26 abril, 2015

SINDICALISTA DE UGT NUEVO DIRECTOR DE RRHH EN SEGUR IBERICA

El Secretario Sectorial de Seguridad Privada en UGT,nombrado nuevo director de RRHH

Ahora, por tanto, pasará a ocupar el puesto que realmente le corresponde en la mesa negociadora del convenio representando los intereses empresariales que nunca ha dejado de defender. 


José Rafael Centeno, uno de los firmantes del convenio estatal 2015 por el cual, los vigilantes de seguridad padecemos una merma económica de 450 euros anuales, ha visto recompensado su “buen hacer” para con las patronales. 

En este caso podríamos aplicar aquello de “favor con favor se paga”.


Fuente: Alterantiva Sindical
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22 abril, 2015

VIGILANTES POR 700 € AL MES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Los VS de Marsegur en edificios del Ayuntamiento de Madrid, en condiciones laborales «de esclavitud»


Los vigilantes de seguridad del Templo de Debod cobran 700 euros brutos al mes. Ni cinco euros a la hora por custodiar un monumento con 2.200 años de historia. Su caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al Salario Mínimo Interprofesional, la reciben quienes cuidan del Museo de Historia de Madrid, el centro cultural Conde Duque y el Planetario...



Todos ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que el pasado mes de septiembre se hizo con el concurso del Ayuntamiento de Madrid para proteger 44 edificios y bibliotecas públicas durante un periodo de un año. 

Hasta entonces los miembros de la plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los 90 trabajadores, fue recortar esa cifra un 30%


La situación es similar a lo que ha pasado con los últimos contratos municipales, adjudicados a las ofertas económicas más bajas

En este caso en concreto, según las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio tenía un valor de 3,7 millones de euros, pero ya se sacó a licitación con una rebaja importante: 2,2 millones. 

A su vez, la compañía ganadora se ha comprometido a realizarlo por 1,8 millones, un 21% menos del presupuesto máximo asignado y un 50% más barato de lo que en teoría cuesta.


La traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los salarios y, como consecuencia de ella, «la gente no va a trabajar motivada y baja la productividad; además del lógico temor a nuevos recortes: "pasar de cobrar 1.000 euros a 700 euros de un mes para otro implica muchas familias endeudadas"


Más que despidos, huidas


En este momento, según José Olmo, secretario sectorial de Seguridad y Servicios Auxiliares de UGT Madrid, «lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés: quien encuentra algo mejor lógicamente se va». 

«Las empresas tiran los precios para ganar los concursos y después tienen que racanear en todo, desde la formación hasta los uniformes». 


Todo este malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue del convenio colectivo aprobado en 2013 que permite modificar las nóminas por debajo de lo establecido. 


Los sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los trabajadores incorporados después de la fecha de la firma, como es el caso de los contratados en 2014 en la concesión del Ayuntamiento. En el acto de conciliación la compañía se vio obligada a pagar la diferencia salarial, pero sólo la correspondiente a octubre y noviembre, porque entre medias el 1 de diciembre había sacado un nuevo convenio colectivo consolidando ya las bajadas. 


La empresa aún no ha abonado lo comprometido, porque ha pedido la impugnación del laudo, y los representantes de los trabajadores han seguido interponiendo demandas en el juzgado. 


Inspección de Trabajo


Aún queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por CCOO asegurando que «no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se cotizan algunas de ellas y otras se abonan como plus de productividad».


A todo esto, especial suspicacia provoca el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de la condena a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas. 

Un portavoz de la compañía, que desde enero de 2015 tiene 185 trabajadores en contratos del Ayuntamiento, defiende que las bajadas de sueldo han sido «normales»

En el equipo de la alcaldesa Botella señalan que se trata de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores
Por su parte, la edil socialista Ana García D'Atri considera que el Ayuntamiento "crea esclavos".

 Fuente: El mundo.es
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15 abril, 2015

SEGURIDAD PRIVADA CONTRA EL YIHADISMO ISLAMICO

Policía y Guardia Civil se han reunido con los responsables de más de 200 empresas


Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra el terrorismo islamista. 


Es la primera vez que se producen estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública busca la colaboración activa de la seguridad privada en el ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron los mandos de estos cuerpos a los responsables de las empresas, aunque la preparación de España para hacer frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.

El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan las Fuerzas de Seguridad. 

No en vano, tras los atentados en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en España en particular ha aumentado. De hecho, las autoridades responsables de la seguridad del Estado decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que se encuentra por encima del que sería el umbral de la tranquilidad. 

