11 febrero, 2017

EL DESPIDO DURANTE LA BAJA MEDICA YA ES DESPIDO NULO


COMO YA SUCEDIERA CON EL CASO DE LOS INTERINOS,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO HA VUELTO A PONER EN EVIDENCIA LA LEGISLACION LABORAL ESPAÑOLA

 

 

En esta ocasión, el juzgado de lo Social número 33 de Barcelona ha declarado nulo un despido que se produjo durante la incapacidad temporal de un trabajador (baja médica) siguiendo la resolución del tribunal europeo.

 
Se trata de un caso que marca precedente ya que, de no ser por la intervención de Europa, dicho despido hubiese sido improcedente en lugar de nulo.
 
DIFERENCIAS ENTRE DESPIDO IMPROCEDENTE Y NULO
 
Juristas Laboralistas señalan que la improcedencia de un despido y el despido nulo son radicalmente diferentes.
 
Cuando el órgano judicial declara improcedente un despido, lo hace alegando que no hubo motivo para practicarlo, o que la decisión extintiva carece de los mínimos requisitos exigibles por la Ley.
 
Frente a ello se alza la declaración de nulidad, que se basa en que el despido se practicó vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas, que ampara nuestra constitución.
 
Así pues, y es lo más relevante, son las consecuencias de tal declaración. En este sentido, si se declara la improcedencia del despido, o despido improcedente, la empresa deberá optar por readmitir al trabajador o indemnizarlo en la cuantía correspondiente al despido improcedente.
 
Sin embargo, si se declara el despido nulo, la empresa no puede optar, por lo que deberá reincorporar al trabajador en su puesto de trabajo y abonándole los salarios de tramitación.
 
Estos salarios no son más que los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en la que se notifique la sentencia. Por ello, los salarios de tramitación suelen ser bastante más elevados que cualquier indemnización.
 
Una vez visto lo anterior, y entrando a analizar la sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, de 23 de diciembre de 2016, en la que se enjuicia el despido de un cocinero accidentado de un conocido hotel
 
El origen de todo fue el accidente laboral sufrido por el citado trabajador, al resbalar, caerse y fracturarse varios huesos durante su jornada laboral.
 
Tras varias semanas en situación de incapacidad temporal, la empresa notifica al trabajador su despido disciplinario, alegando “no haber alcanzado las expectativas establecidas por la empresa ni el rendimiento que la empresa considera adecuado o idóneo para el desempeño de sus tareas en su puesto de trabajo”.
 
UNA SENTENCIA QUE MARCA PRECEDENTES
 
Pues bien, la novedad reside en que esta sentencia considera que el hecho de despedir al trabajador en situación de incapacidad temporal (baja médica) no es improcedente, sino nulo.
 
Por ello, el trabajador ha de ser reincorporado en la empresa, con idénticas condiciones de trabajo y el abono de los salarios de tramitación en caso de estimarse el despido nulo.
 
Esta sentencia, a pesar de haberse dictado por un Juzgado de primera instancia, sienta antecedentes en tanto las cuestiones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia Europeo han sido las determinantes en gran medida para obtener esta sentencia.
 
Es necesario tener en cuenta que, el Juez de primera instancia llega a la conclusión de que existe nulidad (despido realizado vulnerando Derechos constitucionales; en este caso al derecho a la integridad física y a la salud), en tanto se discrimina al trabajador por su condición de “discapacitado”, un concepto que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha calificado como aquel trabajador en situación de incapacidad temporal que presenta un carácter duradero de su incapacidad en la fecha del despido.
 
Precisamente ese es el concepto que el citado Tribunal utiliza como discapacidad a los efectos de calificar el despido como discriminatorio, y que por otro lado ya recogen la Directiva Europea 2000/78, C335/11 y C-337
 
Por ello, los despidos practicados sobre trabajadores en situación de incapacidad temporal, que previsiblemente se alarguen en el tiempo, y que puedan ser considerados como discapacitados, cuentan ya con una protección contra el despido mucho mayor que la que la actual doctrina jurisprudencial española le venía garantizando, en la que exclusivamente se estimaba la improcedencia del despido en caso de probarse que el motivo real de éste, era la situación de enfermedad.
 

