convenio actual, por lo que en teoría debería ser modificado.

El Sindicato denunciante (CIG) manifiesta quedar a la espera de ver como responden  los entes que firmaron el convenio (Patronal y Sindicatos) y si en el plazo razonable no se constituye una mesa negociadora al respecto, instará su convocatoria" con el objetivo de incorporar esa subida del 75% al convenio vigente. 

Fuente: Galicia press

CRÍTICAS AL BORRADOR DEL REGLAMENTO SE SEGURIDAD PRIVADA

EL OBSERVATORIO SECTORIAL DE SEGURIDAD CRITICA TANTO SU ELABORACIÓN COMO SU CONTENIDO

Califican como “inaceptable” que los agentes sociales y empresariales del sector “no hayan sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su difusión, teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa”.

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento, Cobas puso el énfasis en el peligro que tienen algunas de las medidas del Reglamento al “promocionar un “servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad”, condición imprescindible para que las empresas de seguridad privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública que ha llevado a España a ser un modelo para otros países.

Uno de los puntos de mayor gravedad del texto presentado “repentinamente” por el Ministerio del Interior según el Observatorio es el tratamiento de la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo.

Según el borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad. Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario que supone una “práctica completa desregulación del sector con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el resto de la propuesta”.

En palabras de Diego Giráldez, secretario de FeSMC-UGT, “estas medidas suponen que el 95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad privada con excelentes ratios de calidad, serán prestadas por empresas y personas ajenas a la seguridad”.

Esta situación, apuntan desde el Observatorio, provocaría una casi total destrucción de empleo en el sector y contribuiría significativamente a un incremento de los niveles de fraude, ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización, según afirman, convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas, con previsibles consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.

Una segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad.

El borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.

Sin embargo, tal como señaló Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que estos supuestos deben generalizarse, dada la exposición a riesgos a los que los profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus servicios.

Igualmente, Montoya incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.

En esta línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión, el sector pone énfasis en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector, para el cual tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.

Consideran que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos, se debería haber contado con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el acceso.

Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO, “no es razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.

Otras demandas del Observatorio sobre el Reglamento de Seguridad Privada afectan al sector de vigilancia y que reducen notablemente la calidad del servicio. Entre estas reivindicaciones está la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas.

Todo ello disminuye la calidad existente y se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.

Según el Observatorio, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la regulación sobre la vigilancia discontinua.

Según el Observatorio, con la nueva normativa se generan riesgos para los trabajadores y los servicios se hacen ineficaces.

Por último, los portavoces han destacado que el borrador genera un desequilibrio entre la decisión de contratación por el cliente y la responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada que quiebra las políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.

Fuente: Cuadernos de seguridad.com

NACE LA COMISION MIXTA REGIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA EN ANDALUCIA

OBJETIVOS DE COORDINACION CON EL SECTOR Y LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL

 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido este jueves en Sevilla la constitución de la nueva Comisión Mixta Regional de Seguridad Privada, un sector que emplea a casi 18.000 agentes en la comunidad, de los que 17.500 son vigilantes de seguridad, y que constituye "una pieza fundamental en el entramado de la seguridad en España, siempre bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en estrecha colaboración con las mismas", en palabras del delegado.

 

La Comisión Mixta está integrada por representantes de las subdelegaciones del Gobierno, responsables de las diferentes áreas de inspección y control de la Administración del Estado, mandos policiales, asociaciones representativas del sector,sindicatos, empresas y organismos usuarios de los servicios, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía.

 

La finalidad de este nuevo órgano es homogeneizar los procedimientos de las diferentes comisiones provinciales de seguridad que ya funcionan en las ocho subdelegaciones del Gobierno y perfeccionar los mecanismos de coordinación a todos los niveles.

 

En la reunión de hoy han participado, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil Toresano, el responsable de las Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Sevilla, Domingo Cabrera, que ha actuado en calidad de secretario de la nueva Comisión, y representantes de todos los sectores citados con anterioridad, hasta un total de 25 asistentes.

