Seguridad Privada, La dejación o relajación de responsabilidades
Desde los primeros días del mes de agosto el
descontrol en el aeropuerto de El Prat en Barcelona ha llegado mucho más
lejos de lo admisible y ha destapado un problema mucho mayor sobre la
relación del sector de la Seguridad Privada con la contratación por
parte de las Administraciones del Estado en España.
Es sabido que la dejación de responsabilidades y la falta de
decisión mientras las relaciones se van deteriorando nunca son buenas
estrategias porque los conflictos se enquistan, los perjuicios se
multiplican y, al final, hay que adoptar medidas de carácter extremo no
deseadas. Es lo que ha ocurrido en el aeropuerto de El Prat ante el
conflicto laboral del personal de los controles de seguridad y que ha
supuesto la apertura de un frente mucho más grande dentro del ámbito de
la Seguridad Privada.
Los paros
intermitentes iniciados en plena operación salida de vacaciones se
tornaron enseguida en claro conflicto de fondo que no sólo han provocado
enormes retrasos, largas colas de espera y la pérdida de miles de
vuelos, sino que también han afectado a algo tan sensible como la
seguridad, situación inadmisible en una infraestructura clasificada de
crítica y en un contexto como el actual de preocupación mundial por la
amenaza terrorista.
De ahí que AENA (Agencia Estatal de
Navegación Aérea) -la sociedad estatal titular de los aeropuertos
españoles-, la Generalitat -la Administración competente en conflictos
laborales en Cataluña- y el mismo Gobierno de la Nación tendrían que
haber actuado con prontitud y decisión antes de que el conflicto llegara
tan lejos como ha llegado en El Prat.
Una huelga que se inicia por el personal
de control de la empresa de seguridad EULEN que ha provocado el enésimo
caos veraniego en el aeropuerto lanzando un mensaje a la patronal del
sector en plenas negociaciones del convenio colectivo.
Finalmente el Ejecutivo se ha visto
obligado a adoptar unas medidas sin precedente como la de ordenar, en
medio de un puente festivo, reforzar o sustituir con efectivos de la
Guardia Civil a trabajadores en huelga para abordar un conflicto que ha
ido adquiriendo aspectos graves por la actitud intransigente y bastante
irresponsable de todas las partes implicadas, que ha terminado en la
declaración de un laudo obligatorio a través de un Consejo de Ministros
extraordinario en situación de vacaciones.
Casi nada… teniendo en cuenta
la responsabilidad y criticidad de estas infraestructuras y el hecho de
que ya el 4 de diciembre de 2010, por conflicto con los controladores
aéreos, hubo dos días de cierre total del espacio aéreo (con casi 5.000
vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo del año). El
Gobierno decretó, por primera vez en la historia, el estado de
emergencia mediante un Real Decreto "para la normalización del servicio
público esencial del transporte aéreo”.
Es momento de hablar con una visión
global del problema de la Seguridad (pública y privada), de la
responsabilidad y de la criticidad de su funcionamiento, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de todas las partes implicadas:
Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal
de Seguridad y Administraciones Públicas.
La seguridad final es un derecho
constitucional para los ciudadanos, y cualquier alcance de la
interrupción de procesos puede vulnerar ese objetivo y generar una
perturbación multiplicada que puede generar graves perjuicios y coartar
la libertad de movimiento como ha sido el caso de los conflictos en el
aeropuerto de El Prat en Barcelona.
Responsabilidades en las infraestructuras públicas
Importante número de entidades y
organismos públicos son solo un claro ejemplo, entre muchos, de los
concursos de seguridad privada adjudicados habitualmente a la baja a
empresas que, utilizando la reforma laboral, sitúan a los vigilantes al
frente de instalaciones de especial riesgo con salarios de alrededor de
700 euros mensuales y con dificultades para el abono de sus nóminas mes a
mes, todo con la complacencia y aprobación legal de las
Administraciones a todos los niveles.
Ahí está buena parte del origen del
conflicto: en la adjudicación mediante subasta de las contrataciones
públicas, una modalidad que ha llevado a algunas empresas a hacer
ofertas temerarias que no cubrían siquiera los costes laborales. Como
consecuencia, no se puede satisfacer ni el salario mínimo de convenio, y
las empresas se han ido descolgando del nacional del sector, para
pactar con sus trabajadores acuerdos mucho más desfavorables, ante la
pasividad de las administraciones públicas.