05 febrero, 2017

MAFIA EN LA SEGURIDAD PRIVADA

 Empresarios pirata,Ministerios e instituciones sin escrupulos y jueces presuntamente "interesadados"

 

  • El Gobierno adjudica 22 millones de euros en 2016 al empresario de la seguridad denunciado por hundir los salarios

  • El mayor contrato se lo proporciona Defensa, que ha vuelto a concederle la vigilancia de todas sus instalaciones: 16 millones de euros

  • Empleo es el ministerio que más concursos le otorga, pese a que el Supremo y la Audiencia Nacional han anulado a Ramírez sus convenios ‘low cost’

  • Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pagan sueldos hasta un 40% por debajo del convenio del sector

 
Reunida la mesa de contratación que debe adjudicar los servicios de seguridad privada en los locales que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene en Madrid. De las 10 empresas candidatas, dos son Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, que los sindicatos califican de marcas blancas del empresario canario Miguel Ángel Ramírezcondenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico y pendiente de un nuevo indulto del Gobierno tras haber sido anulado el primero que le concedió Mariano Rajoy en 2013.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, Marsegur y Sinergias son las mejor colocadas, de forma provisional, para ganar la licitación. La tercera es Gestión Especializada de Seguridad (GES), la actual adjudicataria del servicio. Se trata de un contrato sustancioso, por importe de 1,35 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, prorrogable a dos, por lo que su valor se duplica. Las dos primeras del concurso han ofertado precios por debajo del millón.

El pasado día 10 Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada envió una carta a la Junta de Contratación de la TGSS

El sindicato le pide que adjudique el contrato a empresas que respeten el convenio colectivo del sector

No las cita, pero alerta a la junta de que Marsegur y Sinergias, entre otras, aplican salarios por debajo de convenio. Entre el 30% y 40% en el caso de las marcas blancas de Ramírez. En este servicio están empleados 37 vigilantes jurados, algunos con antigüedades que superan los 18 años. Temen, como ya ha ocurrido en otros casos, que al cambiar de empresario sus nóminas, ya de por sí escasas, pierdan más de 300 euros mensuales.

Tanto Sinergias como Marsegur llevan tiempo siendo el centro de las críticas tanto de los sindicatos como del resto de las empresas del sector que sí aplican el convenio estatal y les acusan de dumping, de competencia desleal. 

También han estado sometidas a la acción de los tribunales. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado el descuelgue del convenio estatal aprobado en su empresa de referencia, Seguridad Integral Canaria, y los convenios colectivos de Marsegur y Sinergias, negociados de forma irregular.

Empleo, a la cabeza

Pero las dudosas prácticas laborales de estas empresas no han impedido que las administraciones públicas sigan adjudicándoles contratos. 

El año pasado Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.

Salario de 660 euros y seis céntimos la hora nocturna

La jibarización de los salarios es la ventaja competitiva que exhibe Miguel Ángel Ramírez para ganar los concursos en unas empresas cuyo coste principal es la mano de obra. Incluso en su buque insignia, Seguridad Integral Canaria, los sueldos son inferiores a los fijados en el convenio nacional. Ramírez recortó las nóminas de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias a ese descuelgue del convenio estatal que fue anulado por el Supremo. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.

Es el mismo sistema que el empresario canario ha utilizado para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur. Así se garantizaba convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.
 
El de Sinergias fijaba un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.
 
Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 eurosun 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Como paga sueldos por debajo de convenio, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector

A continuacióncreó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. 

Fue Acosepri la que recurrió las bases del concurso elaboradas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado septiembre para adjudicar la vigilancia del organismo autónomo Madrid Salud. 

Los pliegos incluían por primera vez unas cláusulas sociales; es decir, las mesas de contratación deben tener en cuenta para puntuar a las empresas que éstas ofrezcan calidad y estabilidad en el empleo, fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, salvaguarden la seguridad y salud laboral, ofrezcan formación, y permitan conciliar la vida familiar y laboral.

Para esta patronal, sin embargo, esas condiciones “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”. Marsegur, que ya era la adjudicataria del contrato, pretendía que el ayuntamiento le permitiera subcontratar el servicio con Sinergias, que paga salarios aún más bajos. El Ayuntamiento no lo autorizó y el pasado noviembre le dio el contrato a Clece, la empresa de servicios del grupo ACS.
 
