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13 diciembre, 2015

CAMARA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA CONTROL LABORAL

LA EMPRESA DEBE DISPONER DE LA DEBIDA AUTORIZACION DE LA AGENCIA ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS

 

La legislación vigente permite que las empresas puedan utilizar ciertas medidas para el control laboral, entre ellas la video-vigilancia, pero no a su libre albedrio, hay unos requisitos que cumplir.

 
Recientemente, Securitas Valencia por un lado o bien el cliente por otro, ha ordenanado la colocación de una cámara en el Puesto Permanente de Seguridad del centro comercial y de ocio Bonaire.
 
Entre otros fines, tal y como comunica la empresa, este dispositivo de vigilancia es para control laboral, por lo que las imágenes, podrían ser utilizadas para aseverar futuras sanciones o incidencias.
 
Así las cosas, la sección sindical de alternativa sindical  ha solicitado a la dirección de la empresa  lo siguiente:
 
  • Exigencia de comunicación en tiempo y forma  a los representantes de los trabajadores sobre la instalación del citado sistema de video-vigilancia y acreditación de que el mismo dispone de  la debida autorización administrativa concedida al efecto  (finalidad de las imágenes) por la Agencia Estatal de Protección de Datos.
  • Certificación de la empresa que acredite la colocación  de la debida  carteleria informando  de la instalación de la cámara y sus fines.
  • No utilización de esos medios de control laboral hasta tanto se acredite, por parte de la empresa, que se cumple con lo establecido en la legislación vigente dando traslado a la representación legal de los trabajadores, ya que se podría estar vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Fuente: Alternativa Sindical

17 noviembre, 2015

PODEMOS QUIERE SUSTITUIR SEGURIDAD PRIVADA POR POLICIAS QUE YA NO SIRVEN PARA PATRULLAR

El Gobierno de Madrid prevé sustituir empresas de seguridad por los agentes con más antigüedad

 

La Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid ultima un proyecto para destinar a un millar de policías a vigilar los edificios municipales. De este modo, pretende dar una salida profesional a los integrantes más veteranos del cuerpo y, al mismo tiempo, acabar de forma paulatina con los contratos de las empresas de seguridad que hacen hasta ahora esa función.

 

La presencia de los agentes en esos inmuebles se producirá gradualmente. “Tenemos más de 2.000 policías de más de 55 años que pueden cubrir perfectamente estos puestos”, señala una fuente municipal. Los mandos de la policía ven “inviable” la propuesta y temen que termine repercutiendo en la plantilla que presta servicio en la calle.


La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón al sillón de alcalde, en 2003, acabó con una práctica tradicional de la Policía Municipal de Madrid

Los edificios municipales estaban vigilados por agentes, lo que detraía gran cantidad de efectivos que podían estar prestando servicio en la calle. El entonces regidor decidió privatizar la seguridad de los inmuebles y sacar a los funcionarios a patrullar. Su razonamiento se basaba en que lo que cuesta un vigilante de seguridad es bastante menos que lo que se paga a un agente.

El actual equipo de Seguridad, con su concejal —José Javier Barbero— a la cabeza, ha ideado volver a darle la vuelta a la situación

Su intención es que los policías municipales más veteranos vayan desplazando a las empresas de seguridad conforme terminen los contratos de estas. En caso de existir alguno especialmente gravoso para las arcas municipales, se denunciaría de inmediato para que el puesto de vigilantes lo cubrieran los funcionarios.

Un asesor del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, asegura que ya disponen de un listado de 1.000 agentes que no están en puestos operativos (no patrullan o hacen labores de vigilancia) y que se podrían destinar a estas labores. “Se les puede redistribuir perfectamente para cubrir esas necesidades y de esa forma rebajar el presupuesto de empresas privadas que pagan los ciudadanos de Madrid”, mantiene el asesor. 
Serrano recuerda que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les obliga a ejercer esta vigilancia de edificios y pone como ejemplo los puestos adaptados que tiene la Guardia Civil en los inmuebles de la Comunidad de Madrid.

Los agentes que prestarán este servicio se encuentran ahora en distintos puntos, como enlaces entre las diversas unidades, en puestos de vigilancia interna o en los puestos de la emisora. “No son operativos y se van a redistribuir para afrontar este nuevo proyecto. Además, muchos de los puestos que cubren ahora están duplicados, por lo que se puede conseguir”, mantiene el asesor.