Por este motivo, el pasado miércoles, especialistas de la Policía Nacional se reunieron en el complejo de Canillas (Madrid) con más de dos centenares de representantes de empresas de seguridad privada. Al día siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, para un auditorio parecido.

En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las empresas de seguridad allí reunidas tienen importantes intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas empresas puedan obtener en territorios de máxima sensibilidad. 

Hablamos de empresas con asentamientos en países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales quieren tener cauces de comunicación directa con estas empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y que puedan ser interpretadas en clave de seguridad nacional.

Saben que esas zonas son las de influencia máxima del autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas de Al Qaeda. Y saben que esas empresas, con potentes inversiones en las zonas, disponen no sólo de sofisticados y completos despliegues de seguridad, sino que también mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas afectadas. 
Así que consideran que sus aportaciones pueden dar luz en determinados momentos sobre la incidencia terrorista en esa zona y su eco en Europa. 

Este tipo de encuentros no se habían puesto en marcha jamás. La cooperación entre el sector público y el sector privado se limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es claramente de subordinación, que la seguridad privada está obligada a participar a las autoridades de la seguridad del Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no se contemplaba hasta ahora.

Este salto, calificado de «muy importante» por los empresarios del sector, supone un cambio de tendencia importante en cuanto a la colaboración policial en materia de seguridad entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes.


Un 'ejército' privado de más de 300.000 efectivos

Es un sector en plena pujanza. Sin él sería ya difícil, más bien imposible, entender completamente la seguridad ciudadana. Porque ha copado la seguridad de instalaciones públicas casi por completo. Su última conquista, la seguridad perimetral en los centros penitenciarios. Estas empresas de seguridad privada han alcanzado niveles de eficacia elevados. Incluso, el sector de los detectives privados ha alcanzado cuotas de mercado enormes ante el alto grado de formación de sus integrantes. Son ya más de 300.000 los hombres y mujeres que forman parte de estas estructuras. La parte más importante para el Ministerio del Interior, la figura de los «directores de seguridad». Ya son casi 11.000 en toda España. Esta figura es la que potencia la coordinación.
Prevención de atentados

Pero estas jornadas tienen una segunda clave mucho más interna: la colaboración de todo el sector privado en actuaciones contra el terrorismo islamista en España. El «ejército» privado es más numerosos incluso que la suma de policías y guardias civiles, más de 300.000 miembros en seguridad privada.

Interior considera que su preparación, su ubicación (en sedes estratégicas en muchos casos) y sus «ojos» pueden y deben ser claves también en la prevención de acciones terroristas

La seguridad de edificios emblemáticos, de instalaciones públicas, de grandes centros comerciales o, incluso, de instalaciones estratégicos de telecomunicaciones o de transporte, están en manos de la seguridad privada. El control sobre ellas (sobre todo el tecnológico) está en poder de estas empresas. Y la cantidad de información que está en su poder es enorme

Los planes básicos de colaboración habitual están perfectamente establecidos y funcionan de forma casi automática desde hace años. Pero esa colaboración no se había extendido hasta ahora hacia el terrorismo. Y menos, hacia el terrorismo islamista.

El Estado quiere los «ojos» de los privados, tanto de sus agentes como de su tecnología.

Entiende que existe un flujo importante de datos y que hay que tenerlos en cuenta. Durante las jornadas celebradas esta semana, se busca crear un ambiente de coordinación en el tema más sensible. Las Fuerzas de Seguridad, sus especialistas, aportaron algunos datos operativos a las empresas de seguridad, les explicaron algunos funcionamientos de unidades especiales ante posibles atentados terroristas.

Fuente: El mundo.es

08 marzo, 2015

LA PRIVATIZACION DE LA SEGURIDAD


 
UN NEGOCIO DE 3.000 MILLONES EN EL QUE SE CRUZAN AMIGUISMO Y CORRUPCIÓN


Es un sector en el que operan 1.500 empresas y mueve más de 3.000 millones de euros al año. Pero la crisis les ha afectado y el gobierno del PP ha salido a su rescate. El negocio de la seguridad privada es tan suculento, que inevitablemente se mezcla el amiguismo y el cruce de intereses opacos.


Privatización de la vigilancia y protección de las prisiones, de centros militares sanitarios adscritos a Defensa o de las instalaciones de la Administración General del Estado, o medidas como que mancomunidades de municipios no puedan disponer de Policía Local y tengan que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”. 


