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17 noviembre, 2015

PODEMOS QUIERE SUSTITUIR SEGURIDAD PRIVADA POR POLICIAS QUE YA NO SIRVEN PARA PATRULLAR

El Gobierno de Madrid prevé sustituir empresas de seguridad por los agentes con más antigüedad

 

La Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid ultima un proyecto para destinar a un millar de policías a vigilar los edificios municipales. De este modo, pretende dar una salida profesional a los integrantes más veteranos del cuerpo y, al mismo tiempo, acabar de forma paulatina con los contratos de las empresas de seguridad que hacen hasta ahora esa función.

 

La presencia de los agentes en esos inmuebles se producirá gradualmente. “Tenemos más de 2.000 policías de más de 55 años que pueden cubrir perfectamente estos puestos”, señala una fuente municipal. Los mandos de la policía ven “inviable” la propuesta y temen que termine repercutiendo en la plantilla que presta servicio en la calle.


La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón al sillón de alcalde, en 2003, acabó con una práctica tradicional de la Policía Municipal de Madrid

Los edificios municipales estaban vigilados por agentes, lo que detraía gran cantidad de efectivos que podían estar prestando servicio en la calle. El entonces regidor decidió privatizar la seguridad de los inmuebles y sacar a los funcionarios a patrullar. Su razonamiento se basaba en que lo que cuesta un vigilante de seguridad es bastante menos que lo que se paga a un agente.

El actual equipo de Seguridad, con su concejal —José Javier Barbero— a la cabeza, ha ideado volver a darle la vuelta a la situación

Su intención es que los policías municipales más veteranos vayan desplazando a las empresas de seguridad conforme terminen los contratos de estas. En caso de existir alguno especialmente gravoso para las arcas municipales, se denunciaría de inmediato para que el puesto de vigilantes lo cubrieran los funcionarios.

Un asesor del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, asegura que ya disponen de un listado de 1.000 agentes que no están en puestos operativos (no patrullan o hacen labores de vigilancia) y que se podrían destinar a estas labores. “Se les puede redistribuir perfectamente para cubrir esas necesidades y de esa forma rebajar el presupuesto de empresas privadas que pagan los ciudadanos de Madrid”, mantiene el asesor. 
Serrano recuerda que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les obliga a ejercer esta vigilancia de edificios y pone como ejemplo los puestos adaptados que tiene la Guardia Civil en los inmuebles de la Comunidad de Madrid.

Los agentes que prestarán este servicio se encuentran ahora en distintos puntos, como enlaces entre las diversas unidades, en puestos de vigilancia interna o en los puestos de la emisora. “No son operativos y se van a redistribuir para afrontar este nuevo proyecto. Además, muchos de los puestos que cubren ahora están duplicados, por lo que se puede conseguir”, mantiene el asesor.

El servicio se prestaría, sobre todo, en horario de mañana y tarde. Por las noches se conectarán alarmas con las dependencias de la unidad de cada distrito. Conforme pasaran los meses, el servicio se ampliaría a más edificios.

“Tenemos más de 2.000 agentes de más de 55 años que pueden cubrir perfectamente estos puestos”, concluye el asesor. El servicio se prestaría de uniforme y con pistola.

Los mandos policiales consultados por EL PAÍS consideran “absolutamente inviable” en estos momentos la puesta en marcha de ese servicio, aunque se reduzca a la mañana y la tarde

Recuerdan que para cubrir un puesto en estos horarios se necesitan al menos tres o cuatro personas, ya que se producen bajas por enfermedad, días libres por asuntos propios y es necesario cubrir las vacaciones.

Los mandos también niegan que existan puestos duplicados en los actuales destinos de los policías llamados a cubrir los nuevos destinos. “Puede haber determinadas unidades que sí tengan algún puesto duplicado, pero la gran mayoría de ellos están vacantes porque no hay suficiente personal para cubrirlos”, asegura un mando. “Las cuentas, hoy por hoy, no salen”, resume, categórico.

Servicio ordinario

Lo que más temen en la cúpula policial es que el servicio diario se resienta cuando agentes operativos tengan que cubrir las vacantes de los que estén de baja o de permiso. “Si hay seguridad privada, la empresa nos tiene que cubrir la vacante sea como sea. El puesto en el edificio no se puede quedar vacío. En nuestro caso, puede suponer que algún policía tenga que dejar su servicio para vigilar un edificio”, aseguran varios mandos con años de experiencia. Tampoco ven lógica la instalación de alarmas o sistemas de vigilancia electrónicos, que consideran una protección escasa para el material sensible que se guarda en los edificios municipales.

Otro problema añadido es que los agentes puedan jubilarse anticipadamente, a los 60 años, como ha pedido el colectivo al Gobierno central. Eso reduciría gran parte de los efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el servicio. “Si eso ocurriera, estaríamos en otro escenario y habría que ver qué soluciones adoptábamos”, señala el asesor del director.