El servicio se prestaría, sobre todo, en horario de mañana y tarde. Por las noches se conectarán alarmas con las dependencias de la unidad de cada distrito. Conforme pasaran los meses, el servicio se ampliaría a más edificios.

“Tenemos más de 2.000 agentes de más de 55 años que pueden cubrir perfectamente estos puestos”, concluye el asesor. El servicio se prestaría de uniforme y con pistola.

Los mandos policiales consultados por EL PAÍS consideran “absolutamente inviable” en estos momentos la puesta en marcha de ese servicio, aunque se reduzca a la mañana y la tarde

Recuerdan que para cubrir un puesto en estos horarios se necesitan al menos tres o cuatro personas, ya que se producen bajas por enfermedad, días libres por asuntos propios y es necesario cubrir las vacaciones.

Los mandos también niegan que existan puestos duplicados en los actuales destinos de los policías llamados a cubrir los nuevos destinos. “Puede haber determinadas unidades que sí tengan algún puesto duplicado, pero la gran mayoría de ellos están vacantes porque no hay suficiente personal para cubrirlos”, asegura un mando. “Las cuentas, hoy por hoy, no salen”, resume, categórico.

Servicio ordinario

Lo que más temen en la cúpula policial es que el servicio diario se resienta cuando agentes operativos tengan que cubrir las vacantes de los que estén de baja o de permiso. “Si hay seguridad privada, la empresa nos tiene que cubrir la vacante sea como sea. El puesto en el edificio no se puede quedar vacío. En nuestro caso, puede suponer que algún policía tenga que dejar su servicio para vigilar un edificio”, aseguran varios mandos con años de experiencia. Tampoco ven lógica la instalación de alarmas o sistemas de vigilancia electrónicos, que consideran una protección escasa para el material sensible que se guarda en los edificios municipales.

Otro problema añadido es que los agentes puedan jubilarse anticipadamente, a los 60 años, como ha pedido el colectivo al Gobierno central. Eso reduciría gran parte de los efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el servicio. “Si eso ocurriera, estaríamos en otro escenario y habría que ver qué soluciones adoptábamos”, señala el asesor del director.


División entre los sindicatos

El sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, el mayoritario del cuerpo) considera adecuada la medida planteada por el nuevo equipo de la Concejalía de Seguridad, ya que la ve como una salida profesional para agentes que ya no están en condiciones de patrullar durante horas o que no aguantarían en un punto fijo mucho tiempo. “Es una salida muy digna y que puede suponer un ahorro para el Ayuntamiento”, manifiesta el portavoz de CPPM, Julián Leal.

Sin embargo, la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) niega los beneficios de esta medida y cree que no hay tantos agentes para cubrir esos puestos: “Esas cifras, hoy por hoy, no son viables. En la actualidad no hay 1.000 agentes que no estén operativos. Unos están en la emisora o en oficinas o en la vigilancia de nuestras propias dependencias”. 
Además, recuerda que parte de esos agentes no llevan arma, por lo que no serían muy eficaces a la hora de proteger un inmueble. “En el momento en que haya que recurrir a policías operativos, habrá menos gente disponible para estar en la calle”, concluye Carlos Bahón, de AMPU.

Fuente: El Pais.com
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14 noviembre, 2015

LA ASOCIACION "AVISPA" DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO DE POLA DE LAVIANA POR INTRUSISMO

El colectivo considera que existe "intrusismo profesional" y "usurpación de funciones"

 

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denunciará la contratación de vigilantes no titulados en dos eventos desarrollados recientemente por el ayuntamiento de Pola de Laviana. 

 

El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros sin la correspondiente habilitación o acreditación "supone una infracción muy grave, cuya comisión puede suponer multas de 6.001 a 30.000 euros, independientemente de las responsabilidades civiles o penales", señala el colectivo en un comunicado. 

Indica además que el ejercicio de estas funciones, especialmente en horario nocturno y en el interior de establecimientos, "corresponde en exclusiva a empresas y personal de seguridad privada".

