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31 enero, 2010

NUEVAS MOVILIZACIONES PARA REACTIVAR LA NEGOCIACION DEL CONVENIO

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UGT Y USO ELABORAN UN NUEVO CALENDARIO DE ACTUACION PARA LA REACTIVACION DE LA NEGOCIACION DEL CONVENIO COLECTIVO

El pasado día 25 de Enero, los sindicatos UGT y USO han acoradado la modificación del calendario de actuación para forzar a la Patronal a reabrir la Mesa Negociadora del Convenio, y a que cambie la insuficiente propuesta economica relizada en su día.

Aunque pendiente de puntualizarse algunas fechas, este es el calendario de actuaciones previsto:
  • Del 25 al 29 de Enero y del 1 al 5 de Febrero:
    Asambleas Terrritoriales.

  • Día 8 de Febrero:
    Meter papeleta de Huelga. (Se ha acordado que lo efectúe UGT).

  • Del 9 al 10 de Febrero:
    Carta a los clientes informándoles de la situación y de la convocatoria de Huelga. (Dicha carta irá firmada por los responsables de la Negociación del Convenio, sin anagramas).
  • Día 2 de Marzo: (pendiente)
    Concentración en Madrid a las 10:00 horas, recorrido desde la Avda. América hasta la sede de la CEOE en Diego de León, 50.(Puede sufrir variaciones).

  • Del 1 al 5 de Marzo:
    Denuncias en la inspección a todas las empresas por incumplimiento de distintos artículos del Convenio.

  • Del 15 al ¿…? de Marzo:
    Encierro de los compañeros de la mesa, en el Ministerio de Trabajo.(Está por decidir).

  • Del 17 al ¿…? de Marzo:
    Encierro de los responsables Sectoriales Regionales y delegados de personal, en las delegaciones Regionales de Trabajo. (Sin determinar).
  • Del 29 al 31 de Marzo:
    Convocatoria de Huelga en el Sector (Transportes Blindados y Vigilancia).
  • Del 31 de Marzo al 5 de Abril:
    Convocatoria de Huelga solo en Vigilancia (Por ser festivos en Banca y Cajas de Ahorro).
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10 enero, 2010

LOS VIGILANTES DE SEGUR IBERICA EN LOS ATUNEROS ESPAÑOLES DENUNCIAN GRAVES DEFICIENCIAS EN EL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

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TELEFONOS QUE NO FUNCIONAN, CHALECOS ANTIBALAS QUE NO LO SON Y ARMAS INSUFICIENTES


Un grupo de Vigilantes de seguridad de la empresa SEGUR IBERICA, que prestan servicio en los atuneros españoles desplazados en el Indico y que han sido despedidos de forma inesperada y sin más explicación por parte de la empresa, han denunciado las graves deficiencias existente en el equipamiento de seguridad suministrado.

Al parecer, los chalecos antibalas que les facilitaron "son chalecos antifragmento que sólo sirven para la metralla de granada pero no te protegen de las balas".

De hecho, las instrucciones del chaleco indican que es "un panel balístico suave de protección" y que "no es adecuado para proteger al usuario contra impactos de rifle y no lo protege de armas blancas", además de advertir en las instrucciones de cuidado de que no se exponga directamente al sol.

Por otro lado, las ametralladoras pesadas Browning de 12.7 milímetros que iban a recibir finalmente no se las enviaron porque el Gobierno de Seychelles no lo autorizó y sólo disponen de una ametralladora media MG de 7.62 milímetros.

Otras deficiencias con las que se encontraron fueron que los teléfonos vía satélite que facilitaron a cada equipo de seguridad y el visor nocturno de largo alcance no funcionaban. De hecho, a finales de noviembre la empresa de seguridad optó por retirar los teléfonos debido al mal funcionamiento. Por contra, utilizaban el visor nocturno del fusiles al no estar operativo el visor de largo alcance.

Además, este colectivo asegura que la empresa les está reemplazando por otros agentes que no han realizado el curso de adiestramiento militar que realizaron ellos en la Base Naval de La Algameca en Cartagena.

09 enero, 2010

LOS JUZGADOS DEL PAIS VASCO NO RECONOCEN "EL SINDROME DEL NORTE" A UN ESCOLTA PRIVADO

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EL NO RECONOCIMIENTO DE LA PATOLOGIA EVITA QUE PUEDA COBRAR LA PENSION MAXIMA TRAS SER APARTADO DE LA ACTIVIDAD


José San Luis, escolta aquejado de una patología psicológica, ha sido incapacitado para ejercer este empleo, pero los jueces del País Vasco no aprecian vinculación entre sus trastornos y el ejercicio de su profesión, al contrario que su psiquiatra del Servicio Vasco de Salud.