 

Sanz ha destacado la creciente contribución del sector de la seguridad privada a la tarea de "garantizar la libertad de los ciudadanos y proteger sus derechos". Por ello,  uno de los objetivos de la nueva Comisión Mixta es erradicar el intrusismo profesional entre vigilantes de seguridad y detectives privados y combatir el fraude en los centros de formación, de forma que quede garantizado que unos y otros prestan su servicio en óptimas condiciones.

 

La Comisión nace en el marco de la Ley de Seguridad Privada, que contiene medidas rigurosas para mejorar la coordinación entre las empresas de seguridad privada y el sector público" y que, en opinión del delegado del Gobierno en Andalucía, ha contribuido a "afianzar un sector fundamental en el entramado de la seguridad, en línea con la legislación de las sociedades europeas más avanzadas".

 

UN SECTOR EN EXPANSIÓN

 

En Andalucía existen en la actualidad 219 sedes de empresas de seguridad privada, además de un total de 130 delegaciones de empresas con sedes en otras zonas.

 

El sector emplea en la actualidad en las ocho provincias a casi 18.000 agentes, entre los que se incluyen 17.502 vigilantes de seguridad; 113 vigilantes de explosivos; 130 detectives privados; 64 directores de seguridad; 55 jefes de seguridad y 38 escoltas privados.

 

Por lo que respecta a la preparación de los agentes, la Comunidad Autónoma cuenta con 259 centros formativos.

Todos ellos trabajan en estrecha coordinación y bajo la supervisión de la Policía Nacional, que cuenta con un Plan Integral de Colaboración con el sector denominado 'Proyecto Red Azul' cuyo objetivo es alcanzar un modelo profesional de colaboración y complementariedad que conlleve una "alianza de responsabilidades" entre la seguridad privada y la Policía Nacional.

 

La Guardia Civil trabaja también para afianzar el marco de colaboración con el sector mediante el Programa Coopera, al que se incorporan las entidades de Seguridad privada que actúan en su ámbito de competencias.

 

Fuente: La Vanguardia

ACUERDO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIA ESTATAL

CENTRA LA ATENCION EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE: ADIF,AENA Y RENFE

 

La comisión Técnica del Grupo esta formada por representantes sindicales, de las organizaciones empresariales mas representativas y de los Ministerios de Fomento,Seguridad Social e Interior.

El acuerdo alcanzado recoge la suma importancia de este tipo de infraestructuras, la salvaguarda a tener en cuenta en la calidad de los servicios de seguridad contratados en base a aptitudes técnico-profesionales y garantias sociales para los trabajadores.

Entre otros, se exige a las empresas de seguridad concesionarias de los servicios: el obligado cumplimiento del convenio colectivo sectorial, garantía de pago de nominas,solvencia acreditada,no tener deudas con el fisco y la seguridad social,etc...

En otra linea, se exige a los ministerios contratantes que los presupuestos de licitación sean lo suficientemente amplios para dar cabida al coste real del servicio y al margen empresarial, así como puntuar en mayor medida los aspectos técnicos y fijar formulas de exclusión ofertas temerarias.

El acuerdo se centra especialmente en las infraestructuras del transporte dependientes del Ministerio de Fomento (ADIF,AENA,RENFE), pero bien podría ser una referencia en el futuro para el resto de administraciones publicas.

De momento, en cuanto a la parte económica, solo se observan pluses previstos para el personal de seguridad privada que presta servicio en aeropuertos.

Ver / Descargar Acuerdo (Pdf)

EL MISMO PERRO CON DISTINTO COLLAR

 

 SE VA SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA Y LLEGA TDMS

Todavia reciente la noticia del cese en la actividad de Seguridad Integral Canaria y resulta que Miguel Angel Rodriguez ya abandera desde finales del año pasado otra empresa dedicada a la Seguridad Privada 

Segun datos publicos del Boletin Oficial de la Proiedad Industrial de las Palmas, la solicitud de registro de la empresa TDMS fue cursada por su titular en fecha 28-11-2016.

 

LOS PLANES DE OMBUDS PARA COMPRAR EMPRESAS

TAMBIEN, NEGOCIACIONES EN MARCHA PARA FORMAR PARTE DE APROSER

Fuentes del mercado atribuyen negociaciones para comprar Prosetecnisa que la empresa afectada niega, aunque sí que hubo acercamientos el año pasado. También negocia para comprar una empresa portuguesa mientras ha solicitado entrar en la patronal de las grandes empresas de seguridad Aproser.