La denuncia será presentada contra el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, la asociación a autónomos y la empresa Chapó como organizadores del "Food Truck" y "La carpa de los chollos". 

En plena madrugada, fueron identificados por la Guardia Civil varios individuos "que ejercían funciones de vigilancia y seguridad sin formación", tras comunicar los hechos el colectivo, según asegura la asociación. "Tampoco contaban con la autorización administrativa de la Delegación de Gobierno", añade. 

Estas personas se encontraban "vigilando el interior y exterior de la carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento", asevera la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias.
Fuente: Lne.es
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13 noviembre, 2015

CAE UNA RED DE TITULOS FALSOS CON LOS QUE SE ACCEDIA PUESTOS DE SEGURIDAD PRIVADA

VARIOS DIRECTIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA ESTAN IMPLICADOS EN LA TRAMA


El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser jefes, por 1.000 euros.


El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguridad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupaban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión.


En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la sociedad presidida por Miguel Ángel Ramírez

El juez les atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial

Según la resolución, el primero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de seguridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había sido confeccionado siete años después.

El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1.000 euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo título, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Tenerife la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en noviembre de ese mismo año.

La empresa nada tiene que ver en este asunto, dicen, ya que se trata de una responsabilidad personal"

Fuentes de la compañía de seguridad canaria han manifestado que "estas dos personas no tenían la obligación de tener título para los puestos que ocupaban.

Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la misma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros 10 falsos responsables de seguridad. 

Este ciudadano había creado una red de venta de títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para obtener la categoría de vigilante de seguridad.

Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de Formación Profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que falsificaban el sello de la ex ministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004.

Con estas herramientas, confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplomas” 

En concreto, el falsificador ofertaba títulos de Bachillerato por  1.000 euros y de Formación Profesional por 800

La Policía Nacional comenzó a investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le interrogó y este entregó un 'pendrive' con documentación que reflejaba claramente cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.

Fuente: El Confidencial
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11 noviembre, 2015

EL TSJ DESESTIMA EL ERE EN METRO MADRID DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

Revés judicial al empresario 'favorito' de Soria y su ERE en Metro de Madrid

 

Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, recurrirá al Tribunal Supremo el fallo del TSJM que le obliga a pagar más a sus trabajadores (indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de 20) o a readmitirlos.


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado no ajustado a derecho el despido colectivo que Seguridad Integral Canaria (empresa del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez) realizó para su plantilla que desempeñaba su función en Metro de Madrid, donde despidió a 105 trabajadores con 20 días de indemnización por año trabajado amparándose en "causas productivas y organizativas", tras un ERE que presentó el 8 de mayo. 

La demanda del sindicato independiente STS registrada el 9 de julio de este año (a la que luego se añadieron CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales) ha acabado teniendo éxito en lo que supone un nuevo palo judicial a Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, al que le une una buena relación con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y que en los últimos años ha conseguido importantes contratos en instituciones dependientes al Gobierno.

Lo que opina Ramirez
  • "Lo único que dice la sentencia es que tenemos que pagar 33 días de indemnización en vez de 20, no que el ERE se anule como asegura Comisiones Obreras"
  •  Recurriré la sentencia ante el Tribunal Supremo ya que "nuestros abogados nos dicen que el ERE estuvo bien hecho".
  • Si el Supremo ratifica esta sentencia del TSJM, asegura, habrá que readmitir a los trabajadores pero es algo que de momento no se va a hacer.  

Avelino Arroyo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad en Madrid y el que presentó la denuncia, asegura que es tan sólo uno de los casos poco claros de Integral Canaria, compañía que "ha protagonizado un crecimiento exponencial en los últimos años coincidiendo con una excelente relación con el Partido Popular".

Por su parte, CCOO ha asegurado que "en la sentencia ha quedado probado que la empresa conocía los recortes en el servicio propuesto por Metro de Madrid cuando se presentó al concurso, por tanto no hay una causa sobrevenida como alegaba, máxime cuando tenía por contrato 2 años de plazo para adaptarse a la nueva situación".

Integral Canaria fue adjudicataria en 2013 de los servicios de vigilancia y seguridad en las líneas 2, 5, 6, 10 y en Metrosur. En el momento de plantear su despido colectivo contaba con 1.314 trabajadores en la Comunidad de Madrid de los que 568 prestaban sus servicios en el metro. 