Las subastas están
provocando una reducción salarial de entre el 15% y el 30%, además de
una merma de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores.
El verdadero conflicto no ha hecho sino
empezar y las huelgas del personal de seguridad, sobre todo en
aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, se pueden convertir en
una situación común en aquellas fechas clave, como vacaciones y puentes,
en las que se registran grandes movimientos de pasajeros. Obviamente,
el conflicto tiende a extenderse al resto del país, y puede afectar a
servicios esenciales para los españoles.
En este caso, la Delegación del Gobierno
ha destacado que los servicios de seguridad de la empresa afectan a un
sector estratégico como el transporte aéreo, en que el trabajo de un
número relativamente reducido de empleados conlleva un efecto
multiplicador de tal magnitud que "técnicamente obliga a la
determinación de unos servicios mínimos superiores" en porcentaje a los
que correspondería en otra actividad. Así, ha fijado en el 90% los
servicios mínimos para la huelga de trabajadores de la empresa EULEN en
el Aeropuerto del El Prat de Barcelona cuando su protesta pasó a ser
indefinida.
Es preciso reflexionar sobre algo tan
evidente como que la seguridad en instalaciones de especial relevancia
también se garantiza velando por unas correctas condiciones laborales,
calidad de servicios y eficacia de la seguridad privada, que nunca han
sido exploradas desde el Ministerio de Fomento ni desde el Gobierno,
situación esta que, desde la contratación pública de estos servicios,
competencia del Gobierno, se precariza en la totalidad de adjudicaciones
realizadas a la baja en todo el territorio español.
Responsabilidades de las empresas de seguridad
En este caso, la empresa EULEN ha
apelado a la responsabilidad de sus trabajadores para que acepten la
propuesta de mediación “lamentando que una minoría se impusiese a la
mayoría de trabajadores”, tal y como ocurrió en la votación de la
convocatoria de huelga, donde sólo se manifestó un pequeño porcentaje de
la plantilla, según remarcaba en un comunicado.
La realidad es que precisamos de unos
nuevos concursos públicos adecuados a los servicios de seguridad que
incluyan mejoras salariales y cumplimiento de los convenios colectivos
puesto que, según recientes declaraciones empresariales “alrededor del
70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas
que no se adhieren al convenio del sector”.
La prevalencia del convenio sectorial,
una amplia revisión de la Ley de Contratos así como un plan estratégico
sobre contratación de servicios de seguridad privada que garantice
condiciones laborales y estándares de calidad suficientes, son elementos
imprescindibles para un sector que da empleo en la actualidad a más de
80.000 vigilantes y que, ante la inoperancia política y la proliferación
de empresas incompetentes e incumplidoras de las reglas del juego,
seguirá aumentando la precariedad y la conflictividad laboral sin
acometer, con la suficiente voluntad política, un cambio real de modelo
de seguridad privada en España.
Este sector se encuentra en un momento
clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del
Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa
“Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país
y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas.
Responsabilidades de los sindicatos
Los sindicatos también vienen exigiendo a
las distintas administraciones que, de manera inmediata, tomen
decisiones que resuelvan este gravísimo problema o, de no hacerlo,
asuman la creciente conflictividad que se generará en el Sector en todo
el territorio nacional.
El sindicato UGT lleva trabajando y
reivindicando en todas las instancias, tanto Estatales como Autonómicas y
Locales, la necesidad de hacer planteamientos sobre la contratación
pública de Servicios de Seguridad que garanticen una adjudicación
socialmente responsable y bajo criterios de calidad y solvencia que
eviten las nefastas consecuencias que las adjudicaciones que imponen
exclusivamente el precio más bajo están trayendo para empresas,
trabajadores y usuarios.
El conflicto de El Prat, impulsado por
UGT, y que en semanas del mes de agosto ha provocado esperas
interminables en la instalación aeroportuaria catalana, tiene, según
fuentes conocedoras del sector, raíces profundas que hacen temer su
extensión a otros aeropuertos e incluso a estaciones ferroviarias,
especialmente en períodos festivos.
Lo cierto es que 150 vigilantes han
puesto en jaque tanto a la empresa EULEN, como al sector, al Ministerio
de Fomento y a las Administraciones, alterando las vacaciones a miles de
españoles por una lamentable gestión de la crisis provocada.
