27 julio, 2013

METRO MADRID ENCARGA PARTE DE SU SEGURIDAD A UN CONDENADO A 3 AÑOS DE CARCEL

LA SEGURIDAD DE 3 ZONAS EN MANOS DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA



Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa de conocida conflictividad y cuyo presidente, condenado a 3 años de prisión por delito urbanístico, se jacta de aplicar la reforma laboral.

Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario de las islas que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria.

Metro de Madrid ha dejado en manos de Seguridad Integral Canaria la vigilancia de las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo, encargándose Ombuds, Segurisa y Segur Ibérica del resto de las zonas.

M.A. Ramírez lidera un conglomerado de empresas de servicios —el Grupo Ralons— con 4.000 trabajadores y que factura 120 millones de euros al año; y también preside la Unión Deportiva Las Palmas en cuyo palco se dejan ver de forma habitual autoridades de todos los niveles.

Más del 70% de los beneficios de Ralons proceden de las administraciones públicas, para quien gestiona guarderías, comedores escolares, lavanderías hospitalarias, limpieza de edificios, residencias de mayores, zonas verdes y un largo etcétera que incluye ministerios, servicios del Banco de España e incluso el Ejército.

Ramírez nunca ha entrado en prisión ni ha demolido su chalé

Aprovechando la ley, solicitó un indulto al Gobierno, lo que conllevó la suspensión de la ejecución de la pena mientras el Consejo de Ministros estudia la petición.

Esta situación no le impide seguir contratando con la Administración Pública. Según Metro Madrid, "La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por ese motivo.

Conflictividad laboral

Seguridad Integral, sin embargo, cosecha críticas entre sindicatos, trabajadores y competidores:

Responsables de empresas del sector afirman que "Llegaron a la Península compitiendo a la baja y tirando los precios"

Un empleado manifiesta: "Tenemos problemas para cobrar las horas extras y, cuando las pagan, lo hacen como dietas o kilometraje, por lo que no cotizan a la Seguridad Social".

Además están los pleitos laborales: Las autoridades han impedido a Seguridad Integral descolgarse del convenio colectivo de la Seguridad Privada, como intentó en dos ocasiones en 2012. Durante esos procesos despidió a seis miembros del comité de empresa.


El sindicato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún están pendientes de resolución por el cobro de pluses y problemas con la formación de los empleados.

En una ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones, por lo que fue sancionada.

En una empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede perjudicar gravemente la imagen corporativa.

Si la empresa no es privada sino pública y se administra con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de contratación sea perfectamente legal.






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