Además de Metro de Madrid, también presta servicios en Patrimonio Nacional, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra, Ministerio de Agricultura, DGT, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Patronato Sobre Discapacidad y Ministerio de Sanidad. También en alguna compañía privada, como por ejemplo Orange Espagne.

Implicado en tramas con la justicia

Se ha comentado siempre la buena relación entre Ramírez y el Partido Popular, especialmente a través del ministro canario, José Manuel Soria, quien aseguró en noviembre de 2013 que era "el concepto más puro de emprendedor que yo conozco"

Su compañía era la encargada de la seguridad en el Estadio de Gran Canaria, en el que el 23 de junio de 2014 una invasión de campo a pocos segundos del final del partido (con resultado de 1-0 que daba el ascenso al equipo insular) evidenció la falta de medios de la empresa encargada de la seguridad, Integral Canaria, en manos de Ramírez al igual que equipo 'canarión'. 

La fiscalía actuó a posteriori pidiendo información tanto a la Unión Deportiva como a la compañía perteneciente al Grupo Ralons para determinar a qué se debió esa concatenación de fallos aunque el sindicalista Arroyo lo tiene claro: "Es una forma habitual de actuar para las empresas de seguridad, que en acontecimientos deportivos especialmente suelen presentar menos efectivos de los exigidos por normativa y con menos formación".

 Ramírez, el empresario ha sido denunciado en otras ocasiones

El sindicato USO solicitó a Defensa que cancelara sus contratos con Integral Canaria por fraude a Hacienda y tambíen una presunta deuda con la Seguridad Social. 

También se solicitó al expresidente de Canarias, Paulino Rivero, que rescindiera sus contratos por el mismo motivo.

Sin embargo,continua en ascenso el crecimiento de Integral Canaria, que según fuentes sindicales anda ahora detrás de la posibilidad de obtener permiso para portar furgones blindados, en los que se trasladan "dinero, valores y mercancías preciosas".

Fuente: Vozpopuli 
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08 noviembre, 2015

¿SEGURIDAD INTELIGENTE O VIGILANTE DE SEGURIDAD?

 ESA ES LA CUESTION

 


Es muy habitual que una vez se ha decidido la instalación de un sistema de seguridad en la comunidad de vecinos surja el debate de qué tipo de vigilancia es la más adecuada para el vecindario. 


Existe una gran diversidad de sistemas sobre los que decidir por eso es necesario analizar los pros y los contras de cada uno y cuál es el que mejor se adapta a las características de las viviendas y los espacios que queremos proteger.

Uno de los dilemas que se presentan es si es necesario la contratación de un vigilante de seguridad o si por el contrario, un sistema electrónico (compuesto por cámaras de seguridad, alarmas, etc) sería el idóneo.

En este sentido hay un punto que es clave: el gasto y las derramas que suponen esta decisión

El hecho de apostar por una persona que vigile nuestras instalaciones lleva implícito un gasto extra importante para los vecinos, y no digamos si se trata de un servicio que necesitamos 24 horas que no se puede cubrir con una sola persona. Depender únicamente de un trabajador puede suponer unos riesgos que afectan directamente a la integridad de los miembros de la comunidad de vecinos y sus propietarios.

Apostar por la tecnología e innovación puede evitarnos muchos disgustos, por ejemplo, el hecho de que puedan estar controlados varios puntos del vecindario de forma simultánea a través de la videovigilancia, que exista un telemantenimiento 365 días al año durante 24 horas y algo fundamental: una prueba grabada del asalto, en el caso de que se produzca, y que pueda presentarse ante el juzgado.

Apostando por la Seguridad Inteligente evitaremos incluso que los intrusos lleguen a entrar en las zonas comunes de nuestra comunidad, pues en cuanto se detecta al extraño se produce el aviso inmediato a la Policía.

Que Opinas.....¿alarma o vigilante?

"Participa en la encuesta"


 Fuente: Pisos.com
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28 octubre, 2015

ALARMAS DOMESTICAS ANTI-ROBO

 
¿funcionan de verdad o solo tienen un efecto placebo? 