Adif suspende un macroconcurso

También el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de suspender el concurso con el que iba a adjudicar los servicios de seguridad para sus instalaciones en toda España. Se trata de un macrocontrato de 123 millones de euros dividido en seis lotes geográficos. Cada uno de ellos supone unos 20 millones de euros durante dos años, prorrogables a tres. 

Los sindicatos USO y CCOO recurrieron los pliegos. En el caso de USO, porque permitían que se presentaran al concurso “empresas piratas”, que no respetan las condiciones laborales del convenio del sector.

Por el contrario, otras administraciones han elegido los precios mínimos ofertados por Sinergias y Marsegur sin atender a escrúpulos sociales. El Ministerio de Cultura ha concedido a Sinergias la vigilancia de la Filmoteca Nacional; Fomento, la Agencia de Seguridad Ferroviaria y la Agencia Tributaria, la seguridad de sus embarcaciones en Canarias. También el Imserso y el Boletín Oficial del Estado (BOE). El CSIC, el INE y Segipsa han preferido a Marsegur.

Miguel Ángel Ramírez es el dueño de Ralons, en el que ya no está integrada Seguridad Integral Canaria, la empresa que fue el germen del grupo. Tampoco Sinergias ni Marsegur. 

En la primera figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas.

Historial

Ramírez está aún pendiente de juicio por un fraude fiscal y a la Seguridad Social cifrado en 13,78 millones de euros: entre 2008 y 2013 pagó a la plantilla de Seguridad Integral Canaria sus horas extraordinarias como dietas, que no tributan ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.
Por esta investigación han pasado hasta el momento tres jueces: Victoria Rosell, Salvador Alba y la actual instructora, Carla Vallejo. 

Los dos primeros terminados enzarzados por culpa del caso. Rosell, que pidió una excedencia para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos, fue acusada por el exministro José Manuel Soria de haber retrasado la instrucción por intereses personales

Alba ha sido expedientado por el CGPJ, que considera que cometió dos faltas muy graves y una grave por favorecer a Miguel Ángel Ramírez y perjudicar a Rosell. Todo ello sazonado con una grabación del empresario al juez Alba que terminó en todos los medios de comunicación.
Finalmente, la Fiscalía investiga a Ramírez porque cree que simuló su divorcio en 2015 para ocultar su patrimonio a la Justicia, según publicó en su día El País.


Fuente: Infolibre.es

28 enero, 2017

LA LICENCIA DE ARMAS C NO CADUCA Y TAMPOCO TIENE QUE SER RENOVADA

INFORME DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA-SECRETARÍA GENERAL TECNICA MIR



Contestacion al escrito de un particular,formulando consulta relacionada con la actualizacion de una licencia de armas tipo C,la Secretaria General Tecnica del MIR,previo informe de la Intervencion Central de Armas y Explosivos.


 Para dar contestación a la cuestión planteada en el escrito, se analizarán a continuación los artículos del Reglamento de Armas (en lo sucesivo R.A.), aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en relación con aquéllos del Reglamento de Seguridad Privada (en adelante R.S.P.), aprobado por el Real Decreto2364/1994, de 9 de diciembre, que afectan directamente a dicha cuestión.

El R.A., en su Capítulo V, Sección 6ª (Licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia), dispone los requisitos y condiciones que han de cumplirse para el otorgamiento de la licencia tipo C al personal de seguridad privada.


A su vez, el artículo 125 del R.A., en relación con el artículo 61.2 del R.S.P., establece que la licencia C sólo tiene validez durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad determinante de su concesión y que quedará sin efecto al cesar el personal que la tenga otorgada en el desempeño de las funciones o cargos en razón de los cuales le fueron concedidas.


Por su parte, el artículo 126 del R.A. se pronuncia del siguiente tenor literal:


1. Al cesar en su cargo o función, temporal o definitivamente, al titular de una licencia de este tipo le será retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo en el que prestan o han prestado servicios, y será entregada en la Intervención de Armas. El arma quedará depositada a disposición de la empresa, entidad u organismo propietario.

2. En los supuestos de ceses temporales, si el titular de la licencia hubiese de ocupar de nuevo un puesto de trabajo de la misma naturaleza, le será devuelta su licencia de uso de armas, cuando presente certificado o informe sobre dicho puesto, expedido de acuerdo con el artículo 122.a)”.