En este sentido, es importante tener en
cuenta que la problemática existente en este tipo de infraestructuras
críticas en general y aeroportuarias y del transporte, en particular,
así como la que existe en el sector de seguridad privada globalmente, se
debe afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para
todo el colectivo afectado, por lo que se tendría que evitar cualquier
estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros.
Es en el ámbito de la negociación del
Convenio Colectivo Estatal donde los sindicatos están planteando y
exigiendo el reconocimiento de las mejoras salariales y sociales de
todas las categorías afectadas, así como la necesidad del reconocimiento
de determinadas situaciones específicas que hagan justicia a las
peculiaridades y exigencias con las que prestan sus servicios,
particularmente aquellos que se encuentran asignados a los definidos
como servicios esenciales o las infraestructuras críticas reconocidas en
la propia Ley de Seguridad Privada. Sin embargo, los sindicatos y la
patronal negocian este nuevo convenio colectivo con las posiciones
todavía muy alejadas.
Del mismo modo, el desacuerdo de El
Prat, que, como hemos dicho, es esencialmente consecuencia de la gestión
temeraria de concursos de la Administración, tampoco está sirviendo
para poner en marcha soluciones para el problema global de la seguridad
privada en España, en ninguno de sus escenarios posibles.
Por otra parte, el sindicato UGT se ha
solidarizado con los trabajadores de la empresa EULEN en El Prat por
haber soportado estoicamente las presiones sufridas desde el Ministerio
de Fomento donde se ha pretendido responsabilizar a los vigilantes de
una situación en la que el máximo culpable es sin duda el Gobierno y su
política de contratación.
Igualmente, UGT califica como
actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto
de El Prat, en el que el Ministro de Fomento ha utilizado como garantías
de seguridad decisiones como introducir a la Guardia Civil y el
sometimiento a un laudo, considerando que existe cierta intención de
desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un
acuerdo, ante una crisis que ha generado el propio Ejecutivo y que no ha
sido capaz de gestionar.
Por su parte, la Federación de
Trabajadores de Seguridad Privada de USO ha anunciado movilizaciones a
partir de primeros de septiembre para protestar contra la situación del
sector que, en su opinión, se encuentra "al borde del abismo". En un
comunicado, el sindicato ha apuntado que estas movilizaciones "irán
ganando en intensidad" si no hay "un cambio radical" en las actitudes de
la Administración, los clientes y la patronal, ya que actualmente una
cuarta parte del sector trabaja en empresas con salarios por debajo de
lo establecido en el convenio.
Responsabilidades del personal de seguridad privada
La plantilla del aeropuerto de El Prat,
de unos 360 vigilantes, se encuentra inmersa en un conflicto laboral con
la empresa, a quien reclama una subida salarial de hasta 350 euros por
trabajador, además de un refuerzo de personal.
Por su parte la empresa
EULEN, con mediación por parte de la Generalitat, acepta la propuesta
del gobierno catalán, que consiste en subir hasta 200 euros los sueldos y
sumar un quinto vigilante a cada filtro de seguridad (la empresa
ofrecía 155 euros, y los sindicatos reclamaban también 350 euros).
Por otro lado, la patronal y los
sindicatos están inmersos de lleno en las negociaciones para aprobar el
nuevo convenio colectivo, y la huelga en el aeropuerto barcelonés se ha
mostrado como otra forma de manifestar la preocupación de los
trabajadores.
Responsabilidades de la Administración
Estamos ante un debate abierto a
consecuencia de una mala praxis en la privatización de la seguridad por
parte de las Administraciones Públicas a fin de abaratar los servicios
que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de
seguridad con empresas privadas, en las que el criterio de adjudicación
definitivo es el precio, sin importar la incidencia que esto tiene.
Unas “ofertas a la baja” que, en muchos
de los casos, no garantizan los derechos laborales de los trabajadores
ni la adecuada prestación del servicio, situación conocida por las
Administraciones, fomentada con estas prácticas de contratación en las
que no se puede garantizar siquiera el cumplimiento del servicio
contratado a tan bajo precio.
Sin embargo, el Ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna, no parece enfocar el tema desde este punto de vista.
Sin profundizar en el conflicto, ha lanzado un "mensaje claro y
contundente" de que los procedimientos ya se han iniciado y que al
Ejecutivo no le va a "temblar la mano" a la hora de aplicar, en el marco
de la legalidad vigente, "lo que sea necesario" para garantizar la
seguridad pública y el orden en el entorno de una infraestructura
estratégica para el conjunto del país, como es el Aeropuerto de El Prat.