 

 Reportaje sobre la eficacia o no de los sistemas domesticos antirrrobo realizado desde la propia experiencia de su autor.  Jordi Sabate (El diario.es)

 
El exceso de falsas alarmas y algunos impedimentos legales dificultan la plena eficiencia de estos sistemas.
En 2008, se registraron 377.457 alarmas, de las que el 90% eran falsas, según datos de las propias empresas.

La aplicación de la Ley de Seguridad Privada redujo la cifra de falsas alarmas a 20.600 en 2012, pero a la vez se mermó la capacidad de respuesta ante las alertas reales.

  Empecemos

Soy usuario de una empresa de seguridad y hace nueve años instalé un sistema de vigilancia en mi casa, consistente en dos sensores volumétricos y cuatro magnéticos. Cuando el sistema está activado, y en caso de alteración del campo de alguno de los sensores, todos ellos envían una señal a una centralita, que se conecta por redes móviles con la central de alarmas (CRA) de la empresa de seguridad. 

El protocolo entonces debería ser que la CRA nos avisara e interviniera mediante vigilantes o llamando a la policía. Al menos, así me lo explicaron cuando me vendieron el sistema. 

¿Funcionan las alarmas domésticas? 

Las alarmas funcionan, es decir, pitan cuanto están activadas y hay alguna alteración en los sensores, ya sean magnéticos, volumétricos, de temperatura o de cualquier otro tipo. 

Hasta ahí, todo es correcto. Si un caco entra en nuestra casa mientras estamos fuera y viola el campo de uno de los sensores, este enviará una señal a nuestra centralita, que trasmitirá la señal a la CRA. 

En la CRA recibirán el salto y nos llamarán a nosotros para confirmar que han detectado un salto de alarma. A partir de este punto las cosas dejan de funcionar, digamos, de manera ortodoxa.
Lo normal sería que la CRA se pusiera en contacto inmediato con la policía si nosotros le confirmamos que no estamos en casa y nadie conocido puede estar. Sin embargo, al parecer las centralitas domésticas fallan más que una escopeta de feria y es usual que den numerosas falsas alarmas sin motivo a diario en un solo barrio, por lo que es fácil imaginar que serán miles en una ciudad grande como Madrid, Barcelona, Valencia, etc. La policía está harta de recibir falsas alarmas y, literalmente, carece de suficientes agentes para cubrirlas todas.

De hecho, la antigua Ley de Seguridad Privada de 1992 ya obligaba a las empresas de seguridad a confirmar por vídeo o mediante un vigilante de zona que la alarma no era falsa, y castigaba con hasta 6.000 euros de multa a las empresas que no procedieran de este modo. 

Pero incluso así,  en 2008 se registraron 377.457 alarmas, de las que el 90% eran falsas, según datos de las propias empresas. De estas, un 89% fueron derivadas a los cuerpos de policía, que acabaron expresando su malestar, ya que consideraban que el atender estas alertas estériles les impedía el ejercicio correcto de su labor.
Tras la puesta en práctica de los planes PROCEDA y PRISA, que establecen el actual protocolo de acción de una patrulla de policía ante una alarma, las falsas alarmas comunicadas a este cuerpo se redujeron en un 90%, hasta las 20.600, según una nota de prensa de la propia policía. 
 
La policía no acude inmediatamente

Además, según el artículo 57 de la  Ley de Seguridad Privada de 2014, "la comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa" se considera una infracción grave que puede acarrerar multas de 3.001 a 30.000 euros, así como la suspensión de la autorización de ejercicio entre seis meses y un año. Es decir, las empresas de seguridad siguen  obligadas en la versión más actualizada de la ley a comprobar las falsas alarmas antes de establecer contacto con la policía.

