DEJA UNA DOCENA
DE CONTRATOS
DESDE QUE
ANUNCIÓ EL ERE EL
PASADO NOVIEMBRE
La tercera
compañía de seguridad privada del país, Segur Ibérica, ha entrado en un proceso
de liquidación. Así lo refleja la propia sociedad en el
Registro Mercantil, donde aparece también la apertura del concurso que inició
la compañía el pasado 22 de diciembre.
La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en noviembre que en principio
-según afirmó la compañía- no iba a afectar a toda la plantilla (4.000
empleados), sino a un reducido número de trabajadores, extremo que ha quedado
ahora en evidencia al decretarse el proceso de liquidación.
La empresa, que fue presidida
por el ex-ministro Pedro Morenés antes de su entrada en el
primer Gobierno de Mariano Rajoy, es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95
millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, y cuenta con un total de 7.800 empleados.
Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido
considerablemente sus ingresos. En concreto, desde
noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40
millones de euros.
Las adjudicaciones que se ha dejado
por el camino Segur Ibérica en estos últimos cuatro meses las había otorgado Adif (12
millones de euros), Aena (11,3 millones), Acciona (5 millones), Museo del Prado
(4), Mutua Madrileña (2,1), Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2),
Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) y Media
Mark (360.000).
Todas ellas han sido ahora entregadas a
otras empresas de seguridad.
La más reciente, la del Museo del Prado,
que ha sido concedida a Prosegur, principal grupo del sector con una
facturación de 896 millones de euros en 2015.
La crisis de Segur Ibérica se
ha producido en un contexto complejo para el sector
El incremento de las denominadas empresas
pirata -llamadas así por los sindicatos por conseguir contratos presentando ofertas muy baratas a
costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo
de convenio, una práctica fomentada por
la reforma laboral- ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales
han sucumbido y acabado funcionando igual.
Entre estas últimas está Segur Ibérica,
que durante los últimos años ha optado por tirar los precios
para conseguir algunos contratos.
La principal patronal del
sector, Aproser,
paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma
laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos
sus asociados paguen por encima de convenio si quieren
seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso
abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.
La presión ejercida por Aproser
y algunas organizaciones sindicales contra las empresas piratas parece estar
empezando a ser escuchada por las administraciones públicas, que son las
principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por
algunas
La
Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de
que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los
servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la
mercantil 'pirata' Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el
sueldo a los empleados que subrogó un 40%.
La reforma de los criterios
emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la
adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos
posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación
de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por
ejemplo, acaba de ganar el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba
precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la
existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas
públicos.
En
este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales contra las empresas pirata como Seguridad Integral Canaria,
Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya
extinta Esabe, que además de tirar los
precios, según los sindicatos, han defraudado a la Seguridad Social más de 80
millones de euros, como ha reconocido la propia
Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra
estas mercantiles.
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