16 julio, 2016

RECLAMACION DE COMPLEMENTOS VARIABLES DURANTE EL MES DE VACACIONES

CONVIENE ESPERAR EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO ANTES DE INTERPONER DEMANDAS DE CANTIDAD

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,en su momento, falló a favor de que todos los trabajadores del sector perciban, durante el mes de vacaciones, la media de los últimos 12 meses de todos los conceptos salariales y/o pluses variables y que se vienen  cobrando en cualquier otro mes del año, dando derecho a reclamar, como mínimo, el ultimo año. (Ver Sentencia)

El caso es que la citada sentencia de la AN, en un principio fue recurrida ante el Tribunal Supremo por parte de las patronales APROSER y FES.
Posteriormente, APROSER desistió del recurso de casación ante el TS, pero la asociación empresarial FES lo sigue manteniendo, por tanto, hasta que no halla fallo sobre el recurso, no se conocerá con exactitud el periodo de tiempo para interponer las demandas de reclamación de cantidad al respecto.
Así las cosas, gran parte del sector ya preparando la interposición de demandas y quizás sea esta una acción precipitada.
Con el panorama actual lo recomendable es esperar en atención a las siguientes consideraciones
1.- La Sala de lo social del TS tiene que estimar o desestimar el recurso de casación interpuesto por FES. En caso de ser desestimado, los trabajadores dispondrían de un año retroactivo desde la fecha del fallo del recurso.
2.-  Se especula con la posibilidad de poder reclamar desde el año  2012 en adelante, pero lo cierto es que pertenece al TS cuando falle en sentencia de casación determinar el tiempo retroactivo de reclamación.
3.- Por lo expuesto en los dos puntos anteriores, es lógico pensar que interponer demandas en este momento seria precipitarse y trabajar en vano 
Es preferible esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo, habida cuenta de que cualquier demanda que se interponga, a día de hoy, será archivada provisionalmente por el juzgado de lo social que corresponda, a la espera, también, de lo que diga en fallo el Alto tribunal.

14 julio, 2016

UN ROBOT DISEÑADO PARA SER VIGILANTE DE SEGURIDAD

 
Ramsee, HA SIDO DISEÑADO PARA PATRULLAR POR DIFERENTES ESPACIOS
 

 

La evolución en el ámbito de la robótica que hemos experimentado en los últimos años ha hecho saltar las alarmas para buena parte de los trabajadores.

 
En la actualidad hay robots que están capacitados para llevar a cabo infinidad de actividades que les permiten ejercer diferentes profesiones de una manera más eficiente que los operarios humanos. Tanto es así que un reciente estudio de la Universidad de Rice en Houston vaticina que para el año 2045 la mitad de los empleos los desempeñarán los androides.
 
Ahora son los vigilantes de seguridad los que tienen que preocuparse por la competencia de los robots

Gamma 2 Robotics, una compañía con sede en Colorado (Estados Unidos), ha desarrollado un androide especialmente diseñado para patrullar en diferentes espacios.

Se trata de un sistema completo y autónomo preparado para efectuar cualquier tipo de vigilancia. La máquina está equipada con ruedas y un motor para desplazarse sin dificultad sobre cualquier superficie.

Cuenta con una cámara integrada que tiene visión infrarroja y puede grabar vídeo en 360 grados. Dispone de conexión a internet para poder enviar las imágenes en tiempo real, así como notificaciones y alertas. con diversos sensores que le permiten detectar el movimiento, el calor, el fuego, el humo o el gas, entre otros ejemplos.

"Ramsee va a cambiar el mundo de la seguridad, ya que nunca descansa y su coste es mucho inferior al de otros servicios de seguridad", aseguran sus creadores.

No obstante, el fabricante no pretende que este robot sustituya a los vigilantes de seguridad, sino que piensa que es el compañero perfecto para los humanos, "es ideal para las patrullas aburridas, sucias y peligrosas durante la noche que nadie quiere hacer"

05 julio, 2016

SERVISECURITAS SANCIONADA POR INTRUSISMO

30.000€ de multa por ejercer funciones de seguridad privada sin habilitación

 

 

El Ministerio del Interior ha impuesto una multa de 30.001 euros a la empresa Servicios Securitas S.A. (Servisecuritas) por asumir las labores de seguridad en el Centro Comercial El Trompo de La Orotava (Tenerife) sin estar habilitada para ello, lo que está tipificado como una falta muy grave. Ahora la Audiencia Nacional ha ratificado la multa al considerar que la denominación utilizada en el uniforme de quien prestaba estos servicios inducía a confusión.