Por lo tanto, según la ley, la policía, en primera instancia, no va

¿Quién va entonces? Hay agentes de seguridad zonales, los llamados 'acudas', que son los encargados de acudir y verificar que hay ladrones dentro de la casa antes de llamar a la policía. Por otro lado, los actuales sensores volumétricos llevan incorporadas unas cámaras de vídeo que hacen cinco capturas fotográficas en cuanto entra el ladrón en su campo de visión, y las envían a la centralita doméstica. 
Pero a  causa de la Ley de Protección de Datos, y de la propia Ley de Seguridad Privada, estas fotografías no pueden ser enviadas a la CRA hasta que el 'acuda' haya verificado la intrusión en tu hogar

Resumiendo: entran los cacos, suena la alarma, te localizan -a no ser que estés en el cine o lleves el móvil en el bolso-, verificas la intrusión, va el 'acuda' y confirma el hecho y entonces tu centralita envía las fotos a la CRA, operación que puede tardar unos cinco minutos, ya que se envían por 3G/4G. Una vez la CRA verifica las fotos, llaman a la policía. ¿Cuánto tiempo puede ser esto? Mejor no pensarlo...
Tecnología ineficiente

Si las centralitas no dieran tantas falsas alarmas, tal vez la policía relajaría el protocolo. En algunos foros se asegura que su calidad técnica deja mucho que desear y que son muy fáciles de anular. El hecho es que sonar, las alarmas suenan, pero parece que sirve de poco

A veces, ni suenan: el pasado mayo una juez imputó a una empresa de seguridad por presuntos fallos en sus sistemas durante el robo en un almacén. La jueza admitió la querella a trámite bajo el delito de "estafa" por el pago de un servicio, la seguridad, que no se dió. 
El funcionamiento de algunas centralitas, sin embargo, previene las falsas alarmas con un método llamado heartbeat; se trata de un impulso eléctrico que envían a la CRA cada pocos minutos, de modo que si la secuencia se interrumpe, saben que hay una intrusión

Ahora bien, la interrupción se puede dar también por un corte en el sistema eléctrico, incluso por las clásicas oscilaciones de este. De todos modos, esto no acorta el protocolo de acción marcado por la ley.
Por otro lado, si los ladrones llevan un inhibidor de frecuencias, que pueden comprar por internet en determinadas tiendas de seguridad, el sensor queda anulado y no envía ninguna señal a la centralita, con lo que el robo se produce sin molestias. 

No importa que la alarma sea con conexión 3G/4G, cableada al hilo telefónico o conectada por internet, que por cierto pueden ser las más vulnerables; un inhibidor de calidad mediocre puede conseguirse por unos 60 euros y funciona implacablemente a partir de los tres metros de distancia. Al ladrón le basta con estar al otro lado de tu puerta. 

Alarmas disuasorias, pero también efecto placebo

 

Podemos pensar, después de leer esto y como me sucede a mí, que nuestra alarma no protege nuestro hogar. O podemos poner en entredicho lo relatado, aunque la ley es la que es, y creer que los cacos no llevarán inhibidor, que la empresa nos localizará inmediatamente y que el 'acuda' estará casualmente cerca de nuestra casa. Nos queda el beneficio de la duda y el consuelo de que, como mínimo, no se lo estamos poniendo fácil a los ladrones
Pero también debemos preguntarnos por qué tenemos realmente un sistema de seguridad doméstica

Una posible respuesta es que, además de ser efectivamente disuasorias, las alarmas tengan un cierto efecto placebo: sabemos que el ladrón se rige por la ley del mínimo esfuerzo y evitará todos los inconvenientes buscando la casa más vulnerable

Si tenemos un cartel en la puerta que avisa de que tenemos alarma, lo lógico es que eviten nuestro hogar. Es muy posible que sea así, y en todo caso ello nos da tranquilidad. 

Por cierto, que el vecino, si no tiene el cartel, experimentará la sensación contraria: él es la casa más vulnerable. ¿Se aprovechan las empresas de este juego de sensaciones? Al fin y al cabo, donde hay un cartel, hay un vecino que se siente seguro y otro que no y que es posible que pronto contrate el servicio para experimentar esta seguridad no falsa, pero sí hipotética. 

¿Por qué cuento todo esto?

Desde el día de su instalación y hasta hace aproximadamente un mes, he confiado en que mi sistema de seguridad doméstica funcionaba exactamente como me habían explicado, y salvo por algunas falsas alarmas relacionadas con interferencias de otro sensor magnético que hay en la puerta de la entrada -y que enciende una luz- no he tenido mayores problemas. 

Hace un mes, me llamaron del departamento comercial de mi empresa de seguridad para informarme de que mi sistema no era suficiente para protegerme, debido a que los ladrones habían implementado sofisticados sistemas inhibidores de las señales que los sensores envían a las centralitas.

