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EL NO RECONOCIMIENTO DE LA PATOLOGIA EVITA QUE PUEDA COBRAR LA PENSION MAXIMA TRAS SER APARTADO DE LA ACTIVIDAD
José San Luis, escolta aquejado de una patología psicológica, ha sido incapacitado para ejercer este empleo, pero los jueces del País Vasco no aprecian vinculación entre sus trastornos y el ejercicio de su profesión, al contrario que su psiquiatra del Servicio Vasco de Salud.
Su mirada lo dice todo: tristeza, desesperanza y hasta miedo. “Siento pánico de no poder soportar el día a día, miedo de caer”, confiesa José San Luis, de 49 años, gallego afincado en el País Vasco desde la infancia.
En su domicilio guipuzcoano, José repasa su trayectoria profesional, plagada de momentos tensos y peligrosos: 25 años dedicados a proteger a empresarios y concejales amenazados por ETA. “Ser escolta en Euskadi me ha destrozado –dice tajante–. Vivir bajo tanta tensión, siempre vigilante, me ha enfermado. He recibido amenazas etarras, y, al final, me he roto por dentro”.
El psiquiatra de este escolta, el doctor Ander Galdeano, del Servicio Vasco de Salud, diagnosticó a José San Luis hace casi dos años varios trastornos psicológicos: ansiedad generalizada (marcado nerviosismo, alta tensión muscular, palpitaciones e intensa angustia), ansiedad fóbica (conductas que acentúan la sensación de aislamiento y soledad), ansiedad paroxística (dificultades en la respiración, sensación de muerte y pérdida de control), trastorno somatomorfo (mareos y molestias digestivas tras situaciones estresantes) y trastorno depresivo recurrente (incapacidad para experimentar placer y falta de interés en cualquier actividad, tristeza con pensamientos autolesivos).
El doctor Galdeano no tiene ninguna duda –a tenor de sus informes clínicos– de que la profesión de escolta de su paciente ha sido determinante en la progresiva aparición de estos trastornos psicológicos: “Coincidiendo en el tiempo con el desarrollo prolongado de una actividad laboral en la que el estrés extremo, la exposición a situaciones continuas de amenaza para la vida, muerte y violencia han sido las notas dominantes en su vida, pierde, de una manera progresiva, pero acentuada de forma exponencial en los últimos años, la capacidad de adaptación y de engranaje con la sociedad en la que vive”.
Sin embargo, pese al diagnóstico del médico de la sanidad pública, los jueces del País Vasco no aprecian relación entre la patología psíquica de San Luis y el ejercicio de su profesión.
El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián declaró al escolta “en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de enfermedad común”, rechazando así la existencia de una enfermedad profesional.
El fallo ha sido confirmado recientemente por el Tribunal Superior del País Vasco, al rechazar el recurso presentado por San Luis.
En cuanto a la prestación económica, esta contingencia se traduce en una pensión vitalicia del 55 por ciento de la base reguladora. “Ahora estoy cobrando mil euros, y en activo cobraba 3.000 –dice San Luis–. No puedo volver a trabajar como escolta. Mi queja no es por dinero, que quede claro. Me parece injusto que tras haber trabajado 25 años como escolta en Euskadi, sufriendo amenazas que he demostrado y con un informe psiquiátrico muy claro, los jueces no quieran reconocerme una enfermedad laboral para no abrir así la puerta a otras reclamaciones de escoltas. Los jueces en Euskadi se quieren quitar el muerto del ‘síndrome del norte’ para los escoltas”.
El conocido como síndrome del norte es un cuadro clínico de ansiedad aguda, idéntico al estrés postraumático, que se desencadena tras un acontecimiento angustioso, como un atentado terrorista o la muerte violenta de un compañero.
Es propio de policías y guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra entre 1975 y 1990, una época donde casi cada día había muertos a manos de ETA. El Estado no reconoce esta enfermedad, y según estimaciones de sindicatos policiales, sólo a un 1 por ciento de los 15.000 agentes de ambos cuerpos que la padecen le han reconocido en los tribunales que sus trastornos mentales son consecuencia de su trabajo en “el norte”.
Los escoltas privados lo tienen aún más difícil: “En el País Vasco se pueden contar con los dedos de una mano los escoltas que tienen reconocido este síndrome”, explica Alfonso Goiri, abogado de José San Luis.
San Luis sigue un tratamiento de antidepresivos y acude con frecuencia a los servicios de urgencias aquejado de “ataques de ansiedad”.
Con el último parte médico en la mano, del pasado 30 de noviembre, recuerda sus orígenes como escolta: “Estudié mecánica naval. En 1984 comencé como guardia de seguridad en una fundición, luego ascendí a vigilante jurado, para lo que había que jurar delante del gobernador civil. Entonces éramos autoridad. Ahora no”. San Luis enseña su placa de vigilante jurado y esboza una ligera sonrisa: “Eran otros tiempos, se exigía mucha profesionalidad”.
Su paso a los servicios de protección de personas coincidió con la construcción de la autovía de Leizarán, inaugurada en 1995, tras seis años de obras. “Yo protegía al director técnico de la obra. En una ocasión, estando en el monte con seis compañeros comiendo, uno de ellos sacó su arma y me apuntó a la cabeza.
Era tal la paranoia que había con ETA que perdió el norte”, recuerda San Luis. “He protegido a concejales del PSE, como por ejemplo Alberto Rodríguez Bardón y Félix Asensio; y del PP, como Elena Azpiroz y José Manuel Aizpurúa Sánchez”, dice el ex escolta. San Luis ha acudido varias veces a dependencias de la Ertzaintza para denunciar que le han llegado balas por correo.
En otra ocasión, fue una pintada lo que denunció: en la fachada de su casa apareció la palabra cipallo –sic– (término despectivo usado para referirse a los ertzainas) junto a una diana. “Siempre he trabajado de manera policial, en contacto con las fuerzas de seguridad. Me he involucrado, no he bajado la guardia nunca.
En otra ocasión, fue una pintada lo que denunció: en la fachada de su casa apareció la palabra cipallo –sic– (término despectivo usado para referirse a los ertzainas) junto a una diana. “Siempre he trabajado de manera policial, en contacto con las fuerzas de seguridad. Me he involucrado, no he bajado la guardia nunca.
Poco a poco, la tensión fue afectándome sin darme cuenta, hasta que mi cabeza ha explotado”, comenta San Luis, que explica: “No he recurrido la sentencia ante el Supremo porque no tengo dinero”. Si la justicia hubiera admitido el síndrome del norte, su pensión mensual podría alcanzar los 2.500 euros. Lo único que ha logrado es que la Diputación Foral de Guipúzcoa le reconozca un 48 por ciento de minusvalía.
San Luis fue escolta de rey Fahd de Arabia en Marbella. Impartió cursos sobre seguridad personal en la Comandancia de Marina de San Sebastián. Eran otros tiempos.......
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