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09 agosto, 2015

EL GOBIERNO NO QUIERE QUE CUALQUIERA VIGILE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Policía y Guardia Civil apoyan la creación de filtros para que no todas las empresas privadas puedan realizar  servicios  en estas instalaciones


Tras el incremento de la amenaza antiterrorista, el Ministerio del Interior se plantea implantar filtros que impidan a vigilantes poco formados, mal pagados o que no cumplan determinados requisitos estar al frente de unas instalaciones cuyo buen funcionamiento preserva la estabilidad del país.



La forma de introducir estos filtros se llevaría a cabo en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, normativa aprobada en marzo de 2014 y aún pendiente de desarrollar. El texto podría incluir una serie de criterios objetivos que algunas empresas no cumplirían, pero que ayudarían a mantener una alta calidad del servicio a modo de examen que deja fuera a los aspirantes no preparados.

Las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil ven con buenos ojos la iniciativa -promovida por dos asociaciones empresariales-, ya que son conscientes de que entre las más de 1.500 compañías que operan en el sector en España hay de todo. 

Saben que existen firmas solventes, muchas, pero también que se trata de un sector en el que abunda el intrusismo y donde los bajos precios con los que muchas sociedades ganan las licitaciones son la razón de que haya profesionales poco cualificados y que doblan turnos protegiendo las infraestructuras más sensibles del Estado. No en vano gran parte de los más de 75.000 vigilantes que hay en activo en el país no puede presumir precisamente de tener buenas condiciones laborales.

Filtros anti-empresas pirata

La implantación de estos filtros anti-empresas pirata, entienden, dejaría fuera a sociedades poco solventes, con empleados descontentos, con procedimientos judiciales abiertos o con problemas con la Seguridad Social, lo que podría generar un conflicto entre la administración y parte del sector. 

Sin embargo, desde la Policía y la Guardia Civil consideran que se trata de una medida necesaria, puesto que las infraestructuras críticas son objetivo de la amenaza yihadista, cada vez más severa para Europa en general y España en particular, y de ser atacadas se generaría un serio problema para el conjunto de los ciudadanos.

Buena muestra de esta mayor intimidación yihadista es el incremento progresivo de la alerta antiterrorista llevado a cabo por los gobiernos del continente durante los últimos años. Actualmente, España mantiene un nivel 4, lo que supone el segundo grado de alarma más extremo, un riesgo alto de que el país sea objeto de un atentado por parte de los radicales islamistas.

Este nivel supone esencialmente que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado deben reforzar la protección de las denominadas infraestructuras críticas

Entre estos centros que garantizan el normal funcionamiento de España se encuentran las centrales eléctricas, hidrológicas, petroleras y nucleares -que suministran la energía a los hogares y las empresas- o los principales núcleos de transporte aéreo, terrestre y marítimo (aeropuertos, estaciones centrales de ferrocarril, etc.).

Aunque España no es el principal foco de atención de los yihadistas en Europa, el Gobierno elevó por prudencia el nivel de alerta con el fin de activar todas las medidas de protección necesarias para cubrir la posibilidad de que el país ascendiera en la lista de objetivos de los terroristas. No en vano, España ya sufrió el 11M y los yihadistas de Al Qaeda o del ISIS siguen manteniendo sus reivindicaciones sobre Al Andalus a pesar de que no cuentan con personal que domine el idioma en su aparato de propaganda, lo que limita la posibilidad de actuar en nuestro territorio.

En Marcha el nuevo Reglamento que desarrollará la Ley de Seguridad Privada

El reglamento de la Ley de Seguridad Privada ya cuenta con un borrador aprobado por las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil que incluye 399 artículos e integra el anterior texto del mismo rango así como todas las órdenes ministeriales que existen sobre el asunto. 

Las fuentes consultadas, sin embargo, no concretan si este borrador, que ahora será revisado por los servicios jurídicos del Ministerio del Interior, incluye ya la propuesta de las asociaciones empresariales. 

Tras el examen de los expertos legales, el texto pasará al trámite de audiencia -donde estas agrupaciones, los sindicatos y cualquier afectado podrá incluir alegaciones-, antes de llegar al Congreso y al Senado. Todos estos pasos que aún quedan por andar en este camino hacen pensar que la medida difícilmente será aprobada en esta legislatura.


La iniciativa de reforzar las exigencias a las empresas de seguridad se centra en el nuevo espíritu de la Ley de Seguridad Privada

La nueva LSP entiende que las compañías privadas tienen una función complementaria a la labor que realizan la Policía y la Guardia Civil. 