La empresa me recomendaba contratar, por un precio adicional, un detector anti-inhibidores de frecuencias, por si los ladrones usaban uno en mi casa. En tal caso, el anti-inhibidores enviaría una señal a la CRA, que procedería a activar el protocolo de alerta. 

Acepté porque confiaba en mi empresa de seguridad. Cuando llegó el anti-inhibidores, lo instalé donde me recomendaron y lo activé. Al cabo de pocos días me llamaron a medio día diciéndome que habían detectado un intento de inhibición. Les respondí que era imposible porque yo estaba en casa y era media mañana. Al día siguiente sucedió lo mismo, y al cabo de dos días me llamaron tres veces.  
El problema parecía estar en que en la zona donde vivo yo, céntrica, pasan con frecuencia coches de policía o de políticos, que usan potentes inhibidores de frecuencias para protegerse contra atentados; mi anti-inhibidores los detectaba.En tal caso,  no me recomendaban dicho dispositivo porque tendrían que estar varias veces todos los días verificando estas falsas alarmas

Yo les dije que no era mi problema, que yo me sentía más seguro si tenía el anti-inhibidores activado y que no me importaba que me llamaran con frecuencia por causa de las falsas alarmas.

Mi empresa me miente

Acordamos finalmente que me enviarían un nuevo anti-inhibidores para descartar que el actual estuviera averiado. Pero fue en vano; desde el primer día de activación, se dispararon las falsas alarmas.

Finalmente,  me llamó un agente del departamento de atención al cliente de la empresa para decirme que lo lamentaba pero que no era posible que yo tuviera un anti-inhibidores en la zona donde vivía, ya que les generaba muchos problemas, y que habían decidido desactivar el mío.
Me aseguró que me reintegrarían el coste del anti-inhibidores y volvería a pagar mi tarifa anterior. También me dijo que no hacía falta que devolviera los aparatos -había colocado dos, el antiguo y el nuevo- y que si quería, podía poner la pegatina disuasoria, que me habían enviado junto con los anti-inhibidores, en la puerta de entrada. Acepté porque no me quedaba más remedio, pero protestando que me quedaba indefenso ante los cacos con inhibidores de frecuencias.

El agente me respondió que no debía preocuparme porque estos aparatos son muy caros y no se pueden conseguir en cualquier sitio; que pocos ladrones tienen acceso a ellos. 

También me comentó que estaba grabando la conversación para confirmar mi baja. No logró tranquilizarme y desde ese momento  no me he vuelto a sentir protegido por mi sistema de seguridad. 
Para confirmar mis temores, contacté con un comercial a través de la página web de la empresa, donde tienen un servicio de operadores de chat. Simulé ser un usuario interesado en contratar sus servicios, que había oído hablar de sus sistemas anti-inhibidores y deseaba saber más del tema. Le comenté -para contrastar la información del otro agente- que me habían dicho que los inhibidores eran muy difíciles de conseguir. 
Él me respondió que en absoluto, que se podían comprar fácilmente por menos de 100 euros en ciertas páginas de internet. En otras palabras, estaba desprotegido y mi empresa de seguridad me mentía. 

A partir de ese momento, comencé una investigación en foros y páginas de quejas para saber si realmente merece la pena tener un sistema de seguridad doméstico. El resultado de mis pesquisas es lo que se puede leer en los párrafos anteriores. 
Para terminar, dejo en el aire algunas preguntas:
  • ¿Es legal que nos hagan pagar por un sistema anti-inhibidores si nosotros contratamos desde el principio un sistema eficiente y completo de seguridad? 

  • ¿Por qué una vez instalados los equipos no se cambian jamás -sí se someten a un mantenimiento, doy fe de ello- cuando la tecnología de los cacos evoluciona año a año? 

  • ¿Por qué mi empresa no quiso pasar a recoger los anti-inhibidores y me dijo que los tirara? 
 
Ahí lo dejo.........