Por otro lado, el Ministerio del
Interior ha puesto a disposición un número "significativo" de guardias
civiles, tras aludir a la alerta terrorista y al peligro de altercados
en las colas de espera de los viajeros.
Con todo ello, el Gobierno ya ha puesto
en marcha el procedimiento para el laudo arbitral obligatorio. De la
Serna ha declarado que confía en la responsabilidad de los trabajadores,
pero ha enfatizado que el Gobierno "nunca va a permitir que millones de
españoles estén sujetos a decisiones y posturas intransigentes de unos
pocos".
Por otro lado, el Gobierno se acerca a
los representantes sindicales y responde a una de sus exigencias
mientras explica que "la situación del aeropuerto de Barcelona es
excepcional" y que la respuesta responde a la necesidad de "garantizar
el orden y la seguridad pública". "Hemos acordado abrir el proceso
arbitral porque es la última herramienta legal que nos queda para
resolver el conflicto después de que la negociación liderada por la
Generalitat fracasara", explicó de la Serna en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros extraordinario que dictaminó el laudo.
A modo de conclusiones
Hemos de tener altura de miras e
insistir en que se aplique el rigor y el discernimiento en el análisis y
atención a las peculiaridades y exigencias de las infraestructuras
especiales de las que hablamos.
Como hemos insistido, estamos inmersos
en un debate delicado sobre la privatización de la seguridad en las
Administraciones Públicas, y no podemos olvidar que abaratar los
servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios
de seguridad con empresas privadas jamás puede conllevar una pérdida de
calidad en los resultados ni, por supuesto, rebaja en la retribución
justa ni en la dignidad de las condiciones de trabajo de todos los que
se ocupan de prestaciones tan necesarias y especiales.
Para ello, es imprescindible que se
constituya un grupo de trabajo con participación de todas las partes
implicadas (sindicatos, patronales y Administración) que aborde "de
forma integral e integrada" la situación de la seguridad privada en los
servicios esenciales e infraestructuras críticas y, especialmente, las
condiciones de trabajo, formación o salarios.
Asimismo, es necesario que la nueva Ley
de Contratos del Estado "incluya la obligación de que los contratos de
las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social,
laboral y medio ambiental como criterios para la selección del
contratista", según han solicitado los sindicatos.
En cualquier caso, la actual relación en
España del sector de la Seguridad Privada, con la contratación por
parte de las Administraciones del Estado, es lamentable, y están
generalizadas las adjudicaciones basadas en el precio más bajo, con
evidentes y lamentables consecuencias.
Y son todas las partes implicadas:
Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal
de Seguridad y Administraciones Públicas, las que, de una u otra manera,
vienen haciendo dejación de sus responsabilidades
Los responsables en las INFRAESTRUCTURAS
PUBLICAS, no valorando ni defendiendo la contratación de servicios de
seguridad en condiciones adecuadas para su eficaz cumplimiento.
Las EMPRESAS DE SEGURIDAD, no
cumplidoras de la normativa y del convenio, entrando al juego del
concurso-subasta sin altura de miras para defender su profesionalidad,
prestaciones laborales o relación precio-calidad-eficacia adecuada para
cada servicio.
Los SINDICATOS, permitiendo condiciones
inadecuadas para la protección de trabajadores y cumplimiento de los
convenios en los servicios.
El PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA,
aceptando condiciones que degradan la profesionalidad o incumplen las
exigencias de especialización.
Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, no
desarrollando los planes de integración de seguridad pública-seguridad
privada, su marco sectorial y la convocatoria de concursos inadecuados o
en claro incumplimiento de convenios colectivos o de condiciones
laborales básicas.
La elaboración de presupuestos a la
baja, iniciados en los tiempos de crisis y el éxito de las 'empresas
piratas' han repercutido negativamente en salarios y jornadas laborales,
así como en cumplimiento de los servicios.
Todo ello, sin olvidar que la seguridad
privada se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro
teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han
reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y
privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan
ante los nuevos retos y amenazas, como recientemente hemos sufrido en
España por nueva agresión del terrorismo yihadista.
Retos que hemos de afrontar desde
planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo
afectado (público y privado), por lo que se tendría que evitar cualquier
estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros de
integración de las partes implicadas.
A problemas globales, soluciones globales… e imaginativas, para salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
