24 octubre, 2013

LA EMPRESA NO PUEDE ASIGNAR VACACIONES DE FORMA UNILATERAL

 NO SE PUEDEN ASIGNAR VACACIONES "DE UN DÍA PARA OTRO" SIN EL CONCENSO DEL TRABAJADOR


La empresa Ombuds como muchas otras en el sector de la Seguridad Privada, tiene una manera muy peculiar de asignar las vacaciones a sus trabajadores, el sistema “de un día para otro”.


Ombuds,decidió unilateralmente asignar a un trabajador, de un día para otro, 12 días de vacaciones, ante lo cual el trabajador no conforme puso la pertinente demanda.

La empresa Ombuds ha usado todos los argumentos posibles para argumentar en el juicio el porque de esta asignación de vacaciones, incluyendo hasta los Eres irregulares a los que ha sometido a la plantilla de trabajadores.

El Artículo 125 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, regula la fijación de las vacaciones y el Artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores dispone de forma taxativa que el trabajador deberá conocer las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute, previendo el apartado 2 del mismo Artículo, la fijación de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. 

A su vez, el convenio colectivo aplicable al sector de la Seguridad Privada en su Artículo 45.5, recoge ese mismo periodo de dos meses con anterioridad al inicio del periodo anual de vacaciones y la norma colectiva es fuente de derecho como esta dispuesto en el Artículo 3.1b del ET.

La empresa comunicó al trabajador las vacaciones un día antes del disfrute de las mismas por consiguiente la jueza declara nulas y no ajustadas a derecho la fijación de vacaciones realizada por la empresa de manera unilateral y además sin posibilidad de recurso contra dicha resolución.
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19 octubre, 2013

SEGUR IBÉRICA IMPLICADA EN UNA PRESUNTA ESTAFA DE MÁS DE 400.000 EUROS A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID


EL ACTUAL MINISTRO DE DEFENSA, PEDRO MORENÉS, ERA EL PRESIDENTE DE SEGUR IBÉRICA CUANDO ACONTECIERON LOS HECHOS QUE AHORA SE DENUNCIAN


Una agencia de detectives descubrió que se facturaron miles de horas que no se cumplieron y tras tantas horas de servicio fueron prestadas por personal sin habilitación o con placas de identidad falsas.


El director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid  ha sido acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a 400.000 euros, mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado.

La denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción), domiciliada en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente en el cuerpo de la denuncia.
Según el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se acusa a Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial”.

La denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en concreto con su Rector, José Carrillo, así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se denuncian.

“El fraude que denunciamos –informa el denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007, siendo el rector Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad (Segur Ibérica, S.A.).

Es más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel. 
En esos años, concretamente entre 2006 y 2009, Serygur, una sociedad hasta entonces desconocida en el sector, también consiguió adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros

Según Aspacom “el fraude cometido contra la UCM es casi tan antiguo como el mundo: cobrar servicios que no se prestan con la connivencia de quienes deben supervisar su cumplimiento, obteniendo un beneficio económico importantísimo a cambio de…nada, con total impunidad y pocas posibilidades de que pueda ser descubierto”. 

Igualmente en la denuncia añade que “la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia desde enero de 2.006 hasta octubre de 2007 (Segur Ibérica, S.A.), no cubría el 14,70% - aproximadamente- de los servicios contratados conforme se detallará en el hecho siguiente. 

La operativa era bien sencilla y se veía favorecida por la dispersión de sedes de la UCM por la ciudad de Madrid que no tienen continuidad física entre ellas: Campus de Moncloa: 37 Facultades, Colegios Mayores e Instalaciones deportivas. Campus de Somosaguas: 7 Facultades, Escuelas Universitarias e Institutos. Seis edificios distribuidos por toda la ciudad: Bibliotecas, y Escuela de estudios Empresariales, Edificio Donoso Cortés: Escuela de Biblioteca de Economía, Escuela de Óptica, etc….”.

Para los denunciantes “la dispersión, los diferentes turnos horarios y la naturaleza de los servicios –en interior y exterior de edificios, en días festivos, en periodos no lectivos etc,..- hacen muy difícil que el personal de la Universidad no relacionado con la seguridad pueda percatarse a simple vista de si se están realizando o no".

En este sentido añade el escrito que  “por razón de su cargo, el Director de Seguridad -empleado de la UCM y titulado por el Ministerio del Interior para esta función- planifica los servicios a realizar y las condiciones de su prestación conforme al concurso adjudicado; además es él quien debe dar el visto bueno para que se abonen las facturas a la adjudicataria, por lo que su colaboración es absolutamente necesaria para cometer el fraude: le basta con hacer la vista gorda”.