Aclaración del autor: 
1.-He desarrollado este artículo de acuerdo a mi experiencia personal, porque creo que es la mejor forma de describir la sensación en la que muchos usuarios de alarmas domésticas conectadas a empresas de seguridad podemos sumirnos algún día.
2.-Puntualizar que es a partir de dicha experiencia que he profundizado en el tema, descubriendo en la red numerosos casos de quejas, unas más creíbles que otras, así como diversos aspectos de este sector que me parecen relevantes.
3.-También, añadir que no he citado a ninguna empresa de seguridad en concreto porque no creo que sea un problema de marcas, sino estructural del sector y de la legislación vigente.

24 octubre, 2015

QUERELLA CONTRA SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

PRESUNTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

 

Parece ser que Seguridad Integral Canaria por un lado, su dueño por otro y parece ser que también sus directivos, podrían necesitar un edificio judicial para ellos solos.



El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en diligencias Previas 0000912/ 2013, sobre la querella presentada por Alternativa Sindical contra Seguridad Integral Canaria y, admitida a trámite, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, más concretamente sobre la limitación del ejercicio de la libertad sindical de alternativa sindical y de sus afiliados, ha dictado auto de citación, en toma de declaración, a los presuntos implicados y dirigentes de la empresa en Las Palmas.


Así consta en auto del juez y, que también, tiene por querellado a personal directivo de la empresa, auto por medio del cual, ha citado para tomar declaración a todos los implicados en este proceso.


Alternativa sindical con esta querella, pretende dejar de manifiesto que el derecho a la libertad sindical es un derecho inalienable y, sobre el cual, ninguna empresa o directivo puede hacer una patente de corso por medio de presuntas amenazas o coacciones, situaciones en lasque nuestra organización se mostrará siempre beligerante con quien lo pretenda.
Fuente: Alternativa Sindical

20 octubre, 2015

OMBUDS HA COMPRADO CASTELLANA DE SEGURIDAD (CASESA)

 

NACE LA SEGUNDA EMPRESA DEL SECTOR EN ESPAÑA, TAN SÓLO DETRÁS DE SECURITAS

 



La firma de la adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada, aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores temen que el proceso ocasione despidos.

 
Una gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) por parte de Ombuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de negocio, tan sólo detrás de Securitas, superando a la cotizada Prosegur.
La fusión, con algunos flecos aún por concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de empleados (3.000 frente a más de 6.000).
En 2011, el grupo Ombuds fue adquirido en un 75% por JZI Capital Partners a su entonces dueño, Rodrigo Cortina López, proveniente de una familia muy bien relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad.

JZI es un grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de más de 1.000 millones anuales.
Tras adquirir Ombuds por un precio que no se hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking.
De acuerdo con las cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa. 
Compartiendo software
La operación viene rumoreándose desde hace meses, aunque fue a principios de septiembre cuando dio el salto definitivo. Ambas compañías han pasado a compartir ciertos softwares para acelerar su integración y los empleados comienzan a posicionarse.
La inquietud es grande ante el temor de que una operación de tal magnitud traiga consigo recortes de plantilla, especialmente en Castellana de Seguridad, que cuenta con más empleados y contratos de más volumen.
"Es una actitud habitual en el sector que una empresa compre otra para hacerse con sus contratos"
Casesa ha sido la agencia de seguridad de importantes eventos deportivos como la última Vuelta a España.
Tiene clientes de renombre en sectores como el financiero (Santander, BBVA o EVO Bank) o de gran consumo (Carrefour, Worten o Cortefiel). También trabaja con Renfe, Iberdrola, Repsol, Peugeot o Altadis, por citar sólo algunas compañías.
Casesa, cuyos dueños, según la rumorología del sector, llevaban tiempo tratando de venderla, está también presente en la administración pública con especiales buenas relaciones con el Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el Gobierno vasco, que le adjudicó en 2010 nada menos que un tercio de todos los servicios de seguridad privada a políticos, jueces y cargos electos en el País Vasco.
Precisamente Ombuds fue otra de las agraciadas por este contrato de seguridad de 144 millones de euros. No obstante, el final de la violencia de ETA y la relajación de la tensión en País Vasco y Navarra redujo drásticamente el negocio de la compañía.
Ombuds también tiene buenas relaciones con la administración pública, como evidencia el contrato de 3 millones de euros que le adjudicó el Ministerio de Defensa en 2013 para la seguridad de 10 centros sanitarios militares.
Fuente: vozpopuli.com