Ombuds es la compañía de la que todos hablan en el sector de la seguridad privada. Caída en desgracia Segur Ibérica y con el liderazgo de Prosegur muy asentado, esta compañía presidida por Rodrigo Cortina y con participación del fondo de inversión JZI ha comunicado este mes de agosto en el registro mercantil una ampliación de capital de 3 millones de euros hasta los 15.

Este aumento de capital se produce en un momento en el que la compañía está tanteando diversas opciones para seguir ampliando cuota de mercado e importancia dentro del sector, una estrategia para la que tienen liquidez tras firmar un crédito factoring sindicado de 60 millones de euros.

Fuentes del mercado confirman los rumores de que la compañía podría encontrarse en conversaciones para comprar Prosetecnisa, una compañía con 37 millones de euros de facturación y contratos de importancia.

Puestos en contacto con Prosetecnisa, su dirección niega categóricamente que haya ningún tipo de negociación con Ombuds ni que la vaya a haber. El año pasado hubo algunos acercamientos entre ambas compañías que no fueron a más.

Según aseguran fuentes del sector, el presidente de Ombuds, Rodrigo Cortina, tiene en estos momentos la idea de crecer vía adquisiciones

Con la adquisición de Casesa hace ahora casi dos años y que está todavía pendiente de cerrarse al completo, la compañía dio un salto de gigante para hacerse más relevante en el sector. 

En el sector se asegura que las propias condiciones de Cortina, que tendría un contrato en el que cobraría más cuanto más facturara Ombuds, influyen en esta intención de crecer.Diversos intentos de contacto con Ombuds,vía telefónica y por e-mail para contrastar este punto, no han tenido respuesta.

Por su parte, fuentes sindicales del sector seguridad aseguran que "si se siguen cogiendo contratas a bajo coste llegará un momento en que podríamos encontrarnos con una situación como Segur Ibérica".

Entrando en la patronal

Por otra parte, la compañía se encuentra en negociaciones para entrar en Aproser, la patronal de grandes empresas de seguridad privada que en la actualidad. 

Esta asociación, donde están las grandes como Prosegur, Eulen,Ilunion, Securitas o Loomis, exige a sus asociados un punto ante todo: el cumplimiento del convenio colectivo sectorial en lugar de redactar convenios de empresa que estén por debajo, tal y como han hecho otras compañías llamadas 'low cost', como Marsegur o Sinergias de Seguridad, a las que los sindicatos vinculan con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria.

El motivo de esta exigencia es sobre todo evitar que la bajada suicida de precios en los contratos acabara lastrando a la rentabilidad de los grupos de seguridad, como efectivamente ha estado ocurriendo. Ombuds se encuentra en disposición de cumplir esta exigencia desde su nuevo posicionamiento como empresa 'grande'.

Por su parte, Aproser  ha rechazado confirmar si Ombuds ha hecho su petición para entrar en la patronal, pero sí han aclarado que esta petición puede tardar un tiempo en tener luz verde: "Tenemos unas exigencias de calidad y para entrar en la asociación hay que cumplir una serie de requisitos que pueden tardar un tiempo en comprobarse y hay que pasar las auditorías que necesitan las empresas para cumplir con los parámetros".

Fuente: Vozpopuli

EL SUPREMO DECLARA NULO EL DESCUELGUE DEL CONVENIO DE SEGURIDAD INTREGRAL CANARIA ENTRE 2012 Y 2014

 EL IMPERIO DEL LLAMADO "REY DE LA SEGURIDAD" SE DESMORONA

 

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo el acuerdo al que llegó Seguridad Integral Canaria con parte de su plantilla para apartarse del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en España y reducir las retribuciones de todos sus trabajadores desde 2012 hasta 2014. Un convenio que fue aplicado por la empresa durante diez meses.

El Supremo confirma así la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló ese descuelgue del convenio por haberse firmado con un comité sin capacidad para representar al conjunto de los trabajadores y sin abrir una verdadera negociación con la plantilla.