La fuerte apuesta del Gobierno del PP por la privatización de la seguridad -que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas- ha puesto de manifiesto una política de amiguismo, de enchufismo y en ocasiones de corrupcióncomo en Melilla- en relación a la seguridad privada, un negocio que mueve más de 3.000 millones de euros al año.


Los datos son preocupantes: con la crisis económica y tras la desaparición de ETA, el Gobierno ha optado por la privatización de servicios públicos para que sobrevivan empresas amigas que están haciendo su negocio con la seguridad privada, a expensas de recortes en Policía y Guardia Civil, que es de lo que se quejan los sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos.


Y es que el de la seguridad privada es un suculento mercado en el que operan 1.500 empresas y que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año; pero la crisis y la desaparición de ETA les había afectado profundamente y pidieron árnica al Gobierno del PP. Rajoy y Fernández Díaz se la han concedido privatizando la seguridad de numerosos establecimientos públicos, e incluso haciendo desaparecer la Policía Local en determinados municipios pequeños en Castilla y León.


La supervivencia de 1.490 empresas de seguridad


Según los datos de Aproser, la principal patronal del sector, España contaba en 2013 con un total de 1.490 empresas de seguridad privada, de las cuales 1.273 habían sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco. En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65% del total.


Pero la cifra de negocio de empresas privadas de seguridad ya había decrecido en 2013 en relación a ediciones anteriores: los contratos habían ido descendiendo y la facturación total, también: sobre un 6,87% entre 2011 y 2013. Es decir, que se había retrocedido de una facturación de 3.215 millones de euros a 2.994 millones, y eso se nota en un sector tan sensible como éste, en el que, además, la procedencia del negocio se hallaba entonces en un 78% en el sector privado y sólo en un 22% en el sector público.

Un ejército privado de guardias armados


Según datos oficiales, en diciembre de 2012 había en España un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales sólo 82.150 estaban en activo

Paralelamente, en el sector público había un total de 241.791 agentes, de los cuales 80.300 pertenecían a la Guardia Civil, 70.733 a la Policía Nacional, 64.500 a la Policía Local, 17.160 a los Mossos d’Esquadra (Cataluña), 8.008 a la Ertzaintza y 1.090 a la Policía Foral de Navarra. Como se ve, las cifras globales son muy similares entre el total de unos y de otros.

La crisis en la seguridad privada era un hecho y en 2013 

El Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja –por ejemplo, en el Grupo Eulen, ahora con problemas con la justicia en Melilla- hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar, como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y numerosos nombres más.


Ya en 2013, según datos del propio gobierno, el Ejecutivo de Rajoy concedió nada menos que un total de 224.094 contratos sólo en vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) a sólo 32 empresas de seguridad.


Según la documentación remitida por el Ministerio del Interior al diputado socialista Juan Carlos Corcuera, Securitas Direct España fue la receptora del mayor número de contratos con la Administración General del Estado, con un total de 130.282; le seguía Prosegur España, con 22.725 contratos; Tyco Integrated Security, con 9.026; Detector De Seguimiento y Transmisión, con 8.076; Segur Control, con 5.091, o Ralset Seguridad, S.L., con 4.590.


En total, y en definitiva, 224.094 contratos que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente. La cifra asciende a 250.000 contratos públicos si tenemos en cuenta otros documentos gubernamentales remitidos al Congreso en los que amplía la lista de contrataciones hasta 50 empresas; es decir, 18 más de las aquí relacionadas.

La importancia de tener amigos


Ahora bien, los sindicatos de clase denuncian que, pese al volumen de contratación, las empresas beneficiarias del Gobierno han llegado incluso a incumplir el convenio colectivo del sector, con pagos de salarios mínimos


Citan como ejemplo a Securitas Seguridad (2.165 contratos) y Cyrasa (1.226). Y como dato curioso hay que señalar que Securitas Seguridad, por ejemplo, obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales: ese aeropuerto fantasma que puso en marcha el condenado Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. El contrato se lo otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía el propio Fabra.


Por esas y otras razones, los sindicatos están que trinan, y no sólo los policiales. Según fuentes sindicales, en estos contratos promovidos por el gobierno del PP ni se ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos ni se les ha exigido que mantengan las plantillas

UGT ha denunciado, por ejemplo, cómo días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores asignara un contrato de dos millones a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla.