 

 
"Cualquier persona que se cruce con un empleado uniformado, de la manera que la sentencia declara probado, con el logo utilizado tiende de forma lógica a pensar que el que viste como un empleado de seguridad, presta servicios de seguridad, y sobre esa uniformidad va una denominación social, que sin perjuicio del objeto social, lleva la palabra seguridad".

La trabajadora denunciada indicó que disponía de un teléfono móvil que, cuando concluye su turno, pasa al vigilante que sí estaba facultado para prestar estos servicios. La Audiencia Nacional apunta que carece de todo sentido, que teniendo funciones absolutamente diferentes y trabajando para empresas distintas, sin embargo, usen el mismo terminal móvil.

Pero además, se disponía de una emisora para la realización de estas labores que utilizaba la misma frecuencia que el vigilante de seguridad que prestaba sus servicios por la noche.

La persona denunciada declaró que sus funciones consisten, en caso de altercado, en llamar a la Guardia Civil o a la Policía Local, según corresponda.

"Hemos de convenir en que el sentido común indica que discriminar entre llamar a la Guardia Civil o a la Policía Local, según el altercado, parece propio de quien posee conocimientos específicos de cuestiones de seguridad y por tanto de quien desarrolla funciones que profesionalmente le permiten distinguir cuando hay que llamar a un Cuerpo de seguridad o a otro".
 

Igualmente, se señala en el fallo judicial que la persona denunciada señaló que entre las actividades ejercidas se encuentra estar por el centro, lo que obviamente conlleva funciones de permanencia y recorrido por el establecimiento. Por lo tanto se supone que también previene cualquier altercado o situación anómala que se pueda producir y dispone tanto de las instrucciones como de los medios, emisora de radio y teléfono móvil, necesarios para tratar de solventarlos con rapidez.

 
La Audiencia Nacional recuerda que ya en otras ocasiones se le ha impuesto una multa a esta empresa por idénticos motivos

Cubrir una apariencia haciéndose pasar por una compañía que presta otro tipo de servicios pero que en realidad se trata de seguridad.


"De esta forma accede al mercado, al eludir las responsabilidades y obligaciones propias de una empresa de esta naturaleza, con clara ventaja sobre las que cumplen escrupulosamente lo dispuesto en la legislación vigente", se indica por último.

Fuente: el diario.es

02 julio, 2016

EL SUPREMO TUMBA EL INDULTO DEL GOBIERNO AL CAPO DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Anula la medida de gracia que concedió el Gobierno de Rajoy al empresario de seguridad que ha conseguido más contratos en la legislatura. 


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del Club de Futbol Unión Deportiva Las Palmas.



Según consta en la sentencia, los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.

El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitio a Ramirez evitar la cárcel

La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel

El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.
La relación con el ministro Soria

El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente a Ramírez. 

Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto. 
Además de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Como es sabido,el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes

En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.
Investigacion Por Delito Fiscal

En el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.
Con todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del Ejecutivo. 

El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros.  

La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda. 

26 junio, 2016

NACE LA PROVINCIAL DE ALTERNATIVA SINDICAL EN SEVILLA


UN PASO DE GIGANTE


 

 Alternativa Sindical,con presencia en las capitales más importantes del país: Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, A Coruña, Las Palmas y Bilbao; da un paso de gigante instalandose tambien en Sevilla.

 

La constitución de la Provincial de Sevilla cuenta con el gran conocimiento en el sector de compañeros procedentes de otras centrales sindicales de clase y que llevan años trabajando en el sector y dedicados a la actividad sindical del mismo. 

El sindicato espera el apoyo de muchos compañeros para hacerse fuerte en Sevilla, lo cual, ademas repercutirá  a nivel nacional para poder seguir creciendo y hacer frente al sindicalismo rancio y descafeinado de los  sindicatos de clase.

En su nueva andadura Sevillana, además de casi la totalidad de la plantilla de Segur Ibérica, ya cuentan con la confianza de trabajadores de otras empresas que esperaban la presencia de Alternativa Sindical en la ciudad, conocedores de la capacidad de reacción de este sindicato profesional ante la ambigüedad sindical existente.