Su mirada lo dice todo: tristeza, desesperanza y hasta miedo. “Siento pánico de no poder soportar el día a día, miedo de caer”, confiesa José San Luis, de 49 años, gallego afincado en el País Vasco desde la infancia.
En su domicilio guipuzcoano, José repasa su trayectoria profesional, plagada de momentos tensos y peligrosos: 25 años dedicados a proteger a empresarios y concejales amenazados por ETA. “Ser escolta en Euskadi me ha destrozado –dice tajante–. Vivir bajo tanta tensión, siempre vigilante, me ha enfermado. He recibido amenazas etarras, y, al final, me he roto por dentro”.

El psiquiatra de este escolta, el doctor Ander Galdeano, del Servicio Vasco de Salud, diagnosticó a José San Luis hace casi dos años varios trastornos psicológicos: ansiedad generalizada (marcado nerviosismo, alta tensión muscular, palpitaciones e intensa angustia), ansiedad fóbica (conductas que acentúan la sensación de aislamiento y soledad), ansiedad paroxística (dificultades en la respiración, sensación de muerte y pérdida de control), trastorno somatomorfo (mareos y molestias digestivas tras situaciones estresantes) y trastorno depresivo recurrente (incapacidad para experimentar placer y falta de interés en cualquier actividad, tristeza con pensamientos autolesivos).
El doctor Galdeano no tiene ninguna duda –a tenor de sus informes clínicos– de que la profesión de escolta de su paciente ha sido determinante en la progresiva aparición de estos trastornos psicológicos: “Coincidiendo en el tiempo con el desarrollo prolongado de una actividad laboral en la que el estrés extremo, la exposición a situaciones continuas de amenaza para la vida, muerte y violencia han sido las notas dominantes en su vida, pierde, de una manera progresiva, pero acentuada de forma exponencial en los últimos años, la capacidad de adaptación y de engranaje con la sociedad en la que vive”.

Sin embargo, pese al diagnóstico del médico de la sanidad pública, los jueces del País Vasco no aprecian relación entre la patología psíquica de San Luis y el ejercicio de su profesión.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián declaró al escolta “en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de enfermedad común”, rechazando así la existencia de una enfermedad profesional.
El fallo ha sido confirmado recientemente por el Tribunal Superior del País Vasco, al rechazar el recurso presentado por San Luis.

En cuanto a la prestación económica, esta contingencia se traduce en una pensión vitalicia del 55 por ciento de la base reguladora. “Ahora estoy cobrando mil euros, y en activo cobraba 3.000 –dice San Luis–. No puedo volver a trabajar como escolta. Mi queja no es por dinero, que quede claro. Me parece injusto que tras haber trabajado 25 años como escolta en Euskadi, sufriendo amenazas que he demostrado y con un informe psiquiátrico muy claro, los jueces no quieran reconocerme una enfermedad laboral para no abrir así la puerta a otras reclamaciones de escoltas. Los jueces en Euskadi se quieren quitar el muerto del ‘síndrome del norte’ para los escoltas”.

El conocido como síndrome del norte es un cuadro clínico de ansiedad aguda, idéntico al estrés postraumático, que se desencadena tras un acontecimiento angustioso, como un atentado terrorista o la muerte violenta de un compañero.

Es propio de policías y guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra entre 1975 y 1990, una época donde casi cada día había muertos a manos de ETA. El Estado no reconoce esta enfermedad, y según estimaciones de sindicatos policiales, sólo a un 1 por ciento de los 15.000 agentes de ambos cuerpos que la padecen le han reconocido en los tribunales que sus trastornos mentales son consecuencia de su trabajo en “el norte”.

Los escoltas privados lo tienen aún más difícil: “En el País Vasco se pueden contar con los dedos de una mano los escoltas que tienen reconocido este síndrome”, explica Alfonso Goiri, abogado de José San Luis.

San Luis sigue un tratamiento de antidepresivos y acude con frecuencia a los servicios de urgencias aquejado de “ataques de ansiedad”.
Con el último parte médico en la mano, del pasado 30 de noviembre, recuerda sus orígenes como escolta: “Estudié mecánica naval. En 1984 comencé como guardia de seguridad en una fundición, luego ascendí a vigilante jurado, para lo que había que jurar delante del gobernador civil. Entonces éramos autoridad. Ahora no”. San Luis enseña su placa de vigilante jurado y esboza una ligera sonrisa: “Eran otros tiempos, se exigía mucha profesionalidad”.