Prosegur, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725 contratos con la Administración General  y recibe un excelente trato por el gobierno del PP. 

Los sindicatos citan las buenas relaciones que Revoredo y sus hijos Chistian y Chantal mantienen con el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo.


Es público que Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y ¡en la sede de varias unidades del Ejército!


Pero nada de esto es extraño: las relaciones con el PP siempre fueron buenas, dado que la presidencia de esta empresa fue ocupada en diversos periodos por los exministros Rodolfo Martín Villa y Rafael Arias Salgado. 

Y también es público que José María Mayor Oreja, hermano de Jaime, exministro de Interior de Aznar, facilitó en su momento la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado.

La privatización de la seguridad en las cárceles


Pero nada de lo anterior parecía bastar para un sector que entró en doble crisis –la económica y la desaparición del terrorismo etarra- y, tal vez por la presión constante de esas empresas, el Gobierno de Rajoy ha venido abriendo nuevos caminos –es decir, nuevos espacios de negocio- para la seguridad privada, como la decisión adoptada hace unas fechas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de privatizar la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.


En ese punto, asociaciones como la Unión de Guardias Civiles (Unión GC) están que trinan y han denunciado cómo el Gobierno del PP abre el negocio a lo privado mientras la plantilla de la Guardia Civil ha descendido en 7.000 guardias en los últimos años y se les comunica que “no es posible rejuvenecer el parque móvil por falta de partida presupuestaria”, con vehículos con más de 200.000 km. y otros con más de diez años que suman ya el 30% del total. “Pero sí es posible la privatización de 67 prisiones de competencia estatal y la integración de 800 vigilantes de seguridad”, dicen.


En ese punto, diversas asociaciones de la Benemérita, como Unión GC y AUGC, han calculado encarecimientos cercanos al 200% en la seguridad exterior de las prisiones con esta privatización, además de complicar en gran medida los protocolos policiales de actuación, que deben integrar una nueva figura como es la del vigilante privado.

La familia Mayor Oreja y el ministro Morenés


Además, Unión GC ha denunciado directamente la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas y en mayor medida a Ombuds que, dicen ellos, “algo tiene que ver con el ex ministro Mayor Oreja y también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés”. 

En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga.


Unión GC también ha denunciado que otra no menos importante, Segur Ibérica, “también parece cercana al actual ministro Morenés, además de otras empresas pantalla que de una u otra forma rendirán primeramente servicio a su consejo de administración y en segunda medida prestaran un servicio público con lo sobrante”.


En definitiva, que en las fuerzas de seguridad no sentó muy bien que el Gobierno firmara en 2014 un primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada, lo que supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil.

Añade Unión GC: “Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández Díaz”.


Y es que Interior consiguió la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobby Círculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza. De ahí la cita de las asociaciones de guardias civiles a esta empresaria.


Con el Grupo Eulén, que ahora se investiga en Melilla, se citan las excelentes relaciones con el mismo de la familia Mayor Oreja y hasta el que fuera director general de la Policía con Aznar, Juan Cotino.


En Segur Ibérica, que ha obtenido un buen número de contratos públicos de todo tipo, figuró como presidente el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Bueno, en realidad, las buenas relaciones de Morenés se hallan más bien con el sector naval (en enero de 2009 presidió el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte), y el armamentístico: fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA, así como consejero de Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo.


Rizar el rizo: la desaparición de la Policía Local


La última en esta manía privatizadora de la seguridad ha sido la decisión adoptada a finales del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual las mancomunidades de municipios de Castilla y León no podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”, según publicó el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de septiembre.



Fuente: Vozpopuli

01 marzo, 2015

SEGUR IBERICA CONDENADA POR VULNERACION DE LA LIBERTAD SINDICAL


NEGABA INFORMACIÓN DEBIDA A UN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES


El Juzgado  de lo Social 7 de Madrid ha sentenciado  al cese de la conducta infractora e indemnización por daños morales.



Segur Ibérica venia negando de forma reiterada cierta información debida  al Delegado Sindical de Alternativa Sindical, vulnerando así un derecho fundamental debido a “una tosca y contumaz labor obstruccionista....respecto de las prerrogativas legales  de las que goza un Delegado Sindical”, según dice la sentencia en su tenor literal.


La sentencia contra Segur Ibérica ha fallado a favor del Delegado Sindical, condenando a la empresa al cese de la conducta infractora e inmediata puesta a disposición de la información reclamada, así como a indemnizar al demandante con 6250 € por daños morales.



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