Alternativasindical ya es una realidad en Sevilla, y por eso, cualquier interesado que tenga la habilitación y quiera unirse al nuevo proyecto de esta organización será bienvenido:

Coordinador Provincial: 

Coordinador de Organización

Correo Electronico: 

22 junio, 2016

OFERTA DE EMPLEO

20 VACANTES PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD

 

Multinacional líder en su sector necesita incorporar Vigilantes de Seguridad en la zona de San Roque (Cádiz).

 

21 junio, 2016

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA ANTE LAS ELECCIONES DEL 26J

CINCO PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS


El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, órgano de actuación formado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector de la seguridad privada, marca a los partidos cinco prioridades legislativas y reglamentarias para el sector ante las elecciones del próximo domingo, entre las que se incluye el desarrollo de un modelo de formación profesional para los futuros profesionales y la trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública.


Así lo señalan en un comunicado conjunto las principales organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, CC.OO. de Construcción y Servicios y FTSP-USO) y empresariales (Aproser y UAS), en el que coinciden en la necesidad del desarrollo del sector de la seguridad privada "con un empleo de calidad respetuoso con los derechos de los trabajadores", que permita competir a las empresas "en condiciones de igualdad y que contribuya de una forma mas eficaz a la seguridad de los ciudadanos".
Por ello, el observatorio pide que España concluya el proceso de trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública para que sus posibilidades de "exigencia del respeto de los convenios colectivos, la adjudicación teniendo en cuenta criterios cualitativos, y la máxima exigencia en la ejecución de los contratos" sean incorporadas a la normativa nacional de contratación pública.
"La remisión de una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea instando a España a adoptar esta norma no debiera, en modo alguno, hurtar el legítimo debate parlamentario en el que poder transmitir a la mayor brevedad a los representantes de las diversas fuerzas políticas los planteamientos comunes en relación con una contratación pública innovadora y socialmente responsable", defiende.

También reclama la generación de un empleo "de calidad", lo que implica "ajustar" el Estatuto de los trabajadores previendo, al menos para los sectores intensivos en mano de obra, una normativa "diferenciada" en relación con los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.
Además, ve "esencial" establecer la responsabilidad subsidiaria del cliente al menos en el caso de las administraciones públicas, por los procesos de adjudicación realizados a empresas "no respetuosas" con la normativa cuando hayan sido informadas de tales incumplimientos durante la prestación de los servicios.
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada valora la Ley de Seguridad Privada de 2014 por haber incorporado una "visión amplia" del intrusismo, si bien apunta que sigue sin haberse aprobado el reglamento de desarrollo de dicha norma, por lo que "las posibilidades abiertas por la ley no han sido aprovechadas".
No obstante, apunta a este respecto que la ausencia de un desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada no constituye "obstáculo" alguno para que el Ministerio de Educación avance "realmente" en el desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con "las capacidades y habilidades precisas" para los nuevos retos.

Fuente: La Vanguardia.com

19 mayo, 2016

LAS “EMPRESAS PIRATA” DE SEGURIDAD SE TOPAN CON LOS TRIBUNALES

Pagan por debajo del convenio y afrontan complejos procesos judiciales que al final les salen rentables

 

Los sindicatos que agrupan a vigilantes de seguridad llaman 'empresas pirata' a todas aquellas que se descuelgan del convenio del sector para rebajar los salarios de sus empleados, como permite la reforma laboral. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) hasta la Unión General de Trabajadores pasando por otras agrupaciones, la mayoría de colectivos se refieren a estas compañías con este término despectivo. 

 
Seguridad Integral Canaria, Marsegur, Sinergias de Seguridad o Alcor son algunos ejemplos de mercantiles que han decidido pagar por debajo de convenio a sus trabajadores para poder presentarse a los concursos con la mejor oferta. Sinergias, por ejemplo, logró adjudicarse el servicio de vigilancia de los edificios del Boletín Oficial del Estado (BOE) en Madrid, perteneciente al Ministerio de Presidencia, y abona a sus empleados poco más de 700 euros al mes.
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El Sindicato USO calcula que entre Esabe, Seguridad Integral Canaria, Magasegur, Falcon, Protección y Seguridad Galaica y LPM Seguridad han defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, según han reconocido la propia Agencia Tributaria y el fisco en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas compañías en los tribunales.
El caso ESABE, aunque parece haberse estancado en los tribunales -el juzgado aún está pendiente, tres años después, del escaneo de la documentación-, supuso un varapalo definitivo para la mercantil de seguridad privada, que no resistió el azote de la investigación judicial y terminó quebrando. El que era su presidente, Juan José Prados, de hecho, desapareció del mapa y aún hoy continúa en paradero desconocido y en busca y captura. La instrucción judicial continúa su marcha a la espera del mencionado escaneo.
 