Teniendo en cuenta lo anterior, y en relacion con la cuestion concreta que se plantea en su escrito,cabe formular las siguientes consideraciones:
Las licencias de armas C, al contrario de lo que sucede con otras licencias, no están sometidas a un plazo de validez temporal, por tanto ni caducan ni tienen que ser renovadas, estando únicamente condicionadas al cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión –artículos 97.1 y 122 del R.A.- y al mantenimiento de éstos y de aquellos otros que el resto del ordenamiento jurídico pudiese contemplar, tales como la superación de los ejercicios de tiro anuales y de las pruebas psicotécnicas que, cada dos o cinco años, según la edad, deben realizar los titulares de estas licencias –artículos 84 y 85 del R.S.P.-, procediéndose, caso de incumplirse tales requisitos, a su revocación –artículo 97.5 del R.A.-.

Las citadas licencias no tendrán validez fuera del tiempo de prestación del servicio, función o cargo de seguridad determinante de su concesión, ni cuando sus titulares hubieren cesado temporal o definitivamente en el mismo, cualquiera que fuera la causa del cese –artículo 125 del R.A.-, procediéndose, en los casos de cese, a la retirada y depósito de la licencia en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos –artículo 126.1 del R.A.-.


A estos efectos, cuando los incisos finales de los artículos 61.2 del R.S.P. y 125 del R.A. hacen referencia a la expresión “quedará sin efecto” (la licencia), no puede interpretarse, en términos jurídicos, como sinónimo de anulación, puesto que tales incisos han de ser conjuntamente interpretados con los artículos 84 del R.S.P. y 126 del R.A., en relación con la suspensión temporal de la licencia C, debiendo entenderse, por tanto, que las licencias se encuentran temporalmente suspendidas o sin validez.


En consecuencia, cuando el personal de seguridad deje de prestar servicios con armas, por haber cesado en su cargo o función, temporal o definitivamente, la licencia de armas quedará sin efecto –no anulada-, es decir, quedará suspendida y depositada en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos hasta que su titular presente un certificado de la empresa en el que se haga constar que tiene un cometido o puesto de trabajo para el que precisa dicha licencia (artículo 126.2 del R.A.).


Ahora bien, si el cese en sus funciones deviene de la pérdida de la condición de personal de seguridad por alguna de las causas previstas en el artículo 64.1 del R.S.P., procederá la revocación de la licencia, previa la instrucción del correspondiente expediente, que deberá tramitarse de conformidad con la Ley 30/1992, de 2 de agosto, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecúan a la citada Ley las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.


De todo lo anteriormente expuesto cabe extraer las siguiente conclusiones:

El personal de seguridad privada titular de una licencia tipo C, con independencia de su situación administrativa, si tuviese depositada la misma con motivo de su cese temporal en el puesto de trabajo en razón del cual le fue concedida, estará obligado a “actualizarla”; obligación que no existirá cuando se haya producido la pérdida de la habilitación como personal de seguridad privada, la cual llevará implícita la revocación de la licencia –artículo 64 del R.S.P. y artículo 97.5 del R.A.-.

A estos efectos, “la actualización de la licencia C” consistirá en la superación de los ejercicios de tiro y de las pruebas psicotécnicas determinadas por este Ministerio, afectando dichas obligaciones tanto al personal que se encuentre prestando servicios con armas como al que las tenga depositadas en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos por haber dejado de prestarlos por cese temporal –artículos 84 y 85 del R.S.P.-.
 

La no realización o no superación de la prueba psicotécnica dará lugar a la nulidad de la licencia y, en consecuencia, a la revocación de la misma –artículo 85 del R.S.P. y artículo 97.5 del R.A.-.
 

La no realización o no superación de los ejercicios de tiro no tendrá más efecto que la suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas, caso del personal que presta sus servicios con armas, o que la misma continúe suspendida, caso de estar ya retirada por cese temporal, hasta que el ejercicio pueda llevarse a cabo con resultado positivo –artículo 84.1 del R.S.P.-.
 

En los casos de ceses temporales, para poder recuperar la licencia C -lo cual implicaría que no se ha perdido la habilitación como personal de seguridad privada- deberá acreditar la superación de la prueba psicotécnica, la del ejercicio de tiro, caso de no haberlos realizado o haberlos realizado con resultado negativo, y la presentación de un certificado o informe de la empresa en que se indique que va a prestar un servicio que exija el empleo de armas de fuego –artículo 126.2 del R.A. y artículos 84 y 85 del R.S.P.-.