Perteneciente al grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria es responsable de la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el Archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional.

En 2012, la compañía informó a los sindicatos de que su facturación estaba sufriendo una merma del 13% debido a las negociaciones a la baja que estaban realizado las administraciones públicas y a los impagos que sufría por parte de varios clientes.

Como consecuencia de ello, les propuso dejar de aplicar a sus vigilantes el convenio colectivo nacional de la seguridad privada y reducir sus retribuciones por varias vías.

Finalmente, llegó a un acuerdo con uno de los comités de la provincia de Las Palmas para mantener la plantilla, pero a cambio eliminar los pluses de nocturnidad, festivos, Nochebuena, fin de año e incapacidad laboral y elevar la jornada a 184 horas mensuales.

Además, la empresa transformó el 17% del sueldo fijo de sus empleados en un complemento de productividad que sólo cobrarían si trabajaban las 184 horas fijadas cada mes, de modo que el salario base de sus vigilantes pasaba a ser de 726 euros mensuales.

Ese descuelgue del convenio era aplicable a toda la plantilla de la provincia de Las Palmas y a los empleados de los centros de trabajo de otros lugares de España que no tuvieran representantes laborales (delegados de personal o comité de empresa propio).

En su recurso ante el Supremo, Seguridad Integral Canaria defendía que la situación económica de la empresa justificaba legalmente las medidas que tomó para apartarse del convenio colectivo y reducir sus costes laborales.

Sin embargo, la Sala le recuerda que el TSJC no entró a valorar tales motivos, sino que declaró nulo el acuerdo por no ajustarse a las exigencias legales de negociación con la plantilla, como habían denunciado USO, UGT, Intersindical y Alternativa Sindical.

El Supremo recuerda que el TSJC declaró probado que ese descuelgue del convenio sólo se negoció con un comité que no podía representar a la totalidad de la plantilla y, dentro de ese comité, sólo con los delegados de una candidatura independiente de trabajadores, dejando al margen al vocal de CCOO.

También subraya que, a juicio del TSJC, "no existió un verdadero período de consultas, sino una mera apariencia de negociación, sin contenido real". Para el Alto Tribunal, esa conclusión no es "una mera apreciación subjetiva", sino el resultado de las pruebas practicadas durante este litigio entre Seguridad Integral Canaria y los sindicatos.

Alternativa Sindical estima en seis millones el impacto del fallo

Los 2.000 trabajadores de Seguridad Integral Canaria en la provincia de Las Palmas podrán recuperar más de seis millones de euros de retribuciones que dejaron de percibir entre 2012 y 2014, tras descolgarse la empresa del convenio nacional por un acuerdo que ha anulado el Tribunal Supremo, según Alternativa Sindical.

El coordinador delegado del Alternativa Sindical, trabajador y miembro del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria, Sergio Hernández, ha considerado "un gran logro" esta sentencia tras casi dos años "peleando por el descuelgue ilegal de esta empresa", como ha reconocido ahora la Sala de lo Social del Supremo.

Se trata de una "gran victoria" porque cada trabajador recuperará entre 300 y 400 euros que se le descontaban mensualmente en la nómina, al tiempo que "un gran logro por el gran miedo que existe hacia el empresario de esta empresa", ha afirmado Hernández.

El representante de Alternativa Sindical, que es el cuarto sindicato en importancia en el sector de seguridad en España, ha informado además de que están pendientes de que el Supremo dicte sentencia sobre el recurso presentado contra el convenio colectivo, aprobado en mayo del 2013.

Este convenio ha sido anulado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque fue suscrito, en lo que respecta a la parte de los trabajadores, en su mayoría por mandos intermedios y la propia empresa, ha indicado Hernández.

En caso de que el Supremo mantenga la tesis del tribunal canario, los trabajadores podrán recuperar una cantidad económica similar, ya que la empresa aprobó el citado convenio, que supone un nuevo descuelgue del nacional, en las mismas condiciones establecidas que en el acuerdo ahora anulado por el Supremo, asegura Hernández. 