También existe otro frente judicial abierto en relación con Alcor, la empresa responsable de vigilar las obras del AVE a Galicia o de la Y vasca. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga la comisión de casi una decena de delitos por parte de los responsables de la mercantil. En concreto, la jueza María Yanet Puga les investiga por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, estafa y tráfico de influencias.
 
En el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, por su parte, aceleró a finales del pasado año la instrucción que sigue ese tribunal contra el propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Tras el retraso en la investigación provocado por la anterior titular del juzgado, Victoria Rosell -que está siendo investigada precisamente por esa demora-, su sustituto impulsó una causa que rastrea los delitos fiscales presuntamente cometidos por el dueño de la empresa entre 2008 y 2013.
 
La instrucción ha comprometido de tal modo a Ramírez que incluso puede verse afectada la participación que tiene el dueño de Intregal Canaria en el club de fútbol. El titular del Juzgado número 8 ha establecido una fianza de 35 millones de euros tanto para el propietario de la mercantil como para el administrador de la sociedad, Héctor de Armas, y la propia sociedad. El juez ha amenazado con embargar los bienes de los tres imputados si estos no hacen entrega del dinero. El Juzgado investiga el pago de horas extra a los trabajadores como si fueran dietas.
 
Jueces, fiscales y policías están muy concienciados de las trampas que realizan estas empresas de seguridad privada, y en algunos casos ya están tomando medidas
 
Es el caso del fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, que durante un encuentro celebrado el pasado 4 de noviembre en Madrid y organizado precisamente por USO explicó que el Ministerio Público ya está promoviendo que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública en el que incurren muchas de estas mercantiles sea considerado también a mayores un delito de blanqueo de capitales, que conlleva penas más elevadas.
 
Además de Campos, en la misma jornada los ponentes coincidieron en destacar que numerosas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores por debajo de los salarios mínimos recogidos en el convenio colectivo.
 
Además, aseguraron los intervinientes, las empresas continúan concurriendo con deudas con la Seguridad Social que -según la legislación española- únicamente deben reconocer y aplazar.
 
Esto sigue pasando así porque, destacaron, España aún no ha implementado la directiva europea que obliga a que las empresas no tengan ningún tipo de deuda, ni siquiera reconocida, para concurrir.
 
El responsable de Seguridad Privada de
 USO asegura que a las empresas pirata les
compensan las multas por seguir
defraudando de modo sistemático
El impulsor de estas investigaciones judiciales, el responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Antonio Duarte, tiene claro que ha entrado en esta 'guerra' en los tribunales porque los trabajadores que son contratados por estas empresas pirata sufren una merma de su salario mensual de 300 euros en relación al sueldo que recoge el convenio y que el propio sindicato ya ganó en los tribunales. Duarte asegura que la Inspección de Trabajo y de Hacienda impone multas a estas mercantiles, pero que a las empresas les compensa porque les sale rentable.
 
En concreto, asegura Duarte, las compañías no pagan horas extra o las abonan como si fueran dietas, por ejemplo, de modo sistemático, y solo en algunos casos son multadas por ello.
 
La Inspección de Hacienda multó a Seguridad Integral Canaria, recuerda el responsable de USO, con 400.000 euros por impago a la Seguridad Social. Sin embargo, una revisión de la Fiscalía puso en evidencia que en realidad había defraudado 850.000 euros, más del doble.
 
En este caso,se descubrió porque la investigación del Ministerio Público lo permitió, pero en la mayoría de ocasiones no hay diligencias de la Fiscalía, con lo cual les compensa esta práctica.
 
En los juzgados de lo social, añade Duarte, hay "miles de denuncias" por impago de salarios contra estas empresas. Es una cantidad muy alta de dinero que los trabajadores han dejado de percibir. A estos empresarios, asegura el sindicalista, sin embargo, les compensa este modo de funcionar, ya que muchos no denuncian, con otros se llega a un acuerdo por menos de lo que les corresponde y solo a los que pelean en los tribunales hasta el final se les paga lo que se les debe.
 
"Hay 22.000 trabajadores empleados en empresas pirata", calcula Duarte, que indica que solo en Alcor, Integral Canaria y Esabe sumaban más de 11.000.

 

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