EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA: “ NO ES ARRIESGADO ROBAR: FIRMAS, TE ENVÍAN A TU CASA Y YA ESTÁ”

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CONVERSACIONES GRABADAS A DELINCUENTES REVELAN LA SENSACIÓN DE IMPUNIDAD DE LAS BANDAS EXTRANJERAS. LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PIDEN JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO

Guardias civiles y policías piden juzgados de crimen organizado para evitar la impunidad. «En cuanto aparece la asociación ilícita muchos jueces deciden inhibirse», dice un mando policial.

-Nicolae: «En Alemania es muy arriesgado robar, no es lo mismo que en España; en España te dan a firmar y ya está.

-M: Sí, pero al final sí que salen los juicios.

-Nicolae: Da igual porque no pasa nada, te envían a tu casa y ya está. En cambio, en Alemania a la primera metedura de pata tienes problemas.

-M: Hay que tener cuidado porque los tontos han aprendido mucho.

El texto anterior es parte de una conversación interceptada por agentes de Policía Judicial que seguían a una banda de rumanos dedicada a robos en polígonos. Los tontos a los que se refieren son los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los mismos que ven con impotencia como tras meses de investigaciones un grupo organizado de delincuentes queda en libertad nada más ser detenido, o si hay suerte en los meses siguientes.

Los criminales que viven de los hurtos, los robos con fuerza y los robos con violencia se escapan por las rendijas del sistema judicial y quienes se dedican a perseguirlos advierten de que si no se toman medidas es imposible atajar esta delincuencia que no hace más que crecer.

Conversaciones como la anterior son el pan de cada día para Policía y Guardia Civil, que plantean una serie de reformas inaplazables y apelan a una mayor implicación de Fiscalía y jueces. «Mientras estás en la fase inicial de la investigación el juez no suele poner problemas, pero cuando el asunto va engordando (una banda de asaltachalés, por ejemplo, que amplía su zona de actuación) ya surgen los primeros intentos de inhibición en otro juzgado.

Más tarde te autorizan los registros y las detenciones y es después cuando nos encontramos las dificultades. En cuanto aparece en las diligencias la asociación ilícita, su señoría abre la puerta para separar asuntos en distintos juzgados o directamente se inhibe», explica un mando de Guardia Civil.

El reciente y famoso caso Bushi o caso José Luis Moreno lo ejemplifica a la perfección. Denuncias de robos en varios juzgados y causas llevadas por separado para que uno tras otro tramiten el delito como una tentativa de robo o una mera receptación y permitan que el delincuente quede en libertad al no acumular causas.

«Si no se tipifica penalmente la mera pertenencia a una organización criminal (asociación ilícita) estamos perdidos. Hoy por hoy figura la agravante en determinados delitos como el tráfico de drogas, el blanqueo y alguno más, pero no en los robos y eso es un gravísimo error», señala un comandante acostumbrado a lidiar a diario con estas bandas. Hace años que se habla de tipificar por separado la asociación ilícita en España, tal y como recomienda la Convención de Palermo, pero tanto el Gobierno ha hecho oidos sordos.

TIRÓN DE OREJAS A ZAPATERO

La Fiscalía Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada da un tirón de orejas al Ejecutivo de Zapatero en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado. Indica que hay que castigar penalmente la delincuencia organizada en atención a los siguientes elementos:

• Pluralidad de personas; que exista una jerarquía y una división de funciones.

• Vocación de cierta permanencia temporal y actuación concertada, y a continuación propone que esos requisitos han de tener reflejo en el Código Penal.
  

En la pasada legislatura se presentó el proyecto de ley de reforma, pero la tramitación caducó y aún no se ha hecho nada.

La Fiscalía coincide con los investigadores en la necesidad de especialización de tribunales en criminalidad organizada, juzgados exclusivos tales como los creados para combatir la violencia de género, por ejemplo. Estamos ante un tipo de delincuencia -media y alta- que causa una gran alarma social y que, como se ha dicho, va en aumento, sin que la respuesta judicial sea la adecuada.

«Nos deniegan peticiones porque el juzgado está saturado; nos encontramos con el rechazo de competencia o la inhibición en otro que a veces no conoce el hecho anterior o un delito más grave, o lo que es peor la inhibición en varias sedes judiciales», concretan los investigadores. Y van más allá: ante un hurto o un robo con fuerza, que no se consideran hechos graves, algunos jueces argumentan que no pueden decretar prisión provisional o incluso autorizar una intervención telefónica.

TRASCENDENCIA MEDIÁTICA

No son sólo las decisiones judiciales. Un criterio importante de los fiscales para pedir el ingreso en prisión, tal y como han constatado los investigadores, es la trascendencia social o mediática del caso; es decir, si ha salido o es probable que vaya a aparecer en prensa (véase de nuevo el «affaire» José Luis Moreno).

En esta carrera de obstáculos, Guardia Civil y Policía echan el cierre a sus investigaciones con el día después pendiendo de un hilo y a la espera de escuchar la siguiente conversación de delincuentes en la que se burlarán del sistema que les da cobijo, como en una de las últimas interceptadas entre dos marroquíes:

M.-¿Os han sacado las huellas?

R.-No, sólo hemos firmado, todavía no hemos puesto las huellas

M.-Mañana a las doce os llevarán al Juzgado y a las doce y media os soltarán, no pasará nada. ¿Os han cogido dinero?

R.-No, no

M.-Entonces, no te preocupes que no pasará nada

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