EL OBSERVATORIO SECTORIAL DE SEGURIDAD CRITICA TANTO SU ELABORACIÓN COMO SU CONTENIDO
Califican como “inaceptable” que los agentes sociales y empresariales del sector “no hayan sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su difusión, teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa”.
Eduardo Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento, Cobas puso el énfasis en el peligro que tienen algunas de las medidas del Reglamento al “promocionar un “servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad”, condición imprescindible para que las empresas de seguridad privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública que ha llevado a España a ser un modelo para otros países.
Uno de los puntos de mayor gravedad del texto presentado “repentinamente” por el Ministerio del Interior según el Observatorio es el tratamiento de la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo.
Según el borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad. Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario que supone una “práctica completa desregulación del sector con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el resto de la propuesta”.
En palabras de Diego Giráldez, secretario de FeSMC-UGT, “estas medidas suponen que el 95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad privada con excelentes ratios de calidad, serán prestadas por empresas y personas ajenas a la seguridad”.
Esta situación, apuntan desde el Observatorio, provocaría una casi total destrucción de empleo en el sector y contribuiría significativamente a un incremento de los niveles de fraude, ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización, según afirman, convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas, con previsibles consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.
Una segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad.
El borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.
Sin embargo, tal como señaló Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que estos supuestos deben generalizarse, dada la exposición a riesgos a los que los profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus servicios.
Igualmente, Montoya incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.
En esta línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión, el sector pone énfasis en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector, para el cual tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.
Consideran que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos, se debería haber contado con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el acceso.
Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO, “no es razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.
Otras demandas del Observatorio sobre el Reglamento de Seguridad Privada afectan al sector de vigilancia y que reducen notablemente la calidad del servicio. Entre estas reivindicaciones está la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas.
Todo ello disminuye la calidad existente y se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.
Según el Observatorio, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la regulación sobre la vigilancia discontinua.
Según el Observatorio, con la nueva normativa se generan riesgos para los trabajadores y los servicios se hacen ineficaces.
Por último, los portavoces han destacado que el borrador genera un desequilibrio entre la decisión de contratación por el cliente y la responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada que quiebra las políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.
