EL ACTUAL MINISTRO DE DEFENSA, PEDRO MORENÉS, ERA EL PRESIDENTE DE
SEGUR IBÉRICA CUANDO ACONTECIERON LOS HECHOS QUE AHORA SE DENUNCIAN
Una agencia de detectives descubrió que se facturaron miles de horas que no se cumplieron y tras tantas horas de servicio fueron prestadas por personal sin habilitación o con placas de identidad falsas.
El
director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid ha sido
acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a
cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a
400.000 euros, mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o
realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del
Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad
Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto
encomendado.
La
denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación
para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción), domiciliada
en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y
expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente
en el cuerpo de la denuncia.
Según
el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción
número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se
acusa a Justino Marcos Benito,
jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la
obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de
estado civil” y falsedad en documento oficial”.
La
denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede
de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su
contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en
concreto con su Rector, José Carrillo,
así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro
de Defensa, Pedro Morenés,
era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se
denuncian.
“El fraude que denunciamos –informa el
denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007, siendo el rector
Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde
dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de
la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad
(Segur Ibérica, S.A.).
Es
más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa
adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel.
En
esos años, concretamente entre 2006 y 2009, Serygur, una sociedad hasta
entonces desconocida en el sector, también consiguió adjudicaciones para la vigilancia de
edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.
Según
Aspacom “el fraude cometido contra la UCM es casi tan antiguo como el mundo: cobrar servicios
que no se prestan con la connivencia de quienes deben supervisar
su cumplimiento, obteniendo un beneficio económico importantísimo a cambio
de…nada, con total impunidad y pocas posibilidades de que pueda ser
descubierto”.
Igualmente
en la denuncia añade que “la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia desde enero de 2.006 hasta octubre de 2007 (Segur
Ibérica, S.A.), no cubría el 14,70% - aproximadamente- de los servicios
contratados conforme se detallará
en el hecho siguiente.
La
operativa era bien sencilla y se veía favorecida por la dispersión de sedes de
la UCM por la ciudad de Madrid que no tienen continuidad física entre ellas: Campus de
Moncloa: 37 Facultades, Colegios Mayores e Instalaciones deportivas. Campus de
Somosaguas: 7 Facultades, Escuelas Universitarias e Institutos. Seis edificios
distribuidos por toda la ciudad: Bibliotecas, y Escuela de estudios
Empresariales, Edificio Donoso Cortés: Escuela de Biblioteca de Economía,
Escuela de Óptica, etc….”.
Para
los denunciantes “la dispersión, los diferentes turnos horarios y la
naturaleza de los servicios –en interior y exterior de edificios, en días
festivos, en periodos no lectivos etc,..- hacen muy difícil que el personal de
la Universidad no relacionado con la seguridad pueda percatarse a simple vista
de si se están realizando o no".
En
este sentido añade el escrito que “por razón de su cargo, el Director de
Seguridad -empleado de la UCM y titulado por el Ministerio del Interior para
esta función- planifica los servicios a realizar y las condiciones de su
prestación conforme al concurso adjudicado; además
es él quien debe dar el visto bueno para que se abonen las facturas a la
adjudicataria, por lo que su colaboración es absolutamente necesaria para
cometer el fraude: le basta con hacer la vista gorda”.
Falsificación de carnets y placas de vigilantes
Uno
de los aspectos en los que pone más énfasis la asociación de denunciantes es en
el hecho de las supuesta falsificaciones de hojas de servicio, carnets y
placas identificativas de vigilante de seguridad expedidos por
el Ministerio del Interior, usurpando la identidad de sus titulares.
“El
número de TIP (placa) sería el equivalente a la de los agentes de policía,
sirve para identificarse ante los ciudadanos y también para acreditar ante la
UCM y el Ministerio del Interior la identidad de los vigilantes.
Hemos
comprobado en las hojas de servicio que a un gran número de vigilantes se les asignaban diferentes
números de TIP (placa), por lo que solo cabe
la posibilidad de que hayan sido falsificadas (puesto que los
vigilantes deben llevarlas en lugar visible) o que correspondan a otro
vigilante del que se usurpa la identidad”, afirma Aspacom.
“También
-manifiesta el denunciante- hemos
comprobado mediante consulta en el BOE que muchas de las hojas de servicio
incluyen a gran número de trabajadores que nunca han llegado a ser vigilantes
de seguridad pero se les asigna un número de TIP (placa).
A
continuación se relacionan 49 trabajadores en esa situación, teniendo serias
dudas de que incluso hayan llegado a trabajar en la empresa de seguridad
adjudicataria y hayan prestado servicios en la UCM”.
Detectives privados acreditan el presunto delito
Investigación
llevada a cabo por la agencia de detectives Gestaltia, de Alicante,
analizando miles de documentos diversos y cuadrantes a lo largo de varios años
han sido la
base para verificar con datos de Seguridad Privada la presunta estafa.
Según
recoge la denuncia los detectives han acreditado que entre enero de 2006 y
octubre de 2007 Segur Ibérica facturó 186.607 horas de vigilancia, por un
importe de 16,14 €/hora –según pliego del Concurso Público-. “En este sentido
concluimos que se han facturado
27.429/h. que no han sido realizadas por un importe de 442.704,06 €”
Según
se recoge en la denuncia “si se comparan por meses las horas de vigilancia que
debían haberse realizado conforme a los pliegos del concurso (columna “horas
pliegos UCM”) y las que efectivamente se realizaron según las hojas de servicio
de los empleados (columna “horas parte UCM”). El total de horas no realizadas
suma 27.429, que a razón 16,14 €/h. suponen 442.704,06 €”.
Aspacom
estima en el 14,70% la media de horas de vigilancia no realizadas y facturadas
por Segur Ibérica
y asegura que no es una cifra producto del azar, “sino que encaja dentro de los
parámetros aproximados del 15% que se suele defraudar en los contratos públicos
en los que se cometen este tipo de irregularidades, como desgraciadamente nos
tiene acostumbrados el día a día de la corrupción que asola España”.
Asimismo
añaden que “la cuantía de lo defraudado puede multiplicarse exponencialmente si extrapolamos
los datos de estos 22 meses (enero de 2006 a octubre de 2007) al periodo
noviembre de 2007 a octubre de 2013 (setenta y dos meses), en cuyo caso nos
encontraríamos ante un fraude de 84.767,63 h. equivalentes a 1.368.149,54.-€,
todo ello sin tener en cuenta la revalorización anual del precio/hora. En total, desde el 01/01/2006 hasta el mes de octubre de
2.013, podemos encontrarnos ante un fraude de 1.810.853,60.-€.
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1 comentario:
Hola compañeros.
Todos sabemos que se adjudican contratos de servicio a dedo e incluso a empresas que no están al corriente de pago con la Seguridad Social o la Hacienda Pública como es obligado.
Pero que curioso que siempre está implicada la Administración Pública en estas adjudicaciones?.
Saludos.
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