Fuente: el diario.es

EL EFECTO DE "EL PRAT"

El Gobierno aceptó propuesta de los Sindicatos y creará mesa de trabajo y analisis

A principios de agosto, Sindicatos de trabajadores del Aeropuerto de Barcelona (el Prat), enviaron al gobierno una propuesta formal con sus condiciones, y ayer fue cuando el Gobierno evaluó positivamente los reclamos y aseguró que convocará “en unos días” a las organizaciones sindicales para constituir un grupo de trabajo que analizarán las nuevas condiciones laborales de la seguridad privada.

 

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado que la prioridad de esta mesa de trabajo es “acelerar el establecimiento de un marco global de ámbito nacional” en el sector de la seguridad privada y que “determine condiciones concretas”, evitando así que haya empresas que se “desmarquen” de los pactos sectoriales.

Este grupo de trabajo se viene a sumar a la mesa sectorial entre empresas y sindicatos del sector, según el ministro, para darle un valor agregado.

Convenio Colectivo para el sector

Uno de los Sindicatos en lanzar esta propuesta el miércoles, ha señalado que uno de los puntos a tratar con urgencia en ese grupo de trabajo es crear un Convenio Colectivo que “mejore las condiciones sociales y laborales actualmente existentes, así como un giro en la forma de contratar los servicios de seguridad por parte del Gobierno”.

El modelo de contratación de los servicios de seguridad que actualmente está vigente en el sector, no garantiza condiciones laborales de calidad de servicios públicos, y ha sido uno de los factores principales del origen de este problema.

De igual manera, los Sindicatos se muestran satisfechos con el giro que ha dado el Gobierno, pero será en las próximas reuniones donde realmente se verá la voluntad política de construir finalmente las condiciones laborales que tanto exige el sector de la seguridad privada.

Fuente:emprendeseguridad.com

METRO SUBIRÁ UN 8% EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y PODRÁ RESCINDIR CONTRATOS SI LAS EMPRESAS NO CUMPLEN CON SUS EMPLEADOS

 

QUE TOMEN NOTA EL RESTO DE ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Metro de Madrid incrementará un 8 por ciento el presupuesto de seguridad en el suburbano por medio de un nuevo contrato marco que tendrá una cuantía de 230 millones de euros y, además, incluirá en los pliegos de condiciones la posibilidad de rescindir la relación con las empresas que no cumplan con las condiciones laborales marcadas en el convenio colectivo.

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, para recalcar que los pliegos también incluirán una novedad y es la adjudicación "por líneas" y no por zonas como ocurría hasta ahora.

Esta novedad, según el consejero, permitirá al suburbano realizar un "mejor seguimiento" de cara a comprobar que las empresas adjudicatarias cumplen con los términos del contrato. 

Rollán ha explicado que en el nuevo pliego de condiciones se incluirá como requisito "sine qua non" que las empresas "estén sujetas y cumplan" con las condiciones salariales y laborales estipuladas en el convenio colectivo, algo que ahora no es posible.

Este requisito será un aspecto que puntuará a la hora de valorar las ofertas de las empresas de seguridad y también un motivo de rescisión del contrato "si no cumplen de manera escrupulosa  con esas condiciones laborables. Por tanto, será un aspecto "exigible" de cara a la implementación y entrada en vigor de dicho contrato, previsto para el próximo mes de noviembre.

Su duración será de cuatro años con posibilidad de ampliar otro ejercicio más y el presupuesto aumentará un 8 por ciento

"Somos conscientes de que hay que invertir más en la seguridad aunque en estos momentos Metro de Madrid goza de un notable alto en la valoración de la seguridad que realizan los usuarios, que aumenta más de un punto en el caso de los visitantes extranjeros respecto de los residentes en la región", ha apostillado. 

Precisamente a mediados de julio se planteó la convocatoria de una huelga para los 600 trabajadores de la empresa Segur Ibérica que prestan servicio en la línea 1, 3 y 6 de Metro de Madrid por salarios adeudados a los empleados. 

No obstante, los paros fueron desconvocados tras un acuerdo con el administrador concursal de la empresa (que entró en concurso de acreedores a finales de 2016), que se comprometió a abonar "el cien por cien" de los salarios, según expuso el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada. Así, se procedió a pagar los salarios atrasados de junio.

Fuente: Europa Press