EL DUEÑO DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA LOGRÓ CONTRATOS PÚBLICOS POR 180 MILLONES PAGANDO SALARIOS COMO DIETAS
Aun así, ADIF le ha adjudicado la seguridad de su
infraestructura en Andalucía y Extremadura (Lote Sur) por un importe de 7,9
millones de euros.Los servicios contratados comprenden la vigilancia y
seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios
técnicos y administrativos, así como en infraestructuras viarias de la Gerencia
SUR (Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Cáceres y
Badajoz).
El éxito del rey de la seguridad tenía truco
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez,
empresario indultado por el Gobierno que había conseguido hacer frente a las
grandes del sector en la adjudicación de contratos públicos, acumula un fraude
al Estado de casi 21 millones.
Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en
salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.
La cifra resulta de sumar a las cantidades evadidas a
Hacienda (nueve millones) las defraudadas en cotizaciones a la Seguridad Social
(12 millones), según un informe de la Inspección de Trabajo del 15 de junio.
Desde 2011, ha recibido adjudicaciones del Estado y de
varias comunidades, sobre todo Canarias, por valor de 180 millones
Ramírez, tiene ahora mismo encomendados los servicios de
vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de
Defensa (un contrato de 32 millones), del Metro de Madrid (71 millones) o del
Palacio Real (tres millones). También custodia la propia Tesorería General de
la Seguridad Social a la que defrauda (2,4 millones), entre otros edificios
oficiales.
Muchos de esos contratos se firmaron cuando la Agencia
Tributaria ya había advertido de cuál era la estrategia de la empresa de
Ramírez, Seguridad Integral Canaria, para acudir a los concursos públicos
ofertando los precios más competitivos.
Estrategia para defraudar
Según un informe de diciembre de 2013, lo que hacía era
pagar como si fuesen dietas de kilometraje o manutención -que están exentas de
tributación y cotización- las cantidades correspondientes a las horas extras
trabajadas por sus vigilantes.
El último informe de la Inspección de Trabajo llegado al
Juzgado de Las Palmas donde se investiga a Ramírez por fraude fiscal y a la
Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el
sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010
(3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las
de 2008 (480.000 euros).Quedan pendientes las de 2013, por lo que la cifra
acabará siendo mayor.
Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas
y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo
defraudatorio y el dolo»
Según señaló la Agencia Tributaria en 2013, «esta forma de
actuar sería, desde un punto de vista tributario, más ventajosa que otra
modalidad de fraude en apariencia más grave, como es el pago de salarios en B o
de forma opaca», porque además del ahorro en retenciones y cotizaciones, las
cantidades pagadas son deducibles en Sociedades.
Los inspectores del Fisco añadían que «no es ajena a esta forma
de actuar que Seguridad Integral Canaria sea una empresa de seguridad y que sus
clientes más importantes sean administraciones públicas,obligadas a la
contratación mediante concursos en los que las licitaciones se deciden, con
escaso margen de discrecionalidad, a favor del postulante que ofrece mejores
precios, lo que otorgaría una clara ventaja competitiva» a Ramírez. Eso es así
porque el ahorro en costes salariales que consiguió fue «más que relevante».
Mientras que en otras sociedades del sector el pago de
dietas alcanza un porcentaje de alrededor del 3% del total de salarios, en
Seguridad Integral Canaria llega a ser de 10 veces más: un 30%, casi un tercio
de la masa salarial. Para que fuera cierto, cada trabajador tendría que
recorrer 11.000 kilómetros al año y generar derecho a manutención a diario.
El conocimiento de estos detalles no impidió al Gobierno
concederle un indulto para evitar su ingreso en prisión
Fue condenado por un delito medioambiental que cometió al
construir en un valle protegido, el Supremo revocó esa gracia momentáneamente.
Ramírez está pendiente de otro juicio por estafa y
apropiación indebida por falsear -presuntamente- los datos de los servicios
prestados en el Aeropuerto Sur de Tenerife para incrementar su facturación con
Aena.
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