Revés judicial al empresario 'favorito' de Soria y su ERE en Metro de Madrid
Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, recurrirá al Tribunal Supremo el fallo del TSJM que le obliga a pagar más a sus trabajadores (indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de 20) o a readmitirlos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado no
ajustado a derecho el despido colectivo que Seguridad Integral Canaria
(empresa del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez)
realizó para su plantilla que desempeñaba su función en Metro de
Madrid, donde despidió a 105 trabajadores con 20 días de indemnización
por año trabajado amparándose en "causas productivas y organizativas",
tras un ERE que presentó el 8 de mayo.
La demanda del sindicato
independiente STS registrada el 9 de julio de este año (a la que luego
se añadieron CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales) ha acabado
teniendo éxito en lo que supone un nuevo palo judicial a Ramírez,
también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, al que le une una
buena relación con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y que en los últimos años ha conseguido importantes contratos en instituciones dependientes al Gobierno.
Lo que opina Ramirez
- "Lo único que dice la sentencia es que tenemos que pagar 33 días de indemnización en vez de 20, no que el ERE se anule como asegura Comisiones Obreras"
- Recurriré la sentencia ante el Tribunal Supremo ya que "nuestros abogados nos dicen que el ERE estuvo bien hecho".
- Si el Supremo ratifica esta sentencia del TSJM, asegura, habrá que readmitir a los trabajadores pero es algo que de momento no se va a hacer.
Avelino Arroyo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad
en Madrid y el que presentó la denuncia, asegura que es tan sólo uno de
los casos poco claros de Integral Canaria, compañía que "ha
protagonizado un crecimiento exponencial en los últimos años
coincidiendo con una excelente relación con el Partido Popular".
Por su parte, CCOO ha asegurado que "en la sentencia ha quedado probado que la empresa conocía los recortes en el servicio propuesto por Metro de Madrid cuando se presentó al concurso, por tanto no hay una causa sobrevenida como alegaba, máxime cuando tenía por contrato 2 años de plazo para adaptarse a la nueva situación".
Integral Canaria fue adjudicataria en 2013 de los servicios de
vigilancia y seguridad en las líneas 2, 5, 6, 10 y en Metrosur. En el
momento de plantear su despido colectivo contaba con 1.314 trabajadores
en la Comunidad de Madrid de los que 568 prestaban sus servicios en el
metro.
Además de Metro de Madrid, también presta servicios en Patrimonio
Nacional, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio de
Defensa, el Ejército de Tierra, Ministerio de Agricultura, DGT,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Patronato Sobre Discapacidad y
Ministerio de Sanidad. También en alguna compañía privada, como por
ejemplo Orange Espagne.
Implicado en tramas con la justicia
Se ha comentado siempre la buena relación entre Ramírez y el Partido
Popular, especialmente a través del ministro canario, José Manuel Soria,
quien aseguró en noviembre de 2013 que era "el concepto más puro de
emprendedor que yo conozco".
Su compañía era la encargada de la seguridad en el Estadio de Gran Canaria, en el que el 23 de junio de 2014 una
invasión de campo a pocos segundos del final del partido (con resultado
de 1-0 que daba el ascenso al equipo insular) evidenció la falta de
medios de la empresa encargada de la seguridad, Integral Canaria, en
manos de Ramírez al igual que equipo 'canarión'.
La fiscalía actuó a
posteriori pidiendo información tanto a la Unión Deportiva como a la
compañía perteneciente al Grupo Ralons para determinar a
qué se debió esa concatenación de fallos aunque el sindicalista Arroyo
lo tiene claro: "Es una forma habitual de actuar para las empresas de
seguridad, que en acontecimientos deportivos especialmente suelen
presentar menos efectivos de los exigidos por normativa y con menos
formación".
Ramírez, el
empresario ha sido denunciado en otras ocasiones
El sindicato USO
solicitó a Defensa que cancelara sus contratos
con Integral Canaria por fraude a Hacienda y tambíen una presunta deuda
con la Seguridad Social.
También se solicitó al expresidente de
Canarias, Paulino Rivero, que rescindiera sus contratos por el mismo motivo.
Sin embargo,continua en ascenso el crecimiento de Integral Canaria, que según fuentes
sindicales anda ahora detrás de la posibilidad de obtener permiso para
portar furgones blindados, en los que se trasladan "dinero, valores y
mercancías preciosas".
Fuente: Vozpopuli
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