19 mayo, 2016

LAS “EMPRESAS PIRATA” DE SEGURIDAD SE TOPAN CON LOS TRIBUNALES

Pagan por debajo del convenio y afrontan complejos procesos judiciales que al final les salen rentables

 

Los sindicatos que agrupan a vigilantes de seguridad llaman 'empresas pirata' a todas aquellas que se descuelgan del convenio del sector para rebajar los salarios de sus empleados, como permite la reforma laboral. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) hasta la Unión General de Trabajadores pasando por otras agrupaciones, la mayoría de colectivos se refieren a estas compañías con este término despectivo. 

 
Seguridad Integral Canaria, Marsegur, Sinergias de Seguridad o Alcor son algunos ejemplos de mercantiles que han decidido pagar por debajo de convenio a sus trabajadores para poder presentarse a los concursos con la mejor oferta. Sinergias, por ejemplo, logró adjudicarse el servicio de vigilancia de los edificios del Boletín Oficial del Estado (BOE) en Madrid, perteneciente al Ministerio de Presidencia, y abona a sus empleados poco más de 700 euros al mes.
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El Sindicato USO calcula que entre Esabe, Seguridad Integral Canaria, Magasegur, Falcon, Protección y Seguridad Galaica y LPM Seguridad han defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, según han reconocido la propia Agencia Tributaria y el fisco en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas compañías en los tribunales.
El caso ESABE, aunque parece haberse estancado en los tribunales -el juzgado aún está pendiente, tres años después, del escaneo de la documentación-, supuso un varapalo definitivo para la mercantil de seguridad privada, que no resistió el azote de la investigación judicial y terminó quebrando. El que era su presidente, Juan José Prados, de hecho, desapareció del mapa y aún hoy continúa en paradero desconocido y en busca y captura. La instrucción judicial continúa su marcha a la espera del mencionado escaneo.
 
También existe otro frente judicial abierto en relación con Alcor, la empresa responsable de vigilar las obras del AVE a Galicia o de la Y vasca. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga la comisión de casi una decena de delitos por parte de los responsables de la mercantil. En concreto, la jueza María Yanet Puga les investiga por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, estafa y tráfico de influencias.
 
En el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, por su parte, aceleró a finales del pasado año la instrucción que sigue ese tribunal contra el propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Tras el retraso en la investigación provocado por la anterior titular del juzgado, Victoria Rosell -que está siendo investigada precisamente por esa demora-, su sustituto impulsó una causa que rastrea los delitos fiscales presuntamente cometidos por el dueño de la empresa entre 2008 y 2013.
 
La instrucción ha comprometido de tal modo a Ramírez que incluso puede verse afectada la participación que tiene el dueño de Intregal Canaria en el club de fútbol. El titular del Juzgado número 8 ha establecido una fianza de 35 millones de euros tanto para el propietario de la mercantil como para el administrador de la sociedad, Héctor de Armas, y la propia sociedad. El juez ha amenazado con embargar los bienes de los tres imputados si estos no hacen entrega del dinero. El Juzgado investiga el pago de horas extra a los trabajadores como si fueran dietas.
 
Jueces, fiscales y policías están muy concienciados de las trampas que realizan estas empresas de seguridad privada, y en algunos casos ya están tomando medidas
 
Es el caso del fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, que durante un encuentro celebrado el pasado 4 de noviembre en Madrid y organizado precisamente por USO explicó que el Ministerio Público ya está promoviendo que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública en el que incurren muchas de estas mercantiles sea considerado también a mayores un delito de blanqueo de capitales, que conlleva penas más elevadas.
 
Además de Campos, en la misma jornada los ponentes coincidieron en destacar que numerosas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores por debajo de los salarios mínimos recogidos en el convenio colectivo.
 
Además, aseguraron los intervinientes, las empresas continúan concurriendo con deudas con la Seguridad Social que -según la legislación española- únicamente deben reconocer y aplazar.
 