Su paso a los servicios de protección de personas coincidió con la construcción de la autovía de Leizarán, inaugurada en 1995, tras seis años de obras. “Yo protegía al director técnico de la obra. En una ocasión, estando en el monte con seis compañeros comiendo, uno de ellos sacó su arma y me apuntó a la cabeza.


Era tal la paranoia que había con ETA que perdió el norte”, recuerda San Luis. “He protegido a concejales del PSE, como por ejemplo Alberto Rodríguez Bardón y Félix Asensio; y del PP, como Elena Azpiroz y José Manuel Aizpurúa Sánchez”, dice el ex escolta. San Luis ha acudido varias veces a dependencias de la Ertzaintza para denunciar que le han llegado balas por correo.

En otra ocasión, fue una pintada lo que denunció: en la fachada de su casa apareció la palabra cipallo –sic– (término despectivo usado para referirse a los ertzainas) junto a una diana. “Siempre he trabajado de manera policial, en contacto con las fuerzas de seguridad. Me he involucrado, no he bajado la guardia nunca.

Poco a poco, la tensión fue afectándome sin darme cuenta, hasta que mi cabeza ha explotado”, comenta San Luis, que explica: “No he recurrido la sentencia ante el Supremo porque no tengo dinero”. Si la justicia hubiera admitido el síndrome del norte, su pensión mensual podría alcanzar los 2.500 euros. Lo único que ha logrado es que la Diputación Foral de Guipúzcoa le reconozca un 48 por ciento de minusvalía.

San Luis fue escolta de rey Fahd de Arabia en Marbella. Impartió cursos sobre seguridad personal en la Comandancia de Marina de San Sebastián. Eran otros tiempos.......

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01 enero, 2010

MULTA A UNA EMPRESA POR REALIZAR LABORES DE VIGILANCIA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION Y CON PERSONAL NO HABILITADO

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LA AUDIENCIA NACIONAL RATIFICA UNA SANCION DE 150.000 € DE INTERIOR POR DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD EN TORREVIEJA, ELCHE, ALICANTE Y SANT JOAN


La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de una empresa contra una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad que en 2006 le sancionó con 150.000 euros.

El expediente administrativo que al ser recurrido ha dado lugar a esta sentencia, daba por probado que la mercantil usó personal sin la habilitación necesaria para la videovigilancia en cinco centros de una conocida cadena de grandes superficies (que no tiene ninguna responsabilidad) situados en Torrevieja, Alicante (2), Elche y Sant Joan.

La resolución confirma el expediente del Ministerio del Interior por lo que considera la comisión de una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada y del Reglamento de Seguridad Privada 1449/2000.

La investigación fue abierta a raíz de una denuncia de los propios trabajadores y se tramitó por la Unidad Provincial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial.

Sus agentes procedieron a visitar entre el 3 y el 17 de mayo los centros antes citados para constatar la denuncia. En su informe los policías constataron que la mercantil tenía "trabajadores perfectamente uniformados en las plantas de control y de videovigilancia de las cámaras".

En sus declaraciones, éstos admitieron su relación con la empresa y que "su trabajo es visionar las imágenes que proyectan en los monitores las cámaras de captación y registro de imágenes instaladas en el centro y que, en caso de observar a alguna persona que sustraiga géneros, lo comunica al servicio de seguridad, al tiempo que hace su seguimiento mediante las cámaras al objeto de informar a los vigilantes de todos los actos cometidos por la misma.

Igualmente se ocupa (el empleado) de tratar las señales de alarma que produce el sistema de seguridad electrónico contra robo e intrusión. Y, en caso de recibir alguna señala de alarma, en el teclado identifica la zona y lo comunica al servicio de seguridad". En el informe se detallaba que los trabajadores carecían de la habilitación para esta tarea.

Los agentes detallaban que la mercantil "no se encuentra inscrita como empresa de seguridad en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior", según la sentencia.

En octubre de ese año la Subdelegación del Gobierno incoó el expediente sancionador con base en un informe de la Unidad de Seguridad Privada que la sentencia califica de "concluyente y rotundo en cuanto a la posibilidad de que se realicen dichas labores en establecimientos comerciales por operadores".

La mercantil alegó que estas labores por un personal que tacha de "auxiliar" no se podía calificar de vigilancia pues estas personas, "ante un ilícito avisaban a los vigilantes para evitar un hecho delictivo".

Ver artículo en la prensa

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