EL OBJETIVO ES LIBERAR PARA OTRAS FUNCIONES A LAS PLANTILLAS DE FCSE
El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones.
Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz (MIR) sólo
había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por
Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo
de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar que en breve ejecutará una
segunda fase de ese plan para que vigilantes privados comiencen a asumir de
forma generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo
que hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de
Seguridad.
El propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta
parlamentaria. “En una primera fase, el Plan se ha desarrollado como modelo en
21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes
centros penitenciarios, no siendo posible en estos momentos cuantificar el
coste que supondrán estos servicios de seguridad privada.
Esa afirmación implica un cambio relevante en el modelo de
gestión de los centros penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido
que la contratación de personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que
su aplicación se limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el
Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68
prisiones que dependen de la Administración del Estado –los centros catalanes
son competencia de la Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de
permanencia.
Vallados, cámaras y accesos
Según especifica Moncloa, el
objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos
humanos de los centros penitenciarios”
Se pretende que determinadas funciones auxiliares sean
asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y
supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
tenga encomendada la responsabilidad de la seguridad del centro penitenciario
afectado, contribuyendo con todo ello a la recuperación de efectivos policiales
para asumir funciones de seguridad ciudadana.
En concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles
implica el control de los vallados y muros exteriores, la supervisión de las
cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares,
entre otras funciones. Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en
exclusiva por la Guardia Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus
competencias en la zona de la prisión), y por las policías autonómicas en los
territorios con las competencias de seguridad transferidas.
El aval de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Ministerio del Interior extenderá este modelo con la
cobertura de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el
Congreso el pasado mes de marzo y publicada en el BOE el 4 de abril.
En su
artículo 41.3, la norma habilita expresamente a los vigilantes de seguridad
privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les concede la
posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo requieran las
circunstancias”.
No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que ese
trabajo se realice bajo la “dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, una condición que subraya Interior para recordar que el Estado
seguirá siendo el máximo responsable de ese control.
Interior no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega
de ese servicio al sector privado
La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión
temporal de empresas compuesta por ocho compañías del sector de la seguridad, en total, ha supuesto la contratación de 254 vigilantes de seguridad.
Lo que sí
asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha
realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa
piloto han concluido que “los servicios prestados” por las empresas de
seguridad privada “han cumplido en su totalidad con las condiciones
establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.
Reorganización de las plantillas
El único objetivo de este plan,según el MIR, es liberar para
otras funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta ahora
realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para esta
labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación media de entre 40 y 50
agentes públicos. Interior quiere que esa cifra se reduzca drásticamente con la
llegada de personal privado.
La medida cuenta con la oposición frontal de los principales
sindicatos de prisiones
Consideran que en realidad se trata de una
estrategia premeditada para que el personal privado desplace progresivamente a
los funcionarios en todos sus cometidos.
A su juicio, la contratación de vigilantes privados para la
vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan. Los representantes
de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada
que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer
sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior.
En su
opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal contratado empiece a
trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el
Ministerio.
Fuente: El confidencial.com
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