Fuente: Secretaria General Tecnica MIR

02 enero, 2017

MARSEGUR SE QUEDA CON LA SEGURIDAD PRIVADA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 32 MILLONES DE EUROS

 

Objeto del Contrato: Acuerdo Marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad con y sin armas)para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

 
Una vez llevados a cabo los trámites necesarios con sujeción a la normativa vigente, la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha resuelto la adjudicación del Acuerdo Marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos a la empresa MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, S.A.
  • Valor estimado del contrato 32.000.000 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
  • Importe 18.960.000 EUR.
  • Importe (sin impuestos) 16.000.000 EUR.
  • Clasificación CPV:
    • 79710000 - Servicios de seguridad.
    • 79711000 - Servicios de vigilancia de sistemas de alarma.
    • 79713000 - Servicios de guardias de seguridad.
    • 79714000 - Servicios de vigilancia.
  • Plazo de Ejecución: 1 Año



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18 diciembre, 2016

RENOVADA LA SEGURIDAD PRIVADA EN LAS CARCELES POR 34,6 MILLONES DE EUROS

OMBUDS SE QUEDA CON TRES DE LOS CUATRO LOTES DE LA LICITACION

 

El Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de 34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900 vigilantes.


Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de funcionarios.

Refuerzo, no sustitución

De acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a los vigilantes corresponderá, además del mencionado control perimetral de las prisiones, el de los acceso -que desarrollarán «con armas de fuego»-, la observación de los circuitos cerrados de televisión y de las alarmas, incluida la correspondiente comunicación a los responsables policiales.

Habida cuenta de las particulares características de la prestación, el concurso se ha ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad» -esto es, por invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha resultado ganadora de tres de los cuatro lotes en que se dividieron los centros penitenciarios españoles ha sido Ombuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad auxiliar en ministerios como los de Defensa o el de Interior, departamento este último al que también ha suministrado escoltas para altos cargos.

Solo un conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Coviar, Sabico y Prosetecnisa.

Entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo efectiva

La cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.

Habida cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.

Fuente: abc.es
 

SEGURISA REQUERIDA POR LA INSPECCION DE TRABAJO DE VALENCIA EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

PESIMAS CONDICIONES LABORALES DE LOS VIGILANTES QUE PRESTAN SERVICIO EN ADIF

 A raiz de las denuncias (alternativasindical) donde se ponian de manifiesto  las pésimas condiciones en las que se encontraban los vigilantes de seguridad que prestan servicio en la estación del Cabañal y de la patrulla TANGO de Fuente de San Luis,(Publicado  la Inspeccion de trabajo ha actuado en consecuencia.

El inspector de trabajo actuante ha promovido sendos requerimientos contra Segurisa con el objeto de llevar las acciones correctoras debido a incumplimientos de la LPRL y del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.

Así las cosas, como ejemplo, a la patrulla TANGO deberán habilitar un espacio destinado a vestuario del personal integrante a esas patrullas. Donde puedan cambiarse de ropa y de calzado.

La zona destinada a vestuario del personal de control, deberá disponer de bancos o asientos y se garantizará la intimidad del personal que hace uso de dicho espacio.

Finalmente, se habilitará un espacio en dicho centro logístico donde el personal de control y los integrantes de las distintas patrullas puedan descansar en las interrupciones regulares de su actividad laboral y tomar en él una pequeña colación.



Fuente: Alternativa Sindical

05 diciembre, 2016

SEGUR IBERICA CONDENADA POR VULNERAR EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL

AL PERRO VIEJO TODO SE LE VUELVEN PULGAS: SANCION DE187.000 EUROS MAS LAS COSTAS

 

Segur Ibérica tendrá que indemnizar a alternativasindical con 187.000 euros más los gastos en costas por haber vulnerado la actividad sindical de Alternativa Sindical de forma continuada, desde el año 2013. 

 

Tal y como señala la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,  tendrá que indemnizar al sindicato por “daños morales derivados de la vulneración continuada del derecho fundamental de Libertad Sindical recogido en el artículo 28 de la Constitución Española”.

