Pagan por debajo del convenio y afrontan complejos procesos judiciales que al final les salen rentables
Los sindicatos que agrupan a vigilantes de seguridad llaman 'empresas pirata' a todas aquellas que se descuelgan del convenio del sector para rebajar los salarios de sus empleados, como permite la reforma laboral. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) hasta la Unión General de Trabajadores pasando por otras agrupaciones, la mayoría de colectivos se refieren a estas compañías con este término despectivo.
Seguridad
Integral Canaria, Marsegur, Sinergias de Seguridad o Alcor son algunos ejemplos de
mercantiles que han decidido pagar por debajo de convenio a sus trabajadores
para poder presentarse a los concursos con la mejor oferta. Sinergias, por
ejemplo, logró adjudicarse el servicio de vigilancia de los edificios
del Boletín Oficial del Estado (BOE) en Madrid, perteneciente al Ministerio de
Presidencia, y abona a sus empleados poco más de 700 euros al mes.
El Sindicato USO calcula
que entre Esabe, Seguridad Integral Canaria, Magasegur, Falcon, Protección
y Seguridad Galaica y LPM Seguridad han defraudado a Hacienda y a la Seguridad
Social más de 80 millones de euros, según han reconocido la propia Agencia
Tributaria y el fisco en los diferentes procesos judiciales que se siguen
contra estas compañías en los tribunales.
El caso ESABE, aunque parece haberse estancado en los tribunales -el juzgado aún está pendiente,
tres años después, del escaneo de la documentación-, supuso un varapalo
definitivo para la mercantil de seguridad privada, que no resistió el azote de
la investigación judicial y terminó quebrando. El que era su presidente, Juan
José Prados, de hecho, desapareció del mapa y aún hoy continúa
en paradero desconocido y en busca y captura. La instrucción judicial continúa
su marcha a la espera del mencionado escaneo.
También
existe otro frente judicial abierto en relación con Alcor, la empresa
responsable de vigilar las obras del AVE a Galicia o de la Y vasca. El Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga la
comisión de casi una decena de delitos por parte de los
responsables de la mercantil. En concreto, la jueza María Yanet Puga
les investiga por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad
Social y a la Hacienda pública, alzamiento de bienes,
revelación de secretos, falsedad en documento oficial, estafa y tráfico de
influencias.
En
el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa,
por su parte, aceleró a finales del pasado año la instrucción que sigue ese tribunal contra el propietario de
Seguridad Integral Canaria y presidente del club de fútbol Unión Deportiva
Las Palmas, Miguel
Ángel Ramírez. Tras el retraso en la investigación provocado
por la anterior titular del juzgado, Victoria
Rosell -que está siendo investigada precisamente por esa demora-, su sustituto
impulsó una causa que rastrea los delitos fiscales presuntamente cometidos por
el dueño de la empresa entre 2008 y 2013.
La
instrucción ha comprometido de tal modo a Ramírez que incluso puede verse
afectada la participación que tiene el dueño de Intregal Canaria en el club de
fútbol. El titular del Juzgado número 8 ha establecido una fianza
de 35 millones de euros tanto para el propietario de la
mercantil como para el administrador de la sociedad, Héctor de Armas,
y la propia sociedad. El juez ha amenazado con embargar los bienes de los tres
imputados si estos no hacen entrega del dinero. El Juzgado investiga el pago de
horas extra a los trabajadores como si fueran dietas.
Jueces,
fiscales y policías están muy concienciados de las trampas que realizan estas empresas de
seguridad privada, y en algunos casos ya están tomando medidas
Es el caso del
fiscal de la Audiencia Nacional Daniel
Campos, que durante un encuentro celebrado el pasado 4 de
noviembre en Madrid y organizado precisamente por USO explicó que el Ministerio
Público ya está promoviendo que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda
pública en el que incurren muchas de estas mercantiles sea considerado también
a mayores un delito de blanqueo de capitales, que conlleva penas más elevadas.
Además
de Campos, en la misma jornada los ponentes coincidieron en destacar que
numerosas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan
el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores por debajo de los salarios mínimos
recogidos en el convenio colectivo.
Además, aseguraron los intervinientes, las
empresas continúan concurriendo con deudas con la Seguridad Social que -según
la legislación española- únicamente deben reconocer y aplazar.
Esto sigue
pasando así porque, destacaron, España aún no ha implementado la directiva
europea que obliga a que las empresas no tengan ningún tipo de deuda, ni
siquiera reconocida, para concurrir.
El
responsable de Seguridad Privada de
USO asegura que a las empresas pirata les
compensan las multas por seguir
defraudando de modo sistemático
El
impulsor de estas investigaciones judiciales, el responsable de la Federación
de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Antonio Duarte, tiene claro que ha
entrado en esta 'guerra' en los tribunales porque los trabajadores que son
contratados por estas empresas pirata sufren una merma de su salario mensual de
300 euros en relación al sueldo que recoge el convenio y que el
propio sindicato ya ganó en los tribunales. Duarte asegura que la Inspección de
Trabajo y de Hacienda impone multas a estas mercantiles, pero que a las
empresas les compensa porque les sale rentable.
En
concreto, asegura Duarte, las compañías no pagan horas extra o las abonan como
si fueran dietas, por ejemplo, de modo sistemático, y solo en algunos casos son
multadas por ello.
La Inspección de Hacienda multó a Seguridad Integral
Canaria, recuerda el responsable de USO, con 400.000 euros por impago a la
Seguridad Social. Sin embargo, una revisión de la Fiscalía puso en
evidencia que en realidad había defraudado 850.000 euros, más del doble.
En
este caso,se descubrió porque la investigación del Ministerio Público
lo permitió, pero en la mayoría de ocasiones no hay diligencias de la Fiscalía,
con lo cual les compensa esta práctica.
En
los juzgados de lo social, añade Duarte, hay "miles de denuncias" por
impago de salarios contra estas empresas. Es una cantidad muy alta de
dinero que los trabajadores han dejado de percibir. A estos empresarios,
asegura el sindicalista, sin embargo, les compensa este modo de funcionar, ya
que muchos no denuncian, con otros se llega a un acuerdo por menos de lo que
les corresponde y solo a los que pelean en los tribunales hasta el final se les
paga lo que se les debe.
"Hay
22.000 trabajadores empleados en empresas pirata", calcula
Duarte, que indica que solo en Alcor, Integral Canaria y Esabe sumaban más de
11.000.
Fuente: El confidencial.com