 

Falsificación de carnets y placas de vigilantes

 

Uno de los aspectos en los que pone más énfasis la asociación de denunciantes es en el hecho de las supuesta falsificaciones de hojas de servicio, carnets y placas identificativas de vigilante de seguridad expedidos por el Ministerio del Interior, usurpando la identidad de sus titulares.

“El número de TIP (placa) sería el equivalente a la de los agentes de policía, sirve para identificarse ante los ciudadanos y también para acreditar ante la UCM y el Ministerio del Interior la identidad de los vigilantes.
Hemos comprobado en las hojas de servicio que a un gran número de vigilantes se les asignaban diferentes números de TIP (placa), por lo que solo cabe la posibilidad de que hayan sido falsificadas (puesto que los vigilantes deben llevarlas en lugar visible) o que correspondan a otro vigilante del que se usurpa la identidad”, afirma Aspacom.

“También -manifiesta el denunciante-  hemos comprobado mediante consulta en el BOE que muchas de las hojas de servicio incluyen a gran número de trabajadores que nunca han llegado a ser vigilantes de seguridad pero se les asigna un número de TIP (placa).

A continuación se relacionan 49 trabajadores en esa situación, teniendo serias dudas de que incluso hayan llegado a trabajar en la empresa de seguridad adjudicataria y hayan prestado servicios en la UCM”.

Detectives privados acreditan el presunto delito

 

Investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Gestaltia, de Alicante, analizando miles de documentos diversos y cuadrantes a lo largo de varios años han sido la base para verificar con datos de Seguridad Privada la presunta estafa.

Según recoge la denuncia los detectives han acreditado que entre enero de 2006 y octubre de 2007 Segur Ibérica facturó 186.607 horas de vigilancia, por un importe de 16,14 €/hora –según pliego del Concurso Público-. “En este sentido concluimos que se han facturado 27.429/h. que no han sido realizadas por un importe de 442.704,06 €”

Según se recoge en la denuncia “si se comparan por meses las horas de vigilancia que debían haberse realizado conforme a los pliegos del concurso (columna “horas pliegos UCM”) y las que efectivamente se realizaron según las hojas de servicio de los empleados (columna “horas parte UCM”). El total de horas no realizadas suma 27.429, que a razón 16,14 €/h. suponen 442.704,06 €”. 

Aspacom estima en el 14,70% la media de horas de vigilancia no realizadas y facturadas por Segur Ibérica y asegura que no es una cifra producto del azar, “sino que encaja dentro de los parámetros aproximados del 15% que se suele defraudar en los contratos públicos en los que se cometen este tipo de irregularidades, como desgraciadamente nos tiene acostumbrados el día a día de la corrupción que asola España”.

Asimismo añaden que “la cuantía de lo defraudado puede multiplicarse exponencialmente si extrapolamos los datos de estos 22 meses (enero de 2006 a octubre de 2007) al periodo noviembre de 2007 a octubre de 2013 (setenta y dos meses), en cuyo caso nos encontraríamos ante un fraude de 84.767,63 h. equivalentes a 1.368.149,54.-€, todo ello sin tener en cuenta la revalorización anual del precio/hora. En total, desde el 01/01/2006 hasta el mes de octubre de 2.013, podemos encontrarnos ante un fraude de 1.810.853,60.-€.


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12 octubre, 2013

IMPUGNACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2012-2014



EL ACTUAL CONVENIO PODRIA SER ANTICONSTITUCIONAL


El Sindicato de Trabajadores de Seguridad ha llevado el actual  convenio ante la Audiencia Nacional por la presunta ilegalidad del mismo.


El recién constituido Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Madrid ha presentado ante la sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda de impugnación del convenio nacional de seguridad privada por entender que contiene "graves irregularidades" y que "incumple de forma taxativa el Estatuto de los Trabajadores", según su abogado, Guillermo Alfonso Pérez-Reyes.

La sala ha admitido la demanda a trámite, y el proceso se ventilará el 17 de diciembre próximo. La central sindical ha denunciado con esta acción judicial tanto a las patronales del sector agrupadas en Aproser, como a un gran número de centrales sindicales, entre ellas FES-UGT, CCOO, FSTP-USO, AES y AMPES, entre otras.

El sindicato celebrará este viernes 11 una asamblea general abierta a las 19.00 horas en la sede del PSOE de La Latina, junto al metro Carabanchel, para aunar fuerzas. 
A su demanda se han unido también las ramas del sindicato en Andalucía y Cataluña.

El primero de los motivos por los que se impugna el convenio es que "el convenio no contiene disposición ninguna que establezca procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir por la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refieren las causas excepcionales del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores". Se incumpliría aquí el artículo 14 de la Constitución.

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