18 diciembre, 2016

RENOVADA LA SEGURIDAD PRIVADA EN LAS CARCELES POR 34,6 MILLONES DE EUROS

OMBUDS SE QUEDA CON TRES DE LOS CUATRO LOTES DE LA LICITACION

 

El Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de 34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900 vigilantes.


Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de funcionarios.

Refuerzo, no sustitución

De acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a los vigilantes corresponderá, además del mencionado control perimetral de las prisiones, el de los acceso -que desarrollarán «con armas de fuego»-, la observación de los circuitos cerrados de televisión y de las alarmas, incluida la correspondiente comunicación a los responsables policiales.

Habida cuenta de las particulares características de la prestación, el concurso se ha ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad» -esto es, por invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha resultado ganadora de tres de los cuatro lotes en que se dividieron los centros penitenciarios españoles ha sido Ombuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad auxiliar en ministerios como los de Defensa o el de Interior, departamento este último al que también ha suministrado escoltas para altos cargos.

Solo un conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Coviar, Sabico y Prosetecnisa.

Entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo efectiva

La cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.

Habida cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.

Fuente: abc.es
 

2 comentarios:

Anónimo dijo...

950 euros
+75e plus de poner el c**o
+ 22 plus de g*******s

=1047euros muuuuuyy poca pasta

Anónimo dijo...

Nos quejamos de lo que cobramos y lo que gana la empresa pero hay que contar ganancia de la empresa vacaciones costes laborales formación TODO. Yo se cárceles que más de la mitad de la plantilla está de baja y son funcionarios ¿Qué coste tiene eso para el estado? alado de los vigilantes de seguridad. Calderilla
El estado paga por un servicio que lo tiene cubierto y destina a los funcionarios para lo que fueron formados y les paga que es entre otras cosas para patrullar,investigar,trafico,rescates…..

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