División entre los sindicatos

El sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, el mayoritario del cuerpo) considera adecuada la medida planteada por el nuevo equipo de la Concejalía de Seguridad, ya que la ve como una salida profesional para agentes que ya no están en condiciones de patrullar durante horas o que no aguantarían en un punto fijo mucho tiempo. “Es una salida muy digna y que puede suponer un ahorro para el Ayuntamiento”, manifiesta el portavoz de CPPM, Julián Leal.

Sin embargo, la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) niega los beneficios de esta medida y cree que no hay tantos agentes para cubrir esos puestos: “Esas cifras, hoy por hoy, no son viables. En la actualidad no hay 1.000 agentes que no estén operativos. Unos están en la emisora o en oficinas o en la vigilancia de nuestras propias dependencias”. 
Además, recuerda que parte de esos agentes no llevan arma, por lo que no serían muy eficaces a la hora de proteger un inmueble. “En el momento en que haya que recurrir a policías operativos, habrá menos gente disponible para estar en la calle”, concluye Carlos Bahón, de AMPU.

Fuente: El Pais.com
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14 noviembre, 2015

LA ASOCIACION "AVISPA" DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO DE POLA DE LAVIANA POR INTRUSISMO

El colectivo considera que existe "intrusismo profesional" y "usurpación de funciones"

 

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denunciará la contratación de vigilantes no titulados en dos eventos desarrollados recientemente por el ayuntamiento de Pola de Laviana. 

 

El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros sin la correspondiente habilitación o acreditación "supone una infracción muy grave, cuya comisión puede suponer multas de 6.001 a 30.000 euros, independientemente de las responsabilidades civiles o penales", señala el colectivo en un comunicado. 

Indica además que el ejercicio de estas funciones, especialmente en horario nocturno y en el interior de establecimientos, "corresponde en exclusiva a empresas y personal de seguridad privada".

La denuncia será presentada contra el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, la asociación a autónomos y la empresa Chapó como organizadores del "Food Truck" y "La carpa de los chollos". 

En plena madrugada, fueron identificados por la Guardia Civil varios individuos "que ejercían funciones de vigilancia y seguridad sin formación", tras comunicar los hechos el colectivo, según asegura la asociación. "Tampoco contaban con la autorización administrativa de la Delegación de Gobierno", añade. 

Estas personas se encontraban "vigilando el interior y exterior de la carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento", asevera la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias.
Fuente: Lne.es
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13 noviembre, 2015

CAE UNA RED DE TITULOS FALSOS CON LOS QUE SE ACCEDIA PUESTOS DE SEGURIDAD PRIVADA

VARIOS DIRECTIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA ESTAN IMPLICADOS EN LA TRAMA


El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser jefes, por 1.000 euros.


El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguridad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupaban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión.


En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la sociedad presidida por Miguel Ángel Ramírez

El juez les atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial

Según la resolución, el primero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de seguridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había sido confeccionado siete años después.

El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1.000 euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo título, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Tenerife la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en noviembre de ese mismo año.

La empresa nada tiene que ver en este asunto, dicen, ya que se trata de una responsabilidad personal"

Fuentes de la compañía de seguridad canaria han manifestado que "estas dos personas no tenían la obligación de tener título para los puestos que ocupaban.

Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la misma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros 10 falsos responsables de seguridad. 

Este ciudadano había creado una red de venta de títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para obtener la categoría de vigilante de seguridad.

Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de Formación Profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que falsificaban el sello de la ex ministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004.

Con estas herramientas, confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplomas” 

En concreto, el falsificador ofertaba títulos de Bachillerato por  1.000 euros y de Formación Profesional por 800

La Policía Nacional comenzó a investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le interrogó y este entregó un 'pendrive' con documentación que reflejaba claramente cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.

Fuente: El Confidencial
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11 noviembre, 2015

EL TSJ DESESTIMA EL ERE EN METRO MADRID DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

Revés judicial al empresario 'favorito' de Soria y su ERE en Metro de Madrid

 

Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, recurrirá al Tribunal Supremo el fallo del TSJM que le obliga a pagar más a sus trabajadores (indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de 20) o a readmitirlos.


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado no ajustado a derecho el despido colectivo que Seguridad Integral Canaria (empresa del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez) realizó para su plantilla que desempeñaba su función en Metro de Madrid, donde despidió a 105 trabajadores con 20 días de indemnización por año trabajado amparándose en "causas productivas y organizativas", tras un ERE que presentó el 8 de mayo. 

La demanda del sindicato independiente STS registrada el 9 de julio de este año (a la que luego se añadieron CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales) ha acabado teniendo éxito en lo que supone un nuevo palo judicial a Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, al que le une una buena relación con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y que en los últimos años ha conseguido importantes contratos en instituciones dependientes al Gobierno.

Lo que opina Ramirez
  • "Lo único que dice la sentencia es que tenemos que pagar 33 días de indemnización en vez de 20, no que el ERE se anule como asegura Comisiones Obreras"
  •  Recurriré la sentencia ante el Tribunal Supremo ya que "nuestros abogados nos dicen que el ERE estuvo bien hecho".
  • Si el Supremo ratifica esta sentencia del TSJM, asegura, habrá que readmitir a los trabajadores pero es algo que de momento no se va a hacer.  