Ahora, por lo tanto, los vigilantes -por concretar en su figura la labor de las empresas- ya no solo están subordinados a las fuerzas de seguridad públicas, como hasta el momento, sino que también les ayudan en su labor de protección ciudadana.

Este carácter complementario que subyace de la norma conlleva que hay funciones de la seguridad pública que pueden realizar empresas privadas, siempre que cumplan con las garantías suficientes, y da margen al Gobierno para ampliar la privatización de servicios que hasta el momento corrían a cargo de las fuerzas públicas en exclusiva. 

Este carácter complementario, por otro lado, reconoce legalmente algo que ya se estaba realizando en la práctica en escenarios como el Metro, un espacio público en el que la seguridad es responsabilidad de una empresa privada.


06 agosto, 2015

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, EL 'REY DE LA SEGURIDAD', ACUMULA UN FRAUDE AL ESTADO DE 21 MILLONES

EL DUEÑO DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA LOGRÓ CONTRATOS PÚBLICOS POR 180 MILLONES PAGANDO SALARIOS COMO DIETAS

Aun así, ADIF le ha adjudicado la seguridad de su infraestructura en Andalucía y Extremadura (Lote Sur) por un importe de 7,9 millones de euros.Los servicios contratados comprenden la vigilancia y seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y administrativos, así como en infraestructuras viarias de la Gerencia SUR (Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Cáceres y Badajoz).
 
El éxito del rey de la seguridad tenía truco


El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, empresario indultado por el Gobierno que había conseguido hacer frente a las grandes del sector en la adjudicación de contratos públicos, acumula un fraude al Estado de casi 21 millones.

Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.

La cifra resulta de sumar a las cantidades evadidas a Hacienda (nueve millones) las defraudadas en cotizaciones a la Seguridad Social (12 millones), según un informe de la Inspección de Trabajo del 15 de junio.

Desde 2011, ha recibido adjudicaciones del Estado y de varias comunidades, sobre todo Canarias, por valor de 180 millones

Ramírez, tiene ahora mismo encomendados los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa (un contrato de 32 millones), del Metro de Madrid (71 millones) o del Palacio Real (tres millones). También custodia la propia Tesorería General de la Seguridad Social a la que defrauda (2,4 millones), entre otros edificios oficiales.

Muchos de esos contratos se firmaron cuando la Agencia Tributaria ya había advertido de cuál era la estrategia de la empresa de Ramírez, Seguridad Integral Canaria, para acudir a los concursos públicos ofertando los precios más competitivos.

Estrategia para defraudar

Según un informe de diciembre de 2013, lo que hacía era pagar como si fuesen dietas de kilometraje o manutención -que están exentas de tributación y cotización- las cantidades correspondientes a las horas extras trabajadas por sus vigilantes.

El último informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas donde se investiga a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las de 2008 (480.000 euros).Quedan pendientes las de 2013, por lo que la cifra acabará siendo mayor.

Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo»

Según señaló la Agencia Tributaria en 2013, «esta forma de actuar sería, desde un punto de vista tributario, más ventajosa que otra modalidad de fraude en apariencia más grave, como es el pago de salarios en B o de forma opaca», porque además del ahorro en retenciones y cotizaciones, las cantidades pagadas son deducibles en Sociedades.

Los inspectores del Fisco añadían que «no es ajena a esta forma de actuar que Seguridad Integral Canaria sea una empresa de seguridad y que sus clientes más importantes sean administraciones públicas,obligadas a la contratación mediante concursos en los que las licitaciones se deciden, con escaso margen de discrecionalidad, a favor del postulante que ofrece mejores precios, lo que otorgaría una clara ventaja competitiva» a Ramírez. Eso es así porque el ahorro en costes salariales que consiguió fue «más que relevante».

Mientras que en otras sociedades del sector el pago de dietas alcanza un porcentaje de alrededor del 3% del total de salarios, en Seguridad Integral Canaria llega a ser de 10 veces más: un 30%, casi un tercio de la masa salarial. Para que fuera cierto, cada trabajador tendría que recorrer 11.000 kilómetros al año y generar derecho a manutención a diario.

El conocimiento de estos detalles no impidió al Gobierno concederle un indulto para evitar su ingreso en prisión

Fue condenado por un delito medioambiental que cometió al construir en un valle protegido, el Supremo revocó esa gracia momentáneamente.

Ramírez está pendiente de otro juicio por estafa y apropiación indebida por falsear -presuntamente- los datos de los servicios prestados en el Aeropuerto Sur de Tenerife para incrementar su facturación con Aena.