La sentencia es “un nuevo aviso a navegantes” 

Hay “demasiados empresarios” para los que “la democracia no existe en sus empresas” y a los que hay que recordar, a su juicio, que “la Constitución considera fundamental el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes”.  
Por tanto, alternativasindical instara a la junta consultiva de contrataciones públicas así como a los Ministerios de Defensa donde realiza el servicio de protección a los buques españoles que faenan en el Índico a rescindir de inmediato el contrato con esta empresa que, a la postre, ha sido reiteradamente condenada por vulneración de derechos fundamentales y donde algunos de sus actuales responsables están siendo actualmente investigados por presunto fraude en la formación.

03 diciembre, 2016

DESPIDO POR DENUNCIAR A LA EMPRESA

GARANTÍA DE INDEMNIDAD

 

Muchos trabajadores sufren irregularidades en el trabajo:se les paga menos de lo debido, se les paga media jornada en negro, se les atribuyen funciones para las cuales no han sido contratados, o incluso se les puede llegar a acosar moral o sexualmente. Ante estas situaciones, es posible denunciar o demandar a la empresa, pero muchos trabajadores tienen miedo a las represalias, especialmente al despido.


La garantía de indemnidad es la protección que tiene el trabajador frente a las represalias del empresario, cuando el trabajador ha ejercitado acciones judiciales o extrajudiciales contra él. Esto significa que si un trabajador presenta una denuncia en la Inspección de Trabajo, o realiza reclamaciones judiciales o extrajudiciales, el empresario no podrá despedirlo, ni sancionarlo, ni tomar medidas contra él, so pena, en caso de hacerlo, de ser condenado a la nulidad.

De esta forma, cuando el trabajador está ejerciendo acciones contra la empresa, además de luchar por los derechos que por Ley le corresponden, de alguna forma también se está blindado contra el despido, y se convierte en una persona más o menos intocable (no al 100% pero casi).

Esto es así porque la Constitución Española (CE) reconoce en su artículo 24 el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de forma que según la doctrina del Tribunal Constitucional, no solo se protege al trabajador cuando está ejercitando acciones judiciales, sino también cuando está ejerciendo acciones previas o preparatorias como pueden ser reclamaciones extrajudiciales, denuncias ante la Inspección de Trabajo, etc.

Nulidad de los despidos

Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia con fecha 12 de abril de 2013, ratificó la nulidad el despido de un trabajador, porque presentó una denuncia a la Inspección de Trabajo interesando la revisión del carácter indefinido de su prestación (ya que le estaba contratando mediante un encadenamiento fraudulento de contratos temporales).

Al declarar nulo un despido, se obliga a la empresa a readmitir al trabajador abonando los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la readmisión del trabajador. Con el despido nulo se evita que el empresario pueda pagar la indemnización por despido improcedente y quitarse de encima al trabajador.
 
Conocimiento empresarial
  
¿Qué ocurre en caso de que el empresario aún no conozca las acciones del trabajador? Por ejemplo, un trabajador denuncia al empresario a la Inspección de Trabajo, y éste antes de la visita del inspector, -y por tanto, sin tener conocimiento de la denuncia-, despide al trabajador.

En ese caso el despido no podría considerarse nulo, no se habría vulnerado el principio de indemnidad habida cuenta que el empresario aún no sabía nada sobre la denuncia del trabajador, y por tanto, el despido no podría considerarse una forma de represar.
 
Inversión de la carga de la prueba
 
No es necesario que el trabajador demuestre indubitada e indiscutiblemente que el despido ha sido causa de una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que al tratarse de una vulneración de este tipo, corresponde a la empresa demostrar que sus decisiones (un despido, por ejemplo) no están fundadas en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por tanto, el despido, sería procedente y no sería nulo, si el empresario consiguiese demostrar, por ejemplo, que el trabajador ha cometido una falta disciplinaria muy grave, como podría ser el hurto o la violencia contra un compañero. En ese caso, la decisión extintiva del empresario sería procedente y el trabajador no podría optar a indemnización.

Por lo contrario, existiendo un panorama indiciario suficiente, y sin que la empresa consiga demostrar la procedencia de su despido o medida empresarial, y que ésta se ha tomado sin vulnerar la garantía de indemnidad, el despido o medida empresaria sería declarado nulo y el empresario debería readmitir al trabajador de forma inmediata, abonando los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que ha estado fuera de la empresa.
 
 

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