Avelino Arroyo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad en Madrid y el que presentó la denuncia, asegura que es tan sólo uno de los casos poco claros de Integral Canaria, compañía que "ha protagonizado un crecimiento exponencial en los últimos años coincidiendo con una excelente relación con el Partido Popular".

Por su parte, CCOO ha asegurado que "en la sentencia ha quedado probado que la empresa conocía los recortes en el servicio propuesto por Metro de Madrid cuando se presentó al concurso, por tanto no hay una causa sobrevenida como alegaba, máxime cuando tenía por contrato 2 años de plazo para adaptarse a la nueva situación".

Integral Canaria fue adjudicataria en 2013 de los servicios de vigilancia y seguridad en las líneas 2, 5, 6, 10 y en Metrosur. En el momento de plantear su despido colectivo contaba con 1.314 trabajadores en la Comunidad de Madrid de los que 568 prestaban sus servicios en el metro. 

Además de Metro de Madrid, también presta servicios en Patrimonio Nacional, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra, Ministerio de Agricultura, DGT, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Patronato Sobre Discapacidad y Ministerio de Sanidad. También en alguna compañía privada, como por ejemplo Orange Espagne.

Implicado en tramas con la justicia

Se ha comentado siempre la buena relación entre Ramírez y el Partido Popular, especialmente a través del ministro canario, José Manuel Soria, quien aseguró en noviembre de 2013 que era "el concepto más puro de emprendedor que yo conozco"

Su compañía era la encargada de la seguridad en el Estadio de Gran Canaria, en el que el 23 de junio de 2014 una invasión de campo a pocos segundos del final del partido (con resultado de 1-0 que daba el ascenso al equipo insular) evidenció la falta de medios de la empresa encargada de la seguridad, Integral Canaria, en manos de Ramírez al igual que equipo 'canarión'. 

La fiscalía actuó a posteriori pidiendo información tanto a la Unión Deportiva como a la compañía perteneciente al Grupo Ralons para determinar a qué se debió esa concatenación de fallos aunque el sindicalista Arroyo lo tiene claro: "Es una forma habitual de actuar para las empresas de seguridad, que en acontecimientos deportivos especialmente suelen presentar menos efectivos de los exigidos por normativa y con menos formación".

 Ramírez, el empresario ha sido denunciado en otras ocasiones

El sindicato USO solicitó a Defensa que cancelara sus contratos con Integral Canaria por fraude a Hacienda y tambíen una presunta deuda con la Seguridad Social. 

También se solicitó al expresidente de Canarias, Paulino Rivero, que rescindiera sus contratos por el mismo motivo.

Sin embargo,continua en ascenso el crecimiento de Integral Canaria, que según fuentes sindicales anda ahora detrás de la posibilidad de obtener permiso para portar furgones blindados, en los que se trasladan "dinero, valores y mercancías preciosas".

Fuente: Vozpopuli 
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08 noviembre, 2015

¿SEGURIDAD INTELIGENTE O VIGILANTE DE SEGURIDAD?

 ESA ES LA CUESTION

 


Es muy habitual que una vez se ha decidido la instalación de un sistema de seguridad en la comunidad de vecinos surja el debate de qué tipo de vigilancia es la más adecuada para el vecindario. 


Existe una gran diversidad de sistemas sobre los que decidir por eso es necesario analizar los pros y los contras de cada uno y cuál es el que mejor se adapta a las características de las viviendas y los espacios que queremos proteger.

Uno de los dilemas que se presentan es si es necesario la contratación de un vigilante de seguridad o si por el contrario, un sistema electrónico (compuesto por cámaras de seguridad, alarmas, etc) sería el idóneo.

En este sentido hay un punto que es clave: el gasto y las derramas que suponen esta decisión

El hecho de apostar por una persona que vigile nuestras instalaciones lleva implícito un gasto extra importante para los vecinos, y no digamos si se trata de un servicio que necesitamos 24 horas que no se puede cubrir con una sola persona. Depender únicamente de un trabajador puede suponer unos riesgos que afectan directamente a la integridad de los miembros de la comunidad de vecinos y sus propietarios.

Apostar por la tecnología e innovación puede evitarnos muchos disgustos, por ejemplo, el hecho de que puedan estar controlados varios puntos del vecindario de forma simultánea a través de la videovigilancia, que exista un telemantenimiento 365 días al año durante 24 horas y algo fundamental: una prueba grabada del asalto, en el caso de que se produzca, y que pueda presentarse ante el juzgado.

Apostando por la Seguridad Inteligente evitaremos incluso que los intrusos lleguen a entrar en las zonas comunes de nuestra comunidad, pues en cuanto se detecta al extraño se produce el aviso inmediato a la Policía.

Que Opinas.....¿alarma o vigilante?

"Participa en la encuesta"


 Fuente: Pisos.com
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