Esto sigue pasando así porque, destacaron, España aún no ha implementado la directiva europea que obliga a que las empresas no tengan ningún tipo de deuda, ni siquiera reconocida, para concurrir.
 
El responsable de Seguridad Privada de
 USO asegura que a las empresas pirata les
compensan las multas por seguir
defraudando de modo sistemático
El impulsor de estas investigaciones judiciales, el responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Antonio Duarte, tiene claro que ha entrado en esta 'guerra' en los tribunales porque los trabajadores que son contratados por estas empresas pirata sufren una merma de su salario mensual de 300 euros en relación al sueldo que recoge el convenio y que el propio sindicato ya ganó en los tribunales. Duarte asegura que la Inspección de Trabajo y de Hacienda impone multas a estas mercantiles, pero que a las empresas les compensa porque les sale rentable.
 
En concreto, asegura Duarte, las compañías no pagan horas extra o las abonan como si fueran dietas, por ejemplo, de modo sistemático, y solo en algunos casos son multadas por ello.
 
La Inspección de Hacienda multó a Seguridad Integral Canaria, recuerda el responsable de USO, con 400.000 euros por impago a la Seguridad Social. Sin embargo, una revisión de la Fiscalía puso en evidencia que en realidad había defraudado 850.000 euros, más del doble.
 
En este caso,se descubrió porque la investigación del Ministerio Público lo permitió, pero en la mayoría de ocasiones no hay diligencias de la Fiscalía, con lo cual les compensa esta práctica.
 
En los juzgados de lo social, añade Duarte, hay "miles de denuncias" por impago de salarios contra estas empresas. Es una cantidad muy alta de dinero que los trabajadores han dejado de percibir. A estos empresarios, asegura el sindicalista, sin embargo, les compensa este modo de funcionar, ya que muchos no denuncian, con otros se llega a un acuerdo por menos de lo que les corresponde y solo a los que pelean en los tribunales hasta el final se les paga lo que se les debe.
 
"Hay 22.000 trabajadores empleados en empresas pirata", calcula Duarte, que indica que solo en Alcor, Integral Canaria y Esabe sumaban más de 11.000.

 

07 mayo, 2016

El SUPREMO OBLIGA A CAMBIAR LA TIP DE 300.000 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA

ASP GANA EL PULSO A LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA CON EL COMISARIO "GANDARA" A LA CABEZA


El Ministerio del Interior tendrá que sustituir más de 300.000 tarjetas de identificación de los vigilantes de seguridad privados. Una Orden Ministerial del 2011 obligaba a vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad y escoltas privados a portar su DNI en la Tarjeta de Identidad Profesional, conocida como TIP.


Antes de que entrara en vigor la Orden Ministerial, la Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada, ASP, solicitó un informe a la Agencia de Protección de Datos. 

La citada Agencia confirmó la ilegalidad de la normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. 

Sin embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, denunció estos hechos en los tribunales. 

La Audiencia Nacional dio la razón a estos dos sindicatos en Noviembre de 2013. No obstante, los abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que finalmente ha sido rechazado, ratificando el fallo anterior de la Audiencia.

Según el presidente del sindicato ASP, Enrique Barrabia, durante la tramitación de la nueva Ley de Seguridad Privada se reunieron con representantes de todas las formaciones políticas para resolver “el conflicto”. Barrafia afirma que recibieron “el apoyo de todas ellas sin excepción, salvo la representación del PP que desoyó nuestra súplica, y mantuvo la irregularidad hasta el día de hoy”.


Barrabia recuerda además que una de las características de la tarjeta de identidad es la de la “obligatoriedad de mostrarla a todo ciudadano que lo requiera, incluso a presuntos delincuentes, exponiendo así datos privados del agente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y de ese modo exponiendo su integridad”.
Con este fallo del Supremo, ahora se tendrán que sustituir mas de 300.000 habilitaciones del personal de seguridad privada, que deberán sufragar las